Jalisco
Proyectan endurecer sanciones en materia de transparencia
Los funcionarios que incumplan con la ley tendrían sanciones económicas, suspensión del cargo e ilegibilidad para puestos de elección popular
GUADALAJARA, JALISCO.- El diputado panista
Abraham González Uyeda presentó una serie de propuestas, entre las que destaca el endurecimiento de las sanciones económicas y administrativas contra los funcionarios que no otorguen la información que están obligados a proporcionar. La iniciativa se denomina Ley de Transparencia más Responsable.
A los funcionarios que incumplan con la ley, se les aplicarían sanciones que van desde los 16 mil hasta los 33 mil pesos (de 300 hasta 600 salarios mínimos). También se plantea la suspensión del cargo, la destitución o inhabilitación de tres a cinco años para ocupar algún cargo público, así como la ilegibilidad para ser postulados a un puesto de elección popular.
“Estamos dotando con dientes al Instituto de Transparencia, estamos sancionando de manera muy severa a los funcionarios públicos que sean turbios, a los que incumplan con esta Ley de Transparencia, estamos elevando las sanciones económicas”, detalló González Uyeda.
La ampliación de los sujetos obligados es otro de los puntos que plantea la iniciativa, de modo que en el caso del Poder Legislativo, la Mesa Directiva deberá transparentar el uso de los recursos públicos; lo mismo tendrá que suceder con los actos del Poder Judicial y lo relacionado con el ejercicio de dinero.
Asimismo, la información referente a programas sociales y sus beneficiarios tendría que transparentarse, conforme a la propuesta.
Además, serán responsables de cumplir con la legislación los funcionarios administradores de la información, así como toda la cadena de mando ascendente hasta llegar a los titulares de los sujetos obligados; para que no se castigue únicamente a los servidores públicos de menor nivel.
El documento también plantea que sea la sociedad la encargada de evaluar y seleccionar a los consejeros del Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei), que se presentarán al Congreso para su aprobación. La convocatoria para elegir a estos funcionarios sería emitida por ciudadanos.
La iniciativa plantea reformas a la Constitución Política del Estado, la Ley de Transparencia, así como la Orgánica del Poder Legislativo del Estado, el Código Electoral y de Participación Ciudadana, la Ley que Regula la Administración de Documentos Públicos e Históricos del Estado de Jalisco y el Reglamento Interno de Transparencia e Información Pública del Congreso.
El diputado Abraham González Uyeda presentó un paquete de reformas ayer, en sesión del pleno del Congreso estatal.
Ex presidente del Consejo para la Transparencia
Reconocen labor de Jesús Gómez Fregoso
El presidente municipal de Guadalajara, Aristóteles Sandoval Díaz (izq.), tomó protesta a los nuevos integrantes del Consejo para la Transparencia y la Ética Pública, y brindó un reconocimiento a quien lo presidió durante siete años, el sacerdote jesuita Jesús Gómez Fregoso (der.).
En realidad, Gómez Fregoso dejó de desempeñarse como presidente del Consejo desde los últimos días de 2009, cuando se eligió para sustituirlo a Juan Daniel Ruvalcaba Luquín.
Acerca de las dificultades por las que atravesó el Consejo al iniciar esta administración municipal, en las que incluso se les retiraron sus instalaciones de trabajo y se pensó que la autoridad lo desintegraría, son ahora un “capítulo cerrado”, dijo el sacerdote.
A los funcionarios que incumplan con la ley, se les aplicarían sanciones que van desde los 16 mil hasta los 33 mil pesos (de 300 hasta 600 salarios mínimos). También se plantea la suspensión del cargo, la destitución o inhabilitación de tres a cinco años para ocupar algún cargo público, así como la ilegibilidad para ser postulados a un puesto de elección popular.
“Estamos dotando con dientes al Instituto de Transparencia, estamos sancionando de manera muy severa a los funcionarios públicos que sean turbios, a los que incumplan con esta Ley de Transparencia, estamos elevando las sanciones económicas”, detalló González Uyeda.
La ampliación de los sujetos obligados es otro de los puntos que plantea la iniciativa, de modo que en el caso del Poder Legislativo, la Mesa Directiva deberá transparentar el uso de los recursos públicos; lo mismo tendrá que suceder con los actos del Poder Judicial y lo relacionado con el ejercicio de dinero.
Asimismo, la información referente a programas sociales y sus beneficiarios tendría que transparentarse, conforme a la propuesta.
Además, serán responsables de cumplir con la legislación los funcionarios administradores de la información, así como toda la cadena de mando ascendente hasta llegar a los titulares de los sujetos obligados; para que no se castigue únicamente a los servidores públicos de menor nivel.
El documento también plantea que sea la sociedad la encargada de evaluar y seleccionar a los consejeros del Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei), que se presentarán al Congreso para su aprobación. La convocatoria para elegir a estos funcionarios sería emitida por ciudadanos.
La iniciativa plantea reformas a la Constitución Política del Estado, la Ley de Transparencia, así como la Orgánica del Poder Legislativo del Estado, el Código Electoral y de Participación Ciudadana, la Ley que Regula la Administración de Documentos Públicos e Históricos del Estado de Jalisco y el Reglamento Interno de Transparencia e Información Pública del Congreso.
El diputado Abraham González Uyeda presentó un paquete de reformas ayer, en sesión del pleno del Congreso estatal.
Ex presidente del Consejo para la Transparencia
Reconocen labor de Jesús Gómez Fregoso
El presidente municipal de Guadalajara, Aristóteles Sandoval Díaz (izq.), tomó protesta a los nuevos integrantes del Consejo para la Transparencia y la Ética Pública, y brindó un reconocimiento a quien lo presidió durante siete años, el sacerdote jesuita Jesús Gómez Fregoso (der.).
En realidad, Gómez Fregoso dejó de desempeñarse como presidente del Consejo desde los últimos días de 2009, cuando se eligió para sustituirlo a Juan Daniel Ruvalcaba Luquín.
Acerca de las dificultades por las que atravesó el Consejo al iniciar esta administración municipal, en las que incluso se les retiraron sus instalaciones de trabajo y se pensó que la autoridad lo desintegraría, son ahora un “capítulo cerrado”, dijo el sacerdote.
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