Jalisco
Proponen reformas al Código penal para combatir delincuencia organizada
El PAN particularmente busca sancionar el lavado de dinero
GUADALAJARA, JALISCO (23/NOV/2011).- El grupo parlamentario del PAN a través del diputado Juan Pablo Cerrillo Hernández, presentará en la sesión del Pleno del Congreso una iniciativa de reforma de ley que pretende tipificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir atacar el brazo financiero de la delincuencia organizada.
Según explicó el legislador Cerrillo Hernández, de concretarse esta reforma, Jalisco se pondría a la vanguardia nacional pues al día de hoy sólo Chihuahua y el Distrito Federal son entidades que cuentan con dicho marco legal.
Con esta norma se define que son producto de actividad ilícita los recursos, derechos o bienes cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente de ganancias derivadas de la comisión de algún delito o no pueda acreditarse su legítima procedencia.
El delito que se propone tipificar se diferencía del “lavado del dinero”, pues éste se refiere al manejo de recursos y operaciones meramente financieras, en cambio los “recursos de procedencia ilícita” se refiere a otro tipo de bienes muebles e inmuebles que son objeto e instrumento de delitos.
La propuesta es adicionar cinco artículos al Código Penal del Estado de Jalisco y cambios al Código de Procedimientos Penales del Estado. Particularmente se busca sancionar el lavado de dinero.
“Buscamos regular aquellos recursos que tengan una procedencia ilícita en su forma de operación, para que recursos, bienes y servicios que estén relacionados con el lavado de dinero puedan ser castigados y que todas aquellas que presten auxilio, que compren o enajenen bienes, que permiten que a su nombre se intitulen propiedades puedan ser sancionadas y así regular delitos del fuero común”.
Las sanciones van de los 5 a los 15 años de prisión y las multas de los mil a los cinco mil días de salario mínimo.
Un apartado especial de la iniciativa señala que todos aquellos servidores públicos que tienen la obligación de prevenir, sancionar, ejecutar o de juzgar y que se vean involucrados en este tipo acciones, tendrán una pena mayor. Al igual que aquellos que utilicen a menores de edad o a personas que por su condición social no tengan conocimiento de lo que realizan.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
Según explicó el legislador Cerrillo Hernández, de concretarse esta reforma, Jalisco se pondría a la vanguardia nacional pues al día de hoy sólo Chihuahua y el Distrito Federal son entidades que cuentan con dicho marco legal.
Con esta norma se define que son producto de actividad ilícita los recursos, derechos o bienes cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente de ganancias derivadas de la comisión de algún delito o no pueda acreditarse su legítima procedencia.
El delito que se propone tipificar se diferencía del “lavado del dinero”, pues éste se refiere al manejo de recursos y operaciones meramente financieras, en cambio los “recursos de procedencia ilícita” se refiere a otro tipo de bienes muebles e inmuebles que son objeto e instrumento de delitos.
La propuesta es adicionar cinco artículos al Código Penal del Estado de Jalisco y cambios al Código de Procedimientos Penales del Estado. Particularmente se busca sancionar el lavado de dinero.
“Buscamos regular aquellos recursos que tengan una procedencia ilícita en su forma de operación, para que recursos, bienes y servicios que estén relacionados con el lavado de dinero puedan ser castigados y que todas aquellas que presten auxilio, que compren o enajenen bienes, que permiten que a su nombre se intitulen propiedades puedan ser sancionadas y así regular delitos del fuero común”.
Las sanciones van de los 5 a los 15 años de prisión y las multas de los mil a los cinco mil días de salario mínimo.
Un apartado especial de la iniciativa señala que todos aquellos servidores públicos que tienen la obligación de prevenir, sancionar, ejecutar o de juzgar y que se vean involucrados en este tipo acciones, tendrán una pena mayor. Al igual que aquellos que utilicen a menores de edad o a personas que por su condición social no tengan conocimiento de lo que realizan.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
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