Jalisco
Proponen reformar Ley de Fiscalización de Jalisco
Diputado presenta propuesta para que Comisión de Vigilancia tenga la última palabra en cuentas públicas
GUADALAJARA, JALISCO (26/NOV/2013).- La Ley de Fiscalización del Estado de Jalisco debe ser reformada porque existen vacíos legales que complican la aplicación de la norma que establece cómo revisar las cuentas públicas de los entes fiscalizables en Jalisco, consideró el presidente de la Comisión de Vigilancia del
Congreso local, el diputado priista Manuel Alatorre Franco.
El legislador explicó que existe una propuesta que elaboraron diputados locales y que está en estudio en la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Alatorre Franco dijo que en enero próximo podría existir un planteamiento de reforma a la Ley de Fiscalización y en los primeros meses del año 2014, presentarían una nueva norma en la materia.
Desde el punto de vista del diputado local sí existe la voluntad política de los partidos políticos para reformar la Ley.
El presidente de la Comisión de Vigilancia expuso que existen dos grandes temas que se propondrán en esta reforma a la Ley de Fiscalización: por un lado propone que regresare la atribución a la comisión legislativa que preside para que sea esta instancia la que diga la última palabra en torno a los cargos que se fincan a las cuentas públicas y por otro lado dar un seguimiento de los créditos fiscales que no se cobran en los municipios y en las instancias públicas a los que se les fincan cargos.
"Del 2008 al 2012, había dos mil 800 millones de pesos se han fincado a diferentes entes, sin embargo no sabemos qué pasó, estamos pidiendo que nos diga que pasó con esos créditos, hay una cortina de humo, se emite un finiquito, y hasta ahí llegan nuestra función, en la mayoría de los casos no se cobran estos créditos que dañan el erario", expuso el legislador local.
Manuel Alatorre también dijo que esperarán encontrar un mecanismo para pedirle al auditor superior que rinda cuentas en el manejo de los recursos públicos.
Sí hay voluntad, lo que no hay es dinero, ni personal
El presidente de la Comisión de Vigilancia insistió que sí existe voluntad de parte del Congreso local, de los diputados y de la comisión legislativa que preside de pedirle al auditor superior, Alonso Godoy Pelayo que rinda cuentas por los presuntos excesos cometidos en las compras y las dádivas en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), pero reiteró que por el momento no está previsto llevar a cabo una fiscalización, ni una revisión a las finanzas de la ASEJ porque no hay recursos técnicos materiales y humanos para llevarla a cabo.
"Si me piden hacer una auditoría al auditor, les digo que en este momento es imposible, no es cuestión de ganas, de si debo o no debo, es cuestión de posibilidad financiera, técnica y de recursos humanos. Hice una propuesta de Comisión de Administración, pedía lo que dice el Reglamento que son cinco jefes de departamento y tres auditores por cada uno de los departamentos que hasta ahora no se han otorgado, 15 personas y los cinco jefes de departamento", recordó el diputado quien señaló que hasta el momento no ha sido avalada su propuesta de contratar personal.
Reiteró que, en mientras la pasada Legislatura el ex presidente de la Comisión de Vigilancia, el actual diputado federal, Salvador Barajas del Toro contó con 56 personas a su cargo para revisar las cuentas públicas, en esta ocasión solo hay seis auditores para revisar el trabajo que remite la ASEJ.
Para saber
En 2008, los legisladores integrantes de la 58 Legislatura reformaron la Ley de Fiscalización con la que establecían que era la ASEJ la única instancia legal para dictaminar y fincar cargos a las cuentas públicas, las resoluciones de este organismo, no podían ser modificadas por la Unidad de Vigilancia, ni la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, si los diputados están en desacuerdo con la resolución de la ASEJ, lo único que pueden hacer es regresar la propuesta de la Auditoría para una segunda revisión.
Con estas reformas, se dotó al ente fiscalizador de atribuciones de autonomía y poder.
La frase
"Que llegue con cargos y si solventa los cargos que termine sin cargos, es el camino, no tiene que ser todos los políticos haber robado o hacer mal las cosas". Manuel Alatorre Franco, Presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
El legislador explicó que existe una propuesta que elaboraron diputados locales y que está en estudio en la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Alatorre Franco dijo que en enero próximo podría existir un planteamiento de reforma a la Ley de Fiscalización y en los primeros meses del año 2014, presentarían una nueva norma en la materia.
Desde el punto de vista del diputado local sí existe la voluntad política de los partidos políticos para reformar la Ley.
El presidente de la Comisión de Vigilancia expuso que existen dos grandes temas que se propondrán en esta reforma a la Ley de Fiscalización: por un lado propone que regresare la atribución a la comisión legislativa que preside para que sea esta instancia la que diga la última palabra en torno a los cargos que se fincan a las cuentas públicas y por otro lado dar un seguimiento de los créditos fiscales que no se cobran en los municipios y en las instancias públicas a los que se les fincan cargos.
"Del 2008 al 2012, había dos mil 800 millones de pesos se han fincado a diferentes entes, sin embargo no sabemos qué pasó, estamos pidiendo que nos diga que pasó con esos créditos, hay una cortina de humo, se emite un finiquito, y hasta ahí llegan nuestra función, en la mayoría de los casos no se cobran estos créditos que dañan el erario", expuso el legislador local.
Manuel Alatorre también dijo que esperarán encontrar un mecanismo para pedirle al auditor superior que rinda cuentas en el manejo de los recursos públicos.
Sí hay voluntad, lo que no hay es dinero, ni personal
El presidente de la Comisión de Vigilancia insistió que sí existe voluntad de parte del Congreso local, de los diputados y de la comisión legislativa que preside de pedirle al auditor superior, Alonso Godoy Pelayo que rinda cuentas por los presuntos excesos cometidos en las compras y las dádivas en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), pero reiteró que por el momento no está previsto llevar a cabo una fiscalización, ni una revisión a las finanzas de la ASEJ porque no hay recursos técnicos materiales y humanos para llevarla a cabo.
"Si me piden hacer una auditoría al auditor, les digo que en este momento es imposible, no es cuestión de ganas, de si debo o no debo, es cuestión de posibilidad financiera, técnica y de recursos humanos. Hice una propuesta de Comisión de Administración, pedía lo que dice el Reglamento que son cinco jefes de departamento y tres auditores por cada uno de los departamentos que hasta ahora no se han otorgado, 15 personas y los cinco jefes de departamento", recordó el diputado quien señaló que hasta el momento no ha sido avalada su propuesta de contratar personal.
Reiteró que, en mientras la pasada Legislatura el ex presidente de la Comisión de Vigilancia, el actual diputado federal, Salvador Barajas del Toro contó con 56 personas a su cargo para revisar las cuentas públicas, en esta ocasión solo hay seis auditores para revisar el trabajo que remite la ASEJ.
Para saber
En 2008, los legisladores integrantes de la 58 Legislatura reformaron la Ley de Fiscalización con la que establecían que era la ASEJ la única instancia legal para dictaminar y fincar cargos a las cuentas públicas, las resoluciones de este organismo, no podían ser modificadas por la Unidad de Vigilancia, ni la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, si los diputados están en desacuerdo con la resolución de la ASEJ, lo único que pueden hacer es regresar la propuesta de la Auditoría para una segunda revisión.
Con estas reformas, se dotó al ente fiscalizador de atribuciones de autonomía y poder.
La frase
"Que llegue con cargos y si solventa los cargos que termine sin cargos, es el camino, no tiene que ser todos los políticos haber robado o hacer mal las cosas". Manuel Alatorre Franco, Presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
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