Jalisco
Proponen incluir fraude al consumidor en el Código Penal
Además del daño a las productoras de tequila, el alcohol adulterado lastima el sistema digestivo de manera grave
GUADALAJARA, JALISCO.- Ante los daños que ocasiona a la salud la distribución de tequila apócrifo y las millonarias pérdidas para la industria establecida, que se calculan en mil 800 millones en los últimos 15 años, diputados proponen adicionar una fracción al artículo 252 del Código Penal del Estado de Jalisco, para contemplar en los delitos genéricos el fraude al consumidor, que no está incluido.
Con esta iniciativa de decreto presentada la semana pasada al pleno del Congreso, se pretende proteger al consumidor y a la cadena agave-tequila, explicó uno de los promoventes de la propuesta, el diputado Héctor Álvarez Contreras.
Mencionó que con la adulteración de tequila en prácticas como el rellenado de botellas, se están dejando de consumir más de 300 mil toneladas de agave al año en perjuicio de los productores.
Mientras que vía impuestos al erario público, han dejado de ingresar alrededor de 600 millones de pesos. Con relación a las afectaciones a la salud, dijo: “Hay daños al esófago, al hígado, al estómago, los riñones y hay inclusive el riesgo de que se pierda la vida (por consumir bebidas adulteradas)”.
La adición al Código Penal es para sancionar penalmente a quien incurra en lo siguiente: “Al que comercialice, publicite, financie, suministre, almacene, transporte, distribuya, envase, ponga en venta, adquiera para intermediación, produzca, fabrique, maquile, diseñe o ensamble con fines de comercialización un producto que no cumpla con las especificaciones técnicas de la normatividad correspondiente, o que sean de una calidad inferior a la que se ofrece al público, sin perjuicio de la pena que corresponda aplicar a la comisión de otros delitos”.
En la iniciativa se menciona que una de las actividades ilícitas más recurrentes en el Estado de Jalisco, es la que tiene que ver con el engaño al consumidor, ya que diariamente en el Estado se produce y comercializa dolosamente mercancía apócrifa de menor calidad a la ofertada, o que simplemente no cumple con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en la normatividad correspondiente, esto en perjuicio grave
del consumidor y del Estado.
La iniciativa la promueven además del legislador Héctor Álvarez Contreras, José Noel Pérez de Alba y Ricardo García Lozano.
Con esta iniciativa de decreto presentada la semana pasada al pleno del Congreso, se pretende proteger al consumidor y a la cadena agave-tequila, explicó uno de los promoventes de la propuesta, el diputado Héctor Álvarez Contreras.
Mencionó que con la adulteración de tequila en prácticas como el rellenado de botellas, se están dejando de consumir más de 300 mil toneladas de agave al año en perjuicio de los productores.
Mientras que vía impuestos al erario público, han dejado de ingresar alrededor de 600 millones de pesos. Con relación a las afectaciones a la salud, dijo: “Hay daños al esófago, al hígado, al estómago, los riñones y hay inclusive el riesgo de que se pierda la vida (por consumir bebidas adulteradas)”.
La adición al Código Penal es para sancionar penalmente a quien incurra en lo siguiente: “Al que comercialice, publicite, financie, suministre, almacene, transporte, distribuya, envase, ponga en venta, adquiera para intermediación, produzca, fabrique, maquile, diseñe o ensamble con fines de comercialización un producto que no cumpla con las especificaciones técnicas de la normatividad correspondiente, o que sean de una calidad inferior a la que se ofrece al público, sin perjuicio de la pena que corresponda aplicar a la comisión de otros delitos”.
En la iniciativa se menciona que una de las actividades ilícitas más recurrentes en el Estado de Jalisco, es la que tiene que ver con el engaño al consumidor, ya que diariamente en el Estado se produce y comercializa dolosamente mercancía apócrifa de menor calidad a la ofertada, o que simplemente no cumple con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en la normatividad correspondiente, esto en perjuicio grave
del consumidor y del Estado.
La iniciativa la promueven además del legislador Héctor Álvarez Contreras, José Noel Pérez de Alba y Ricardo García Lozano.
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