Jalisco
Promueven inmobiliarias ejidales para crecimiento urbano
Con las inmobiliarias de los grupos agrarios se pueden obtener ingresos hasta cuatro veces superiores a la venta de los terrenos
GUADALAJARA, JALISCO (23/FEB/2011).- La formación de inmobiliarias ejidales es una alternativa que deben promover tanto los núcleos del sector social, como los ayuntamientos y las empresas privada del ramo, pues estas figuras ayudan a evitar los graves problemas de caos urbano y social de los asentamientos irregulares que se generan por la venta de predios ejidales cercanos a la metrópoli.
Así lo plantea la delegada de la Procuraduría Agraria ( PA) en Jalisco, María de la Luz Rodríguez Mendoza, quien puntualizó que con las inmobiliarias de los grupos agrarios se pueden obtener ingresos hasta cuatro veces superiores a la venta de los terrenos “en breña”.
Expuso que la PA promueve las asociaciones de participación entre los dueños de la tierra y los inversionistas privados, de modo que los ejidatarios aportan la tierra, de la cual se obtiene su correspondiente avalúo por parte del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales,lo que se convierte en una aportación física del ejido.
Pero al asociarse las dos partes, ejido y empresario, éste en vez de comprar la tierra directamente, primero desarrolla el proyecto de urbanización para su posterior comercialización. Conforme se presentan los avalúos y los gastos se definen montos de los bienes invertidos y se comparten las utilidades de los predios, según un acuerdo establecido.
Al momento dijo que hay seis inmobiliarias ejidales en varios municipios como Tlajomulco y Cabo Corrientes, cuyos resultados han sido positivos tanto en los ingresos de los involucrados, como en dejar zonas ya urbanizadas en forma ordenada.
Insistió en que las inmobiliarias ejidales como figuras jurídicas contribuyen al desarrollo urbano de los municipios en forma planeada, a diferencia de lo que ocurre con la venta ilegal de los terrenos, lo que suele presentar riesgo de inseguridad para los compradores y serios problemas para las autoridades en la prestación de los servicios básicos.
Al respecto, recordó que es un delito la venta de terrenos irregulares en fracciones, lo que implica la responsabilidad de los municipios en plantear las denuncias correspondientes, aunque por lo general no lo hacen para evitarse problemas sociales y de repercusión electoral.
Así lo plantea la delegada de la Procuraduría Agraria ( PA) en Jalisco, María de la Luz Rodríguez Mendoza, quien puntualizó que con las inmobiliarias de los grupos agrarios se pueden obtener ingresos hasta cuatro veces superiores a la venta de los terrenos “en breña”.
Expuso que la PA promueve las asociaciones de participación entre los dueños de la tierra y los inversionistas privados, de modo que los ejidatarios aportan la tierra, de la cual se obtiene su correspondiente avalúo por parte del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales,lo que se convierte en una aportación física del ejido.
Pero al asociarse las dos partes, ejido y empresario, éste en vez de comprar la tierra directamente, primero desarrolla el proyecto de urbanización para su posterior comercialización. Conforme se presentan los avalúos y los gastos se definen montos de los bienes invertidos y se comparten las utilidades de los predios, según un acuerdo establecido.
Al momento dijo que hay seis inmobiliarias ejidales en varios municipios como Tlajomulco y Cabo Corrientes, cuyos resultados han sido positivos tanto en los ingresos de los involucrados, como en dejar zonas ya urbanizadas en forma ordenada.
Insistió en que las inmobiliarias ejidales como figuras jurídicas contribuyen al desarrollo urbano de los municipios en forma planeada, a diferencia de lo que ocurre con la venta ilegal de los terrenos, lo que suele presentar riesgo de inseguridad para los compradores y serios problemas para las autoridades en la prestación de los servicios básicos.
Al respecto, recordó que es un delito la venta de terrenos irregulares en fracciones, lo que implica la responsabilidad de los municipios en plantear las denuncias correspondientes, aunque por lo general no lo hacen para evitarse problemas sociales y de repercusión electoral.
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