Promueven iniciativa para combatir 'moches' en obra pública
La propuesta contempla que los servidores que reciban 'mordidas' para favorecer a un contratista sea destituido del cargo y castigado con muerte civil
GUADALAJARA, JALISCO (17/ENE/2017).- Para evitar los actos de corrupción en materia de obra pública conocidos como 'moches', la diputada priista, Rocío Corona Nakamura, promueve una iniciativa para crear la Ley de Contratación de Obra Pública del Estado de Jalisco.
"Lo que se conoce como el moche y cochupos es un secreto a voces, aunque todos saben que existe pero pues nadie lo denuncia, es un tabú, son actos clandestinos que burlan a la propia ley".
La propuesta contempla que los servidores o funcionarios públicos que reciban moches o mordidas para favorecer a un contratista, sea destituido del cargo y castigado con muerte civil, "es decir, no volverá a trabajar dentro del servicio público; además, recibirá cárcel de uno a 12 años de prisión por cohecho".
Sin embargo, no sólo se plantea sancionar al servidor público que se presta a este tipo de actos de corrupción, sino también a las constructoras que tengan antecedentes de malas prácticas, como es el soborno, el uso de información privilegiada, entre otras.
Se propone también que en los procesos de adjudicación participen sólo aquellas constructoras que tengan más de cuatro años de experiencia, para evitar la contratación de empresas patitos o que se forman ex profeso.
Se deberá contar con una auditoría técnica de calidad para evitar las obras mal hechas o inconclusas, y se sancionará la demora en la entrega.
La diputada informó que en la iniciativa se contempla que sean publicadas en internet las constructoras o contratistas que sean inhabilitados por no cumplir con los plazos de entrega entre otras anomalías; que toda obra pública sea socializada, y que se cree un comité ciudadano de contratación, el cual esté integrado por el titular o representante de la Secretaría de Infraestructura de Obra Pública (SIOP), un ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y tres ciudadanos.
EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ