Jalisco
Promueven consolidación de denuncias colectivas
Realzan la importancia de la figura jurídica en derechos humanos, ambiente y patrimonio, para que los diputados locales den luz verde
GUADALAJARA, JALISCO.- Las acciones colectivas en la impartición de justicia podrían ser una realidad en nuestro país, ya que el 10 de diciembre, la Cámara de Senadores reformó el artículo 17 constitucional, y sólo falta que los diputados federales y la mitad de los congresos estatales más uno, lo aprueben.
Por ello, representantes de distintas asociaciones expusieron el tema en la ciudad de Guadalajara, con la idea de que los legisladores locales impulsen esta iniciativa.
Actualmente, el sistema jurídico mexicano sólo permite interponer denuncias individuales. La propuesta de las acciones colectivas sería un catalizador importante en el Estado de Derecho, ya que ciudadanos, organizaciones sociales, así como las entidades públicas que determine el Congreso de la Unión, podrían presentar demandas judiciales colectivas para la defensa de intereses y derechos colectivos y difusos, “hasta ahora no justiciables”, por los altos costos y las asimetrías entre los afectados y las contrapartes, que pueden ser autoridades o grandes empresas.
En esto concuerdan representantes del Colectivo Ecologista de Jalisco, El Poder del Consumidor, El Barzón y ALCONSUMIDOR.
Durante la mesa de análisis, estuvieron presentes los diputados Carlos Briseño y Olga Gómez Flores, quienes mostraron su apoyo para entrar a la revisión de la iniciativa. Asimismo, Raúl Vargas, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, envió una carta para señalar que retomaría la iniciativa.
Algunas denuncias colectivas que podrían interponerse están relacionadas con derechos humanos, medio ambiente, patrimonio cultural y artístico, derechos de los consumidores, entre otros.
La reforma al 17 constitucional no incluye el derecho al amparo colectivo, pero en la misma fecha, se reformó la Ley de Amparo en ese sentido.
Se estima que la Cámara de Diputados apruebe este mes la reforma. Y de acuerdo a ALCONSUMIDOR, hay diputaciones locales que ya lo apoyan, como San Luis Potosí, Chihuahua, Distrito Federal, Sonora, Guerrero, Hidalgo, Puebla y el Estado de México.
El ejemplo del Río Santiago
La maestra en Derecho Ambiental, Carla Aceves Ávila, de la Universidad de Guadalajara, considera que para que exista prevención en el sistema jurídico en lo que respecta a temas ambientales, debe reconocerse el derecho colectivo.
Por otro lado, repudia la Ley de Responsabilidad Ambiental que se aprobó en primera lectura por la anterior Legislatura del Estado. “Este tipo de legislación es una falacia. Lo que se requiere es que el sistema jurídico se enfoque a la prevención, no a la consumación de los daños ambientales”. Pone como ejemplo el Río Santiago:
—¿Quién lo contaminó?
—Para acreditar el daño, se requiere demostrar quién descargó al afluente, en qué momento, en qué grado y cómo.
—¿Cómo se podría acreditar?
—Un caso claro es el del niño Miguel Ángel, que murió por caer al río. Era algo que se podía acreditar, era un daño consumado, ¿y en qué se consumó? En un niño que murió. Entonces la ley nos pide muertos, heridos, enfermos de cáncer para acreditar el delito, y si llegas a ese grado, ¿para qué quieres una ley? No es funcional.
—¿Cómo se puede legislar la prevención?
—En parte es muy importante la cultura ambiental. Pero jurídicamente podríamos llegar si se pudiera ejercer acciones legales contundentes antes de que el daño se consume. Porque actualmente sólo es efectiva la ley si hay una afectación, y no debería ser así, es fácil tener elementos previos para argumentar que “X” actividad dañará el ambiente.
—¿Qué se requiere para que exista prevención en el sistema jurídico?
—El reconocimiento al daño colectivo.
Por ello, representantes de distintas asociaciones expusieron el tema en la ciudad de Guadalajara, con la idea de que los legisladores locales impulsen esta iniciativa.
Actualmente, el sistema jurídico mexicano sólo permite interponer denuncias individuales. La propuesta de las acciones colectivas sería un catalizador importante en el Estado de Derecho, ya que ciudadanos, organizaciones sociales, así como las entidades públicas que determine el Congreso de la Unión, podrían presentar demandas judiciales colectivas para la defensa de intereses y derechos colectivos y difusos, “hasta ahora no justiciables”, por los altos costos y las asimetrías entre los afectados y las contrapartes, que pueden ser autoridades o grandes empresas.
En esto concuerdan representantes del Colectivo Ecologista de Jalisco, El Poder del Consumidor, El Barzón y ALCONSUMIDOR.
Durante la mesa de análisis, estuvieron presentes los diputados Carlos Briseño y Olga Gómez Flores, quienes mostraron su apoyo para entrar a la revisión de la iniciativa. Asimismo, Raúl Vargas, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, envió una carta para señalar que retomaría la iniciativa.
Algunas denuncias colectivas que podrían interponerse están relacionadas con derechos humanos, medio ambiente, patrimonio cultural y artístico, derechos de los consumidores, entre otros.
La reforma al 17 constitucional no incluye el derecho al amparo colectivo, pero en la misma fecha, se reformó la Ley de Amparo en ese sentido.
Se estima que la Cámara de Diputados apruebe este mes la reforma. Y de acuerdo a ALCONSUMIDOR, hay diputaciones locales que ya lo apoyan, como San Luis Potosí, Chihuahua, Distrito Federal, Sonora, Guerrero, Hidalgo, Puebla y el Estado de México.
El ejemplo del Río Santiago
La maestra en Derecho Ambiental, Carla Aceves Ávila, de la Universidad de Guadalajara, considera que para que exista prevención en el sistema jurídico en lo que respecta a temas ambientales, debe reconocerse el derecho colectivo.
Por otro lado, repudia la Ley de Responsabilidad Ambiental que se aprobó en primera lectura por la anterior Legislatura del Estado. “Este tipo de legislación es una falacia. Lo que se requiere es que el sistema jurídico se enfoque a la prevención, no a la consumación de los daños ambientales”. Pone como ejemplo el Río Santiago:
—¿Quién lo contaminó?
—Para acreditar el daño, se requiere demostrar quién descargó al afluente, en qué momento, en qué grado y cómo.
—¿Cómo se podría acreditar?
—Un caso claro es el del niño Miguel Ángel, que murió por caer al río. Era algo que se podía acreditar, era un daño consumado, ¿y en qué se consumó? En un niño que murió. Entonces la ley nos pide muertos, heridos, enfermos de cáncer para acreditar el delito, y si llegas a ese grado, ¿para qué quieres una ley? No es funcional.
—¿Cómo se puede legislar la prevención?
—En parte es muy importante la cultura ambiental. Pero jurídicamente podríamos llegar si se pudiera ejercer acciones legales contundentes antes de que el daño se consume. Porque actualmente sólo es efectiva la ley si hay una afectación, y no debería ser así, es fácil tener elementos previos para argumentar que “X” actividad dañará el ambiente.
—¿Qué se requiere para que exista prevención en el sistema jurídico?
—El reconocimiento al daño colectivo.
Síguenos en