Jalisco

Procedería juicio político contra consejeros electorales

Diputados garantizan sancionar a funcionarios que no dictaminaron la viabilidad del referéndum para frenar alza al transporte; sin embargo, la FEU debe interponer una solicitud que demuestre la irregularidad

Los consejeros electorales son sujetos a juicio político, y en caso de que la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) presente una solicitud para que se les inicie dicho procedimiento, en este caso por incumplir con el plazo establecido para dictaminar sobre el referéndum para frenar el alza en la tarifa del transporte público, los legisladores garantizan que de existir elementos se sancionará a los servidores públicos, subrayó el diputado César Madrigal Díaz.

Ante el incumplimiento de los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Jalisco (IEEJ) en el tema del referéndum, el diputado Jorge Salinas Osornio dijo que podría ser un elemento para no liquidarlos, pero debe fundamentarse que incumplieron con su responsabilidad. Incluso, sería un factor para no ratificar a quienes se registren como aspirantes a quedar en el cargo.

“Si se logra fundamentar, no sería necesario liquidarles nada”.

Pero el diputado César Madrigal Díaz, presidente de la Comisión de Responsabilidades, manifestó que la indemnización sería una vía diferente al juicio político, y dado que este procedimiento tarda alrededor de un año, difícilmente alcanzarían los tiempos para sancionar en breve a los funcionarios con la inhabilitación a ejercer cargos públicos por un periodo a definir.

“Si esas conductas probablemente ya se realizaron, no tienen ninguna relación con una probable indemnización”.

Destaca que los consejeros del IEEJ tendrán que dejar sus cargos, ante las reformas constitucionales en materia electoral que fueron ratificadas por los municipios en Jalisco. El organismo se transformará en Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, y se nombrará a nuevos funcionarios en agosto próximo.

Por su parte, César Barba Delgadillo, presidente de la FEU, afirmó que será en los próximos días cuando exponga un pronunciamiento y delimite las vías jurídicas para continuar con el procedimiento de referéndum, las cuales podrían referirse a tipificaciones como juicio político contra consejeros, denuncias por negligencia o incumplimiento de funciones.

Desmintió que tomaría las instalaciones del IEEJ. Sin embargo, explicó que podrían utilizar marchas o manifestaciones de otra índole para generar conciencia en la ciudadanía y presionar a las autoridades estatales para que cumplan con la normatividad prescrita en la Ley de Participación Ciudadana de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

En el instituto electoral sigue vigente la polémica entre los consejeros que, desde el viernes pasado, no han podido retomar los trabajos del pleno para atender el proceso de aprobación o rechazo a la solicitud de referéndum contra el incremento al transporte público, que debió concluirse el último domingo, al vencerse el plazo --incluida una prórroga-- que ellos mismos aprobaron.

El pasado 20 de junio, el consejero presidente del IEEJ, José Luis Castellanos González, tenía preparado un dictamen en el que propondría al pleno del instituto aprobar una nueva prórroga de 30 días, que podrían extenderse a 60 días, para resolver si la petición de referéndum es procedente o no. Sin embargo, cuatro de los seis miembros del pleno votaron en contra de la orden del día y la sesión se suspendió.

Ayer, Castellanos González fue entrevistado fuera de Casa Jalisco, tras reunirse con el gobernador Emilio González Márquez, y sobre este tema, consideró que hay “un boicot” por parte de los consejeros que rechazaron siquiera considerar su propuesta para ampliar el período de análisis y además, la firma de un convenio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para que éste hiciera el denominado “estudio de trascendencia” a la petición de referéndum, con un costo de 100 mil pesos.

En respuesta, uno de los consejeros que estuvieron en contra, Tomás Figueroa Padilla, rechazó tajantemente el boicot.
 
“Tengo la sensación, aunque es una posición personal, de que se quiere dar largas al asunto para no resolver o para esperar a que se apruebe la reforma electoral y que en su caso, lo atiendan otros consejeros”, advirtió, para subrayar luego que el organismo está obligado a dar certeza tanto a los que piden el referéndum como al mismo Poder Ejecutivo, de quien emanó el acuerdo para permitir el incremento a la tarifa del transporte.

Apuntó también que si Castellanos González habla de que “otra instancia judicial” debe resolver la ausencia de convocatoria, “yo firmé una solicitud para que se convocara a sesión extraordinaria a más tardar el domingo. Él no atendió y no consideró así; como no convocó el domingo pasado, habrá que dar otro tratamiento jurídico”.

Figueroa Padilla recordó que cuando se sometió a la aprobación el primer plazo de 60 días, que venció el fin de semana, “fui el único consejero que votó en contra porque no creo que se justifique hacer esperar a los ciudadanos para resolver”.

“Cumplí en tiempo…”

José Luis Castellanos afirmó, a las afueras de Casa Jalisco, que cumplió en tiempo al presentar el pasado viernes la propuesta de ampliación de hasta dos meses para llevar a cabo los estudios correspondientes para el referéndum.

Sostuvo que ahora será responsabilidad de otra instancia jurídica determinar si procede el referéndum y determinó que se podría iniciar juicio político en contra de los consejeros que no aprobaron la orden del día de la sesión del pasado viernes.

Y acusó a algunos consejeros de “boicotear el trabajo del IEEJ”.

“Se trata de una maquinación que tiene que ver con intereses personales, particulares y con intereses de partido. Esta es una iniciativa de ciudadanos, nada tienen que hacer los partidos políticos y manosear este proceso”.

El presidente del IEEJ se entrevistó con el gobernador y narró que le expuso el atropello que pretenden concretar los legisladores al modificar la Ley Electoral Estatal, pero aclaró que no fue a buscar soluciones a las propuestas legislativas.
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