Jalisco
Procedentes, denuncias contra gremio transportista
El ciudadano que se decida a emprender medidas legales contra camioneros tendrá que invertir tiempo y dinero
GUADALAJARA, JALISCO (13/AGO/2012).- El monto del día que le fue descontado por llegar tarde a su trabajo, debido a la ausencia de unidades del transporte público en circulación, es recuperable. De igual forma, denunciar la imposibilidad de llegar a su destino porque los dueños de camiones decidieron no trabajar, como medida de presión para que el incremento a las tarifas se autorice, es posible.
¿El problema? El ciudadano que se decida a emprender esta medida legal tendrá que invertir tiempo y dinero, así como poner a prueba su paciencia, toda vez que no hay garantía de que el proceso llegue a término con un monto de reposición que satisfaga al denunciante.
“Le va a salir lo comido por lo servido. ¿Cuánto (dinero) le va a meter a este tipo de demandas, y qué de ello va a recuperar?”, expone el coordinador de la maestría en derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCHS), Rosendo Fregoso Castro.
De acuerdo con el académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), esto coloca en una situación de “desventaja” a la ciudadanía. Y es que, además de los tiempos de demora para resolver la denuncia (estimados en siete u ocho meses como promedio), el fundamento legal se debilita al establecer contra quién y exactamente por qué se levantó la denuncia.
“El usuario desgraciadamente se encuentra en desventaja; no tiene un fundamento legal como para demandar. ¿A quién va a demandar? ¿A las líneas de transporte? ¿Al Estado; al municipio? (…) Tendría qué demandar una reparación del daño por la vía civil (juzgados), y eso sería en términos generales lo que pudiera hacer. No tiene otro medio de defensa, sólo la denuncia pública”.
Es, pues, la intervención de las autoridades para beneficio de los más, lo que todos los ciudadanos deben denunciar. “El Estado tiene una obligación importante, y esa es precisamente ver en favor de los gobernados; el gobernante tiene qué estar con el ciudadano. El nuevo cobro beneficiará únicamente al propietario de las unidades; el perjudicado siempre va a ser el usuario”.
Para Fregoso Castro, este no es el momento para emprender un cambio tarifario, sino para ver "realmente" lo que la ciudadanía necesita, sin acceder a decisiones que vayan sólo en beneficio de los particulares.
EL INFORMADOR / ISAACK DE LOZA
¿El problema? El ciudadano que se decida a emprender esta medida legal tendrá que invertir tiempo y dinero, así como poner a prueba su paciencia, toda vez que no hay garantía de que el proceso llegue a término con un monto de reposición que satisfaga al denunciante.
“Le va a salir lo comido por lo servido. ¿Cuánto (dinero) le va a meter a este tipo de demandas, y qué de ello va a recuperar?”, expone el coordinador de la maestría en derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCHS), Rosendo Fregoso Castro.
De acuerdo con el académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), esto coloca en una situación de “desventaja” a la ciudadanía. Y es que, además de los tiempos de demora para resolver la denuncia (estimados en siete u ocho meses como promedio), el fundamento legal se debilita al establecer contra quién y exactamente por qué se levantó la denuncia.
“El usuario desgraciadamente se encuentra en desventaja; no tiene un fundamento legal como para demandar. ¿A quién va a demandar? ¿A las líneas de transporte? ¿Al Estado; al municipio? (…) Tendría qué demandar una reparación del daño por la vía civil (juzgados), y eso sería en términos generales lo que pudiera hacer. No tiene otro medio de defensa, sólo la denuncia pública”.
Es, pues, la intervención de las autoridades para beneficio de los más, lo que todos los ciudadanos deben denunciar. “El Estado tiene una obligación importante, y esa es precisamente ver en favor de los gobernados; el gobernante tiene qué estar con el ciudadano. El nuevo cobro beneficiará únicamente al propietario de las unidades; el perjudicado siempre va a ser el usuario”.
Para Fregoso Castro, este no es el momento para emprender un cambio tarifario, sino para ver "realmente" lo que la ciudadanía necesita, sin acceder a decisiones que vayan sólo en beneficio de los particulares.
EL INFORMADOR / ISAACK DE LOZA
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