Jalisco
Presunta aviadora cuesta 2.7 MDP al Congreso de Jalisco
El diputado Guillermo Martínez Mora acusa a la empleada cobra en el Legislativo desde 2011
GUADALAJARA, JALISCO (07/AGO/2014).- María Alejandra Lua Rodríguez trabajó en el
Poder Legislativo tres años y medio y durante ese tiempo costó al erario del Congreso 2.3 millones de pesos.
De acuerdo con la nómina de ese poder, la burócrata tenía el cargó de Jefa de Investigadores en la Dirección de Asuntos Jurídicos, el primer cheque del que existe registro data de enero de 2011, para ese entonces sus sueldo bruto quincenal era de 25 mil pesos -50 mil pesos mensuales- y estaba adscrita a la nómina con la figura de supernumerario, en julio de 2012 -cuatro meses antes de que los integrantes de la pasada Legislatura dejaran el cargo-, la funcionaria obtuvo su basificación en el Congreso y su sueldo se incrementó a 60 mil pesos mensuales.
Lua Rodríguez fue señalada desde finales del 2012 por el diputado Guillermo Martínez Mora como una de las empleadas que había sido basificada de manera irregular, y que, además tenía uno de los salarios más elevados en el Legislativo, se le acusó entonces de cobrar pero no estar en su área de trabajo.
De acuerdo con reportes de transparencia del Congreso, Lua Rodríguez cobró 2.3 millones de pesos de enero de 2011 a julio de 2014.
Y según un documento que mostró el legislador local, Guillermo Martínez Mora, la burócrata del Congreso cobró un finiquito por 339 mil pesos.
El diputado del PAN, integrante del G9 mostró su indignación y criticó que lejos de iniciarle un proceso para darla de baja por no acudir a trabajar, la premiaron con un finiquito de casi 400 mil pesos, lo equivalente a seis meses de sueldo.
Martínez Mora consideró que con la entrega de finiquitos elevados de parte del Congreso "a unos cuantos trabajadores que gozan de ciertos privilegios presuntamente políticos, a pesar de ser señalados por cobrar y no trabajar", el Poder Legislativo envía mensajes incongruentes y contradictorios.
"Lo más lamentable es que no solo se premia a quienes no vienen a trabajar, la administración negocia en lugar de actuar conforme a derecho. Hay un mal mensaje que manda el Congreso, en especial porque nos damos cuenta que protege a quienes no trabajan. ¿Con cuánto dinero hay que liquidar a los que sí trabajan, si alguien que no acude se le entrega 300 mil pesos?", cuestionó el diputado.
El panista lamentó que las áreas administrativas lejos de dar de baja a una empleada por sus faltas, le entregan un finiquito de seis meses de salario.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
De acuerdo con la nómina de ese poder, la burócrata tenía el cargó de Jefa de Investigadores en la Dirección de Asuntos Jurídicos, el primer cheque del que existe registro data de enero de 2011, para ese entonces sus sueldo bruto quincenal era de 25 mil pesos -50 mil pesos mensuales- y estaba adscrita a la nómina con la figura de supernumerario, en julio de 2012 -cuatro meses antes de que los integrantes de la pasada Legislatura dejaran el cargo-, la funcionaria obtuvo su basificación en el Congreso y su sueldo se incrementó a 60 mil pesos mensuales.
Lua Rodríguez fue señalada desde finales del 2012 por el diputado Guillermo Martínez Mora como una de las empleadas que había sido basificada de manera irregular, y que, además tenía uno de los salarios más elevados en el Legislativo, se le acusó entonces de cobrar pero no estar en su área de trabajo.
De acuerdo con reportes de transparencia del Congreso, Lua Rodríguez cobró 2.3 millones de pesos de enero de 2011 a julio de 2014.
Y según un documento que mostró el legislador local, Guillermo Martínez Mora, la burócrata del Congreso cobró un finiquito por 339 mil pesos.
El diputado del PAN, integrante del G9 mostró su indignación y criticó que lejos de iniciarle un proceso para darla de baja por no acudir a trabajar, la premiaron con un finiquito de casi 400 mil pesos, lo equivalente a seis meses de sueldo.
Martínez Mora consideró que con la entrega de finiquitos elevados de parte del Congreso "a unos cuantos trabajadores que gozan de ciertos privilegios presuntamente políticos, a pesar de ser señalados por cobrar y no trabajar", el Poder Legislativo envía mensajes incongruentes y contradictorios.
"Lo más lamentable es que no solo se premia a quienes no vienen a trabajar, la administración negocia en lugar de actuar conforme a derecho. Hay un mal mensaje que manda el Congreso, en especial porque nos damos cuenta que protege a quienes no trabajan. ¿Con cuánto dinero hay que liquidar a los que sí trabajan, si alguien que no acude se le entrega 300 mil pesos?", cuestionó el diputado.
El panista lamentó que las áreas administrativas lejos de dar de baja a una empleada por sus faltas, le entregan un finiquito de seis meses de salario.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
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