Jalisco

Presentan pruebas contra consultora

Roberto Marrufo señala que contrademandarán y no pagarán los 58 millones de pesos que demanda un juez

GUADALAJARA, JALISCO (03/AGO/2012).- El coordinador de los diputados del PRI, Roberto Marrufo Torres, presentó información y documentos remitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso, con los que afirma que comprueba que la Consultora López Castro y Compañía no benefició al Poder Legislativo con el reintegro de recursos por concepto de impuestos.

“El 17 de julio del presente año se recibió la respuesta del Sistema de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda, o sea, de la misma autoridad responsable de realizar las retenciones y aplicar las compensaciones, mediante el cual informa el rechazo de los 22 folios de los avisos de las compensaciones realizadas por el Despacho López Castro y Compañía, por la cantidades de los ejercicios fiscales 2006, 2007 y 2008”, explicó el líder de los legisladores tricolores.

El diputado abundó que la empresa contratada por el ex secretario General del Congreso, Alfredo Argüelles Basave, trató de recuperar los conceptos económicos, vía Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero no fue aceptado por Hacienda. Explicó que el Poder Legislativo cuenta con copias de las páginas electrónicas del SAT notariadas donde aparece “la falsedad de la información que nos dio la empresa y que ventajosamente utilizó para demandarnos”. Marrufo Torres afirmó que contrademandarán a la consultora.

En otro punto, los titulares de la Dirección Jurídica y de la Secretaría General del Poder Legislativo rechazaron ayer la aportación por 35 mil pesos que el presidente de la Coparmex Jalisco, Óscar Benavides, llevó Congreso, para que se pague el examen para elegir auditor superior.

La prueba es fundamental para seguir adelante con el proceso de elección, pero  el director jurídico y el secretario del Congreso explicaron a Benavides que no tenían facultades legales para recibir el cheque.

SALVAGUARDOS

No tocarán un solo peso


El juez tercero de distrito en materia administrativa concedió una suspensión a los trabajadores del Congreso, para proteger la Partida 1000, sobre nómina. El sindicato cree que los diputados intentarían usar ese dinero para pagar deudas.
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