Jalisco
Presentan oficialmente ley para prevenir adicciones en escolares
El diputado del PAN, Abraham González atendió inquietudes de la CEDHJ y de especialistas
GUADALAJARA, JALISCO (28/SEP/2011).- El diputado del PAN,
Abraham González Uyeda oficializó la presentación de la iniciativa que denominó "Ley para la Protección Responsable de la Salud y la Seguridad de los niños y adolescentes", que entre otros temas prevé la aplicación de exámenes antidoping para menores entre edades escolares de quinto de primaria hasta la preparatoria.
"Esta iniciativa atiende una serie de realidades que se están dando, en este sentido la iniciativa pretende atender el problema de niños y jóvenes adictos al consumo de drogas. Tiene que ver con una realidad, que es la complejidad para detectar las adicciones y tratarlas", señaló.
El legislador panista, quien había anunciado esta iniciativa semanas atrás, dijo que después de las voces que manifestaron inquietudes al respecto, se escucharon a especialistas y se atendieron los comentarios del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ( CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, quienes advertían la posibilidad que se violentaban los derechos de los menores.
"Con estas reformas no queremos que apliquen la penalización de la adicción, que no segregue, ni discrimine. Las adicciones son una enfermedad que debe ser tratada con su entorno, cuando la adicción llega a un miembro de la familia, se hace dependiente pero los demás se hacen codependientes del problema", señaló.
El legislador panista explicó que a diferencia de la propuesta esbozada hace algunas semanas, ésta pretende abrir el abanico de posibilidades para detectar si los niños entre 10 y 18 años consumen algún tipo de droga.
Explicó que existen muchas opciones para la detección de adicciones, como la prueba de gabinete, tiras reactivas, test de comportamiento y actitudes, reactivos en orina, saliva, sudor, sangre o cabello y que será la Secretaría de Salud la facultada para determinar cuál de las opciones es la más idónea.
González Uyeda se hizo acompañar de dos especialistas cuyas opiniones se vertieron en la reforma; se trata de Jorge Ulises Carmona Tinoco, maestro en derecho por la UNAM, especialista en temas de derechos humanos y Jaime Miguel Moreno Garavilla, doctor por la UNAM.
Carmona Tinoco señaló que después de analizar la iniciativa del panista se concluyó que no se violentan los derechos humanos de los menores, pues las pruebas serán avaladas por los padres de familia; además, dijo, se trata de un "derecho renunciable", ello implica que si los padres no están de acuerdo con que se les realice algún tipo de prueba para detectar si el menor consume drogas están en la posibilidad de no someterse a ellos.
"Lo interesante de la iniciativa es que no se trata de que sean policías, se trata que cuando se detecte el problema, se atienda, y eso no implica repercusiones por ejemplo en el derecho de educación".
El especialista en temas de derechos humanos explicó que no se atenta en contra de la integridad del menor, siempre y cuando la prueba y los resultados que se obtengan sean confidenciales y no se le niegue a ningún alumno la posibilidad de estudiar aún y cuando el resultado sea positivo al consumo de alguna droga.
"Se debe establecer un calendario y la periodicidad, pero los padres deben estar avisados. La iniciativa prevé además una campaña permanente y obligatoria de información, sobre los riesgos de las adicciones. Los padres y menores deben estar avisados y enterados de las pruebas. Si lo consideramos como un derecho, es un derecho que es renunciable, no me imagino a un padre que le den la oportunidad de coadyuvar con la salud de su hijo que lo renuncie pero es posible, y no habrá poder humano y jurídico que establezca lo contrario", señaló.
Con esta iniciativa, el panista dijo que la intención es que en una década aproximadamente disminuyan los índices de drogadicción de quienes se conviertan en adultos.
"La adicción es barata atacarla cuando se detecta en la primera o segunda toma, pero es muy complejo y costoso cuando tiene meses o años sumidos en la dependencia de adicciones. Esperamos contribuir el futuro del país y del estado, estamos tratando a los que pueden dirigir al país y al Estado, queremos que los costos para el rescate de nuestros jóvenes sean los menos posible", expuso.
De aprobarse se pretende llevar a cabo estas pruebas al menos una vez al año a los estudiantes de entre quinto de primaria hasta el último año de preparatoria.
En la presentación de la iniciativa, el diputado local estuvo acompañado además de especialistas en materia de derecho, de Roberto Preciado Rosales, representante del Consejo Estatal contra las Adicciones del Estado (CECAJ), y José Luis Sánchez Sesma, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Jalisco. Ambos avalaron la iniciativa de Abraham González Uyeda.
Leyes que se pretenden modificar
Ley de Educación de Jalisco.
Establecer la corresponsabilidad de autoridades educativas.
La participación de la comunidad escolar para diseñar programas educativos sobre los peligros y riesgos a la salud por el consumo de sustancias adictivas.
Detección oportuna de adicciones.
Bases para la aplicación de pruebas de diagnóstico y detección de adicciones entre los alumnos.
Ley General de Salud de Jalisco.
Facultar a las autoridades a la realización de las pruebas de diagnóstico y detección de adicciones.
.
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes en el Estado
Establecer el derecho a la prevención y erradicación de las adiciones y a la orientación y tratamiento de los menores con problemas de esta naturaleza.
Los datos
En Jalisco 1 de cada 5 adolescentes han consumido en alguna ocasión algún tipo de droga.
En Guadalajara 1 de cada 4 adolescentes han consumido alguna vez algún tipo de droga.
Universo de alumnos entre quinto de primaria y bachillerato: 952 mil 604 alumnos.
EL INFORMADOR/ ZAIRA RAMÍREZ
"Esta iniciativa atiende una serie de realidades que se están dando, en este sentido la iniciativa pretende atender el problema de niños y jóvenes adictos al consumo de drogas. Tiene que ver con una realidad, que es la complejidad para detectar las adicciones y tratarlas", señaló.
El legislador panista, quien había anunciado esta iniciativa semanas atrás, dijo que después de las voces que manifestaron inquietudes al respecto, se escucharon a especialistas y se atendieron los comentarios del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ( CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, quienes advertían la posibilidad que se violentaban los derechos de los menores.
"Con estas reformas no queremos que apliquen la penalización de la adicción, que no segregue, ni discrimine. Las adicciones son una enfermedad que debe ser tratada con su entorno, cuando la adicción llega a un miembro de la familia, se hace dependiente pero los demás se hacen codependientes del problema", señaló.
El legislador panista explicó que a diferencia de la propuesta esbozada hace algunas semanas, ésta pretende abrir el abanico de posibilidades para detectar si los niños entre 10 y 18 años consumen algún tipo de droga.
Explicó que existen muchas opciones para la detección de adicciones, como la prueba de gabinete, tiras reactivas, test de comportamiento y actitudes, reactivos en orina, saliva, sudor, sangre o cabello y que será la Secretaría de Salud la facultada para determinar cuál de las opciones es la más idónea.
González Uyeda se hizo acompañar de dos especialistas cuyas opiniones se vertieron en la reforma; se trata de Jorge Ulises Carmona Tinoco, maestro en derecho por la UNAM, especialista en temas de derechos humanos y Jaime Miguel Moreno Garavilla, doctor por la UNAM.
Carmona Tinoco señaló que después de analizar la iniciativa del panista se concluyó que no se violentan los derechos humanos de los menores, pues las pruebas serán avaladas por los padres de familia; además, dijo, se trata de un "derecho renunciable", ello implica que si los padres no están de acuerdo con que se les realice algún tipo de prueba para detectar si el menor consume drogas están en la posibilidad de no someterse a ellos.
"Lo interesante de la iniciativa es que no se trata de que sean policías, se trata que cuando se detecte el problema, se atienda, y eso no implica repercusiones por ejemplo en el derecho de educación".
El especialista en temas de derechos humanos explicó que no se atenta en contra de la integridad del menor, siempre y cuando la prueba y los resultados que se obtengan sean confidenciales y no se le niegue a ningún alumno la posibilidad de estudiar aún y cuando el resultado sea positivo al consumo de alguna droga.
"Se debe establecer un calendario y la periodicidad, pero los padres deben estar avisados. La iniciativa prevé además una campaña permanente y obligatoria de información, sobre los riesgos de las adicciones. Los padres y menores deben estar avisados y enterados de las pruebas. Si lo consideramos como un derecho, es un derecho que es renunciable, no me imagino a un padre que le den la oportunidad de coadyuvar con la salud de su hijo que lo renuncie pero es posible, y no habrá poder humano y jurídico que establezca lo contrario", señaló.
Con esta iniciativa, el panista dijo que la intención es que en una década aproximadamente disminuyan los índices de drogadicción de quienes se conviertan en adultos.
"La adicción es barata atacarla cuando se detecta en la primera o segunda toma, pero es muy complejo y costoso cuando tiene meses o años sumidos en la dependencia de adicciones. Esperamos contribuir el futuro del país y del estado, estamos tratando a los que pueden dirigir al país y al Estado, queremos que los costos para el rescate de nuestros jóvenes sean los menos posible", expuso.
De aprobarse se pretende llevar a cabo estas pruebas al menos una vez al año a los estudiantes de entre quinto de primaria hasta el último año de preparatoria.
En la presentación de la iniciativa, el diputado local estuvo acompañado además de especialistas en materia de derecho, de Roberto Preciado Rosales, representante del Consejo Estatal contra las Adicciones del Estado (CECAJ), y José Luis Sánchez Sesma, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Jalisco. Ambos avalaron la iniciativa de Abraham González Uyeda.
Leyes que se pretenden modificar
Ley de Educación de Jalisco.
Establecer la corresponsabilidad de autoridades educativas.
La participación de la comunidad escolar para diseñar programas educativos sobre los peligros y riesgos a la salud por el consumo de sustancias adictivas.
Detección oportuna de adicciones.
Bases para la aplicación de pruebas de diagnóstico y detección de adicciones entre los alumnos.
Ley General de Salud de Jalisco.
Facultar a las autoridades a la realización de las pruebas de diagnóstico y detección de adicciones.
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Ley de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes en el Estado
Establecer el derecho a la prevención y erradicación de las adiciones y a la orientación y tratamiento de los menores con problemas de esta naturaleza.
Los datos
En Jalisco 1 de cada 5 adolescentes han consumido en alguna ocasión algún tipo de droga.
En Guadalajara 1 de cada 4 adolescentes han consumido alguna vez algún tipo de droga.
Universo de alumnos entre quinto de primaria y bachillerato: 952 mil 604 alumnos.
EL INFORMADOR/ ZAIRA RAMÍREZ
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