Jalisco
Presentan denuncia contra titular de Finanzas en Jalisco
También denuncian a la directora de Ingresos por sus declaraciones respecto a evitar la compra de formas valoradas oficiales
GUADALAJARA, JALISCO (16/AGO/2010).- El diputado Raúl Vargas López presentó hoy una denuncia ante la
PGJE en contra del secretario de Finanzas de Jalisco (
Sefin), José Luis de Alba González, y la directora de Ingresos, Ruth Mercedes Jiménez Sánchez.
El legislador local refirió que en días pasados la directora de Ingresos de la Sefin emitió comentarios sobre el supuesto cobro ilegal o pago de lo indebido por la venta de formas valoradas oficiales que realiza el Congreso del Estado.
Además de que la funcionaria sugirió a los ayuntamientos que evitaran la compra de estos formatos al Poder Legislativo estatal.
"En virtud de esta serie de graves irregularidades, omisiones y presuntos ilícitos cometidos en agravio del pueblo y Gobierno del Estado, en especial, del Poder Legislativo, pido se registre el asunto como indagatoria e inicien las diligencias correspondientes", dijo.
Demandó que se dé vista al Ministerio Público federal por existir concurrencia de delitos de su competencia y, en su caso y momento procesal oportuno, se formule la petición de declaratoria de procedencia de juicio político a quien o quienes resulten responsables.
En la exposición de motivos señaló que Jiménez Sánchez declaró que la venta de formas valoradas es ilegal por no estar prevista en la Ley de ingresos de 2009 y 2010.
El diputado aclaró que el 29 de febrero de 2008 los legisladores aprobaron el decreto 22172, "que autoriza el precio de adquisición de las formas valoradas que tiene a la venta el Congreso local por conducto de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ)".
"Además, en noviembre de ese mismo año, el Poder Legislativo aprobó un punto de acuerdo a través del cual determinó que el control de dichos formatos lo tendría la Comisión de Administración y no la ASEJ", expuso.
Especificó que de acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, las entidades fiscalizables estatales y municipales deberán adquirir ante el Congreso local las formas valoradas y recibos de cobro de ingreso de las haciendas públicas estatal y municipal.
Esto, previo pago de los derechos correspondientes previstos en la Ley de ingresos del gobierno del estado, para el ejercicio fiscal que corresponda.
Vargas López explicó que le compete al Congreso local la entrega de estos formatos y que los entes fiscalizables tengan estos documentos oficiales a través del Poder Legislativo.
"Motivo por el cual el Congreso tiene la obligación de emitir las formas valoradas como ente fiscalizador y corresponde a las entidades fiscalizables la adquisición de las mismas", enfatizó.
Indicó que los señalamientos que hizo Jiménez Barba pueden confundir o causar error en el obrar de los sujetos obligados fiscalizables al no adquirir estos formatos, por lo que responsabiliza a la funcionaria de cualquier problema legal y económico que esta situación pueda provocar al Poder Legislativo.
Resaltó que las acciones que ha hecho al respecto la Secretaría de Finanzas se desprende una serie de acciones y conductas ilícitas tipificadas y sancionadas por el Código Penal del Estado.
"Tal es el caso de delitos, como desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, peculado, defraudación fiscal, desobediencia o resistencia de particulares, entre otros", refirió.
El legislador local refirió que en días pasados la directora de Ingresos de la Sefin emitió comentarios sobre el supuesto cobro ilegal o pago de lo indebido por la venta de formas valoradas oficiales que realiza el Congreso del Estado.
Además de que la funcionaria sugirió a los ayuntamientos que evitaran la compra de estos formatos al Poder Legislativo estatal.
"En virtud de esta serie de graves irregularidades, omisiones y presuntos ilícitos cometidos en agravio del pueblo y Gobierno del Estado, en especial, del Poder Legislativo, pido se registre el asunto como indagatoria e inicien las diligencias correspondientes", dijo.
Demandó que se dé vista al Ministerio Público federal por existir concurrencia de delitos de su competencia y, en su caso y momento procesal oportuno, se formule la petición de declaratoria de procedencia de juicio político a quien o quienes resulten responsables.
En la exposición de motivos señaló que Jiménez Sánchez declaró que la venta de formas valoradas es ilegal por no estar prevista en la Ley de ingresos de 2009 y 2010.
El diputado aclaró que el 29 de febrero de 2008 los legisladores aprobaron el decreto 22172, "que autoriza el precio de adquisición de las formas valoradas que tiene a la venta el Congreso local por conducto de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ)".
"Además, en noviembre de ese mismo año, el Poder Legislativo aprobó un punto de acuerdo a través del cual determinó que el control de dichos formatos lo tendría la Comisión de Administración y no la ASEJ", expuso.
Especificó que de acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, las entidades fiscalizables estatales y municipales deberán adquirir ante el Congreso local las formas valoradas y recibos de cobro de ingreso de las haciendas públicas estatal y municipal.
Esto, previo pago de los derechos correspondientes previstos en la Ley de ingresos del gobierno del estado, para el ejercicio fiscal que corresponda.
Vargas López explicó que le compete al Congreso local la entrega de estos formatos y que los entes fiscalizables tengan estos documentos oficiales a través del Poder Legislativo.
"Motivo por el cual el Congreso tiene la obligación de emitir las formas valoradas como ente fiscalizador y corresponde a las entidades fiscalizables la adquisición de las mismas", enfatizó.
Indicó que los señalamientos que hizo Jiménez Barba pueden confundir o causar error en el obrar de los sujetos obligados fiscalizables al no adquirir estos formatos, por lo que responsabiliza a la funcionaria de cualquier problema legal y económico que esta situación pueda provocar al Poder Legislativo.
Resaltó que las acciones que ha hecho al respecto la Secretaría de Finanzas se desprende una serie de acciones y conductas ilícitas tipificadas y sancionadas por el Código Penal del Estado.
"Tal es el caso de delitos, como desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, peculado, defraudación fiscal, desobediencia o resistencia de particulares, entre otros", refirió.
Síguenos en