Jalisco
Pleito entre sindicatos de pepenadores provoca bloqueo vial
Existe confrontación en el manejo y tratamiento de los residuos
GUADALAJARA, JALISCO (25/OCT/2012).- El bloqueo vial de pepenadores ante la oficina de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades) puso al descubierto confrontaciones gremiales no resueltas en el manejo y tratamiento de los residuos, al enfrentarse sindicatos afiliados a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que se disputan el control de la separación de la basura en la planta de transferencia de La Cajilota, en el municipio de Tlajomulco.
El conflicto sindical lo protagonizan las dirigentes Anaí Puga Casillas (lideresa de la planta en Tlajomulco y respaldada por Alfredo Barba Hernández) y su contraparte Araceli Batres (dirigente de los rellenos del camino a Matatlán y Los Laureles y apoyada por Antonio Álvarez Esparza), las que se adjudican tener el respaldo legal a su favor para operar la pepena de la basura.
De parte de Semades, el titular de la Dirección General de Protección Ambiental, Ernesto Naranjo Castellanos, refirió que su dependencia no puede actuar ante lo que es un conflicto laboral entre las partes involucradas, como la concesionaria del tratamiento de la basura y los sindicatos de pepenadores.
Araceli Batres se queja de que la concesionaria ha perjudicado a su sindicato al negarles la pepena en Tlajomulco. Por su parte, Anaí Puga acusa que de parte de Batres "hay una actuación de avaricia, dado que no se conforma con manejar a los pepenadores de Matatlán y los Laureles". Puga dice actuar "con respaldo legal en su sindicato que integra a 150 pepenadores".
Puga incluso acusó a Batres "de invadir propiedad privada en Los Laureles". La acusada negó tal argumento y dijo "que se tiene contrato para el trabajo mientras dure la vida útil de este relleno. Trabajamos conforme a derecho".
Naranjo Castellanos refirió que al menos la planta de la Cajilota recibe unas 120 toneladas al día y ha cumplido la tarea de reducir viajes de residuos desde Tlajomulco al relleno de Los Laureles en el municipio de El Salto; ya antes se tenían que dar de 20 a 25 viajes, mientras que ahora sólo se hacen de cinco a seis.
De parte del Ayuntamiento de Tlajomulco, su director jurídico, Eric Tapia, aseveró que la autoridad municipal es ajena al conflicto entre la concesionaria y los pepenadores. Explicó que la planta de transferencia instalada en La Cajilota tiene permiso de Semades y licencia municipal, y trabaja con normalidad, y su funcionamiento ha sido positivo para el municipio.
Expresó que la concesionaria cuenta con una suspensión que prohíbe al ayuntamiento hacer alguna modificación administrativa del funcionamiento de la planta de transferencia.
La Cajilota se encuentra cerca de la cabecera municipal, en la cercanía del edificio de la policía municipal, por la prolongación de la calle Escobedo y la carretera a Cajititlán.
Papel de Semades
El funcionario de la Semades resaltó que la actuación de esta dependencia se concreta en la recolección, manejo y disposición final de los desechos, "porque no es autoridad laboral, ni jurisdiccional, para resolver los litigios".
Apuntó que "hay juicios en proceso, tanto de parte de los pepenadores, como de la concesionaria, que habrán de resolverse por la autoridad competente que de momento limitan para actuar".
Afirmó que se ha autorizado el funcionamiento de una planta de transferencia en La Cajilota, pero deben hacerse de parte de la concesionaria unas adecuaciones para sus instalaciones que funcionarán en forma definitiva en Tlajomulco, luego de que ha funcionado desde agosto pasado.
Hizo mención que en La Cajilota no se separa la totalidad de la basura de Tlajomulco, sino solamente una parte, dado que de algunas de este municipio se lleva en forma directa la basura al relleno de Los Laureles
Sobre los argumentos de Anaí Puga, de que su contraparte ha incurrido en invadir propiedades privadas en el relleno de los Laureles, refirió que esto habrá de definirlo la autoridad judicial competente y hacer que esto se revierta por los autores involucrados, ya sea la autoridad municipal que presuntamente haya propiciado tal irregularidad, lo que sería motivo de una acusación de carácter civil por violación de un convenio en el tratamiento de la basura.
Abundó en que el papel de la Semades se limita a vigilar la operación de los residuos, lo que se complementa con visitas de inspección de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa).
Bloqueo de tres horas
El cruce de las avenidas Circunvalación Álvarez del Castillo y Plan de San Luis fue objeto de un bloqueo de tres horas que impidió la circulación de vehículos con la consecuente afectación a la ciudadanía.
El sindicato de la CROC contrató a nueve camiones de una empresa de transporte personal que llevaron a los quejosos frente al edificio de la Semades. Los pepenadores solo dejaron cruzar a personas en bicicleta y negaron el paso a automovilistas y motociclistas, recurriendo a las agresiones verbales contra los intentaban cruzar por ahí ante la actuación pasiva de agentes de vialidad y de la policía tapatía.
EL INFORMADOR / SALVADOR Y MALDONADO
El conflicto sindical lo protagonizan las dirigentes Anaí Puga Casillas (lideresa de la planta en Tlajomulco y respaldada por Alfredo Barba Hernández) y su contraparte Araceli Batres (dirigente de los rellenos del camino a Matatlán y Los Laureles y apoyada por Antonio Álvarez Esparza), las que se adjudican tener el respaldo legal a su favor para operar la pepena de la basura.
De parte de Semades, el titular de la Dirección General de Protección Ambiental, Ernesto Naranjo Castellanos, refirió que su dependencia no puede actuar ante lo que es un conflicto laboral entre las partes involucradas, como la concesionaria del tratamiento de la basura y los sindicatos de pepenadores.
Araceli Batres se queja de que la concesionaria ha perjudicado a su sindicato al negarles la pepena en Tlajomulco. Por su parte, Anaí Puga acusa que de parte de Batres "hay una actuación de avaricia, dado que no se conforma con manejar a los pepenadores de Matatlán y los Laureles". Puga dice actuar "con respaldo legal en su sindicato que integra a 150 pepenadores".
Puga incluso acusó a Batres "de invadir propiedad privada en Los Laureles". La acusada negó tal argumento y dijo "que se tiene contrato para el trabajo mientras dure la vida útil de este relleno. Trabajamos conforme a derecho".
Naranjo Castellanos refirió que al menos la planta de la Cajilota recibe unas 120 toneladas al día y ha cumplido la tarea de reducir viajes de residuos desde Tlajomulco al relleno de Los Laureles en el municipio de El Salto; ya antes se tenían que dar de 20 a 25 viajes, mientras que ahora sólo se hacen de cinco a seis.
De parte del Ayuntamiento de Tlajomulco, su director jurídico, Eric Tapia, aseveró que la autoridad municipal es ajena al conflicto entre la concesionaria y los pepenadores. Explicó que la planta de transferencia instalada en La Cajilota tiene permiso de Semades y licencia municipal, y trabaja con normalidad, y su funcionamiento ha sido positivo para el municipio.
Expresó que la concesionaria cuenta con una suspensión que prohíbe al ayuntamiento hacer alguna modificación administrativa del funcionamiento de la planta de transferencia.
La Cajilota se encuentra cerca de la cabecera municipal, en la cercanía del edificio de la policía municipal, por la prolongación de la calle Escobedo y la carretera a Cajititlán.
Papel de Semades
El funcionario de la Semades resaltó que la actuación de esta dependencia se concreta en la recolección, manejo y disposición final de los desechos, "porque no es autoridad laboral, ni jurisdiccional, para resolver los litigios".
Apuntó que "hay juicios en proceso, tanto de parte de los pepenadores, como de la concesionaria, que habrán de resolverse por la autoridad competente que de momento limitan para actuar".
Afirmó que se ha autorizado el funcionamiento de una planta de transferencia en La Cajilota, pero deben hacerse de parte de la concesionaria unas adecuaciones para sus instalaciones que funcionarán en forma definitiva en Tlajomulco, luego de que ha funcionado desde agosto pasado.
Hizo mención que en La Cajilota no se separa la totalidad de la basura de Tlajomulco, sino solamente una parte, dado que de algunas de este municipio se lleva en forma directa la basura al relleno de Los Laureles
Sobre los argumentos de Anaí Puga, de que su contraparte ha incurrido en invadir propiedades privadas en el relleno de los Laureles, refirió que esto habrá de definirlo la autoridad judicial competente y hacer que esto se revierta por los autores involucrados, ya sea la autoridad municipal que presuntamente haya propiciado tal irregularidad, lo que sería motivo de una acusación de carácter civil por violación de un convenio en el tratamiento de la basura.
Abundó en que el papel de la Semades se limita a vigilar la operación de los residuos, lo que se complementa con visitas de inspección de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa).
Bloqueo de tres horas
El cruce de las avenidas Circunvalación Álvarez del Castillo y Plan de San Luis fue objeto de un bloqueo de tres horas que impidió la circulación de vehículos con la consecuente afectación a la ciudadanía.
El sindicato de la CROC contrató a nueve camiones de una empresa de transporte personal que llevaron a los quejosos frente al edificio de la Semades. Los pepenadores solo dejaron cruzar a personas en bicicleta y negaron el paso a automovilistas y motociclistas, recurriendo a las agresiones verbales contra los intentaban cruzar por ahí ante la actuación pasiva de agentes de vialidad y de la policía tapatía.
EL INFORMADOR / SALVADOR Y MALDONADO
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