Jalisco
Piedras del Puente de Arcediano, en Guanajuato
El INAH esperará la llegada de la administración de Aristóteles Sandoval para pedir que se recupere el patrimonio
GUADALAJARA, JALISCO (07/FEB/2013).- Los históricos materiales del Puente de Arcediano no están en la estructura ni en territorio estatal. Las piedras, que debió resguardar la Comisión Estatal del Agua (CEA), se encuentran en León, Guanajuato, en alguna sede de las empresas que participaron en las obras de remoción y reconstrucción del paso. Sin embargo, ninguna de las firmas contratadas específica representación en el vecino Estado.
Las desarrolladoras que trabajaron en el proyecto son D'Concrefocc, de Colima; Breysa Constructora, de Jalisco; Dimpa Ingeniería y Construcciones, de Nayarit; e Innovar Constructora, de Jalisco.
El perito de la delegación Jalisco del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Ignacio Gómez Arriola, comentó que por información proporcionada a la dependencia "se supone" que la ubicación de las piedras inventariadas es un patio de una de las constructoras, que tendría representación en León.
Con el proyecto de la Presa de Arcediano, el INAH autorizó la demolición del puente de la segunda mitad del siglo XX con la condición de que la nueva estructura rescatara el diseño de 1894, autoría del ingeniero Salvador Collado e integrara a la estructura los materiales originales, éste último punto fue ignorado por la Comisión Estatal del Agua.
El Instituto hasta el momento sólo ha solicitado la colocación de las piedras y el siguiente paso será la emisión de un oficio para solicitarle a la CEA que cumpla con el acuerdo. Sin embargo, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos establece en su Artículo 50 que "al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico o un monumento histórico mueble y que éste se haya encontrado en o que proceda de un inmueble a los que se refiere la fracción I del artículo 36, se le impondrá prisión de uno a seis años y multa de cien a cincuenta mil pesos".
La fracción I del Artículo 36 señala que son monumentos históricos: "los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX". El problema es que el puente demolido data de la segunda mitad del siglo XX, por lo que esta legislación no incluye su protección, pero la Secretaría de Cultura estaría obligada conservar este patrimonio.
Gómez Arriola comentó que es necesario revisar "meticulosamente" la Ley por la "singularidad" del caso, ya que "no se desmontó un monumento completo, como en el caso de otros sitios que se ha recuperado piedra por piedra y se colocaron en otro lado. Se tendría que hacer una revisión jurídica, lo que sí está es el acuerdo y éste tiene que cumplirse".
La coordinadora de la Dirección de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Violeta Ponce, explicó que la dependencia estatal no participó en la supervisión de la obra porque el INAH se hizo cargo del proyecto debido a que el monumento data de finales del siglo XIX.
Además porque el Instituto desarrolló la investigación para la salvaguarda de la estructura.
Para el también arquitecto es mejor el diálogo, pero éste no será con la actual administración, sino con la nueva administración, encabezada por el priista Aristóteles Sandoval.
Ignacio Gómez Arriola detalló que la exigencia es la liberación del camino, el cual está custodiado por retenes, "éste es el punto principal y si no quieren poner las piedras, pues sería lo de menos, pero el tema es de orden social porque implicó la cancelación y el movimiento de un pueblo entero, que se llamaba Arcediano".
EL INFORMADOR / MAYRA TORRES
Las desarrolladoras que trabajaron en el proyecto son D'Concrefocc, de Colima; Breysa Constructora, de Jalisco; Dimpa Ingeniería y Construcciones, de Nayarit; e Innovar Constructora, de Jalisco.
El perito de la delegación Jalisco del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Ignacio Gómez Arriola, comentó que por información proporcionada a la dependencia "se supone" que la ubicación de las piedras inventariadas es un patio de una de las constructoras, que tendría representación en León.
Con el proyecto de la Presa de Arcediano, el INAH autorizó la demolición del puente de la segunda mitad del siglo XX con la condición de que la nueva estructura rescatara el diseño de 1894, autoría del ingeniero Salvador Collado e integrara a la estructura los materiales originales, éste último punto fue ignorado por la Comisión Estatal del Agua.
El Instituto hasta el momento sólo ha solicitado la colocación de las piedras y el siguiente paso será la emisión de un oficio para solicitarle a la CEA que cumpla con el acuerdo. Sin embargo, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos establece en su Artículo 50 que "al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico o un monumento histórico mueble y que éste se haya encontrado en o que proceda de un inmueble a los que se refiere la fracción I del artículo 36, se le impondrá prisión de uno a seis años y multa de cien a cincuenta mil pesos".
La fracción I del Artículo 36 señala que son monumentos históricos: "los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX". El problema es que el puente demolido data de la segunda mitad del siglo XX, por lo que esta legislación no incluye su protección, pero la Secretaría de Cultura estaría obligada conservar este patrimonio.
Gómez Arriola comentó que es necesario revisar "meticulosamente" la Ley por la "singularidad" del caso, ya que "no se desmontó un monumento completo, como en el caso de otros sitios que se ha recuperado piedra por piedra y se colocaron en otro lado. Se tendría que hacer una revisión jurídica, lo que sí está es el acuerdo y éste tiene que cumplirse".
La coordinadora de la Dirección de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Violeta Ponce, explicó que la dependencia estatal no participó en la supervisión de la obra porque el INAH se hizo cargo del proyecto debido a que el monumento data de finales del siglo XIX.
Además porque el Instituto desarrolló la investigación para la salvaguarda de la estructura.
Para el también arquitecto es mejor el diálogo, pero éste no será con la actual administración, sino con la nueva administración, encabezada por el priista Aristóteles Sandoval.
Ignacio Gómez Arriola detalló que la exigencia es la liberación del camino, el cual está custodiado por retenes, "éste es el punto principal y si no quieren poner las piedras, pues sería lo de menos, pero el tema es de orden social porque implicó la cancelación y el movimiento de un pueblo entero, que se llamaba Arcediano".
EL INFORMADOR / MAYRA TORRES
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