Jalisco
Piden tiempo para evaluar a la Ley de Transparencia
El Itei defiende las labores de promoción que realiza
GUADALAJARA, JALISCO (04/MAY/2014).- Para el consejero del Itei Francisco González, aún es prematuro hacer un balance de si la actual ley es un buen acicate para que se respete el acceso a la información, y habrá que darle dos o tres años para ver si está funcionando.
Mientras, dijo, el Itei está realizando una labor de promoción, que incluye un importante esfuerzo por capacitar a los funcionarios, a través de los diplomados en materia de transparencia que actualmente se imparten, así como de una maestría y una especialidad que están afinándose y que podrían estar listas alrededor de septiembre.
A esto hay que sumar otras actividades como los concursos de ensayo, cuentos y cortometrajes que impulsa el instituto, a fin de promover entre los ciudadanos el uso de la ley tanto para acceder a información pública como para exigir el resguardo de la propia.
Pero el ex presidente del organismo y actual regidor de Zapopan, Augusto Valencia, no es tan optimista sobre el avance de los jaliscienses en la cultura de la transparencia. “Hoy la gente tiene prioridades distintas; quienes usan la herramienta de acceso a la información han sido con mayor frecuencia los periodistas, los políticos de oposición o los propios gobernantes para presionar a sus equipos de trabajo; también se utiliza por algunos académicos, pero no es una herramienta de uso cotidiano”.
“La gente quiere servicios públicos, la gente quiere seguridad, la gente quiere trabajo, y no se alcanza a percibir la fortaleza que le da a los ciudadanos saber utilizar una herramienta como el derecho al acceso a la información”.
La fortaleza del instituto era precisamente que todas sus resoluciones eran inatacables, por lo que en ese sentido la más reciente reforma a la Ley de Transparencia —que permite combatir un fallo ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado— es un retroceso, afirmó el regidor.
Además, el actual consejo difícilmente hace señalamientos contundentes para señalar a los actores políticos o funcionarios que no están entregando la información, lo que elimina un incentivo para que la ley se cumpla: “En el 2000 se dio una apertura muy desbocada, sin muchas reglas, buscando la competencia entre los estados para ver quién podía diseñar el mejor marco normativo y colgarse la estrellita, y ahora estamos viendo lo contrario”.
Despartidizar el consejo
Un aspecto destacable de la actual Ley de Transparencia es que promueve la creación de un consejo consultivo, esto es, un órgano colegiado y plural, integrado por varios sectores de la sociedad civil, que tiene como propósito opinar, analizar y hacer propuestas al Congreso del Estado y al propio Instituto, en materia de transparencia y acceso a la información.
“Es el que va a establecer las reglas del juego para elegir a los nuevos consejeros del Itei”, explicó José Bautista, coordinador del Programa de Empoderamiento y Conflictividad Social del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO.
“Esto lo que pretende hacer es despartidizar o ponerle más límites a la intervención de los partidos políticos a la designación de los consejeros”.
El Consejo debe sesionar cuando menos una vez cada tres meses y debe integrarse por tres representantes de organismos empresariales, seis de universidades locales, dos ciudadanos “con reconocimiento moral y experiencia en transparencia”, y tres representantes de la sociedad civil.
El cargo como integrante del Consejo Consultivo es honorífico y no remunerado.
LA NORMA APLICADA
Ley de Transparencia de Jalisco
> Artículo 119. Infracciones
1. Son infracciones administrativas de los titulares de los sujetos obligados:
III. No publicar de forma completa la información fundamental que le corresponda;
> Artículo 124. Responsabilidad administrativa
1. Independientemente de la sanción que aplique el Instituto, éste deberá presentar ante las autoridades competentes denuncia en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos para que, de ser procedente, se sancione al servidor público de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. En el caso de que se imponga como sanción la inhabilitación, ésta no podrá ser menor a tres años.
> Artículo 125. Sanciones e impugnación
1. Las sanciones administrativas que establece este capítulo serán combatibles mediante el juicio de nulidad seguido ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado.
• HABRÁ NUEVO PADRÓN DE SANCIONADOS, ARGUMENTAN
Incumplen ley... para mejorar
El Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (Itei) tiene como obligación legal hacer públicas las sanciones que ha impuesto, aunque no se las hayan requerido, pero, debido a lo que afirma que es un esfuerzo por mejorar el acceso a estos datos, la incumplió por poco más de una semana.
El artículo 12 fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado ubica a esta relación de castigos como información fundamental, es decir, la que debe “publicarse y difundirse de manera universal, permanente, actualizada y, en el caso de la información electrónica, a través de formatos amigables para el ciudadano, por ministerio de ley, sin que se requiera solicitud de parte interesada”.
La sanción por no hacerla pública es una multa de 50 a 500 días de salario mínimo, es decir, de tres mil 364.50 a 33 mil 650 pesos.
Aunque reconoció el incumplimiento de la ley por unos días “para efectos de actualización”, la presidenta del instituto, Cynthia Patricia Cantero, dijo que es un paso previo a la creación de un padrón público que permita revisar todo el historial de los sujetos obligados sancionados: “Cualquier ciudadano va a poder accesar (sic) a este padrón”. Estará listo antes de la mitad del año, calculó.
Mientras, dijo, el Itei está realizando una labor de promoción, que incluye un importante esfuerzo por capacitar a los funcionarios, a través de los diplomados en materia de transparencia que actualmente se imparten, así como de una maestría y una especialidad que están afinándose y que podrían estar listas alrededor de septiembre.
A esto hay que sumar otras actividades como los concursos de ensayo, cuentos y cortometrajes que impulsa el instituto, a fin de promover entre los ciudadanos el uso de la ley tanto para acceder a información pública como para exigir el resguardo de la propia.
Pero el ex presidente del organismo y actual regidor de Zapopan, Augusto Valencia, no es tan optimista sobre el avance de los jaliscienses en la cultura de la transparencia. “Hoy la gente tiene prioridades distintas; quienes usan la herramienta de acceso a la información han sido con mayor frecuencia los periodistas, los políticos de oposición o los propios gobernantes para presionar a sus equipos de trabajo; también se utiliza por algunos académicos, pero no es una herramienta de uso cotidiano”.
“La gente quiere servicios públicos, la gente quiere seguridad, la gente quiere trabajo, y no se alcanza a percibir la fortaleza que le da a los ciudadanos saber utilizar una herramienta como el derecho al acceso a la información”.
La fortaleza del instituto era precisamente que todas sus resoluciones eran inatacables, por lo que en ese sentido la más reciente reforma a la Ley de Transparencia —que permite combatir un fallo ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado— es un retroceso, afirmó el regidor.
Además, el actual consejo difícilmente hace señalamientos contundentes para señalar a los actores políticos o funcionarios que no están entregando la información, lo que elimina un incentivo para que la ley se cumpla: “En el 2000 se dio una apertura muy desbocada, sin muchas reglas, buscando la competencia entre los estados para ver quién podía diseñar el mejor marco normativo y colgarse la estrellita, y ahora estamos viendo lo contrario”.
Despartidizar el consejo
Un aspecto destacable de la actual Ley de Transparencia es que promueve la creación de un consejo consultivo, esto es, un órgano colegiado y plural, integrado por varios sectores de la sociedad civil, que tiene como propósito opinar, analizar y hacer propuestas al Congreso del Estado y al propio Instituto, en materia de transparencia y acceso a la información.
“Es el que va a establecer las reglas del juego para elegir a los nuevos consejeros del Itei”, explicó José Bautista, coordinador del Programa de Empoderamiento y Conflictividad Social del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO.
“Esto lo que pretende hacer es despartidizar o ponerle más límites a la intervención de los partidos políticos a la designación de los consejeros”.
El Consejo debe sesionar cuando menos una vez cada tres meses y debe integrarse por tres representantes de organismos empresariales, seis de universidades locales, dos ciudadanos “con reconocimiento moral y experiencia en transparencia”, y tres representantes de la sociedad civil.
El cargo como integrante del Consejo Consultivo es honorífico y no remunerado.
LA NORMA APLICADA
Ley de Transparencia de Jalisco
> Artículo 119. Infracciones
1. Son infracciones administrativas de los titulares de los sujetos obligados:
III. No publicar de forma completa la información fundamental que le corresponda;
> Artículo 124. Responsabilidad administrativa
1. Independientemente de la sanción que aplique el Instituto, éste deberá presentar ante las autoridades competentes denuncia en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos para que, de ser procedente, se sancione al servidor público de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. En el caso de que se imponga como sanción la inhabilitación, ésta no podrá ser menor a tres años.
> Artículo 125. Sanciones e impugnación
1. Las sanciones administrativas que establece este capítulo serán combatibles mediante el juicio de nulidad seguido ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado.
• HABRÁ NUEVO PADRÓN DE SANCIONADOS, ARGUMENTAN
Incumplen ley... para mejorar
El Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (Itei) tiene como obligación legal hacer públicas las sanciones que ha impuesto, aunque no se las hayan requerido, pero, debido a lo que afirma que es un esfuerzo por mejorar el acceso a estos datos, la incumplió por poco más de una semana.
El artículo 12 fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado ubica a esta relación de castigos como información fundamental, es decir, la que debe “publicarse y difundirse de manera universal, permanente, actualizada y, en el caso de la información electrónica, a través de formatos amigables para el ciudadano, por ministerio de ley, sin que se requiera solicitud de parte interesada”.
La sanción por no hacerla pública es una multa de 50 a 500 días de salario mínimo, es decir, de tres mil 364.50 a 33 mil 650 pesos.
Aunque reconoció el incumplimiento de la ley por unos días “para efectos de actualización”, la presidenta del instituto, Cynthia Patricia Cantero, dijo que es un paso previo a la creación de un padrón público que permita revisar todo el historial de los sujetos obligados sancionados: “Cualquier ciudadano va a poder accesar (sic) a este padrón”. Estará listo antes de la mitad del año, calculó.
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