Jalisco
Piden salida de procuradora social por presuntos abusos a detenidos
El presidente del Colegio de Abogados de Jalisco dice que Felicitas Velázquez no cumple su trabajo al permitir que torturen a detenidos
GUADALAJARA, JALISCO (30/JUN/2015).- Por presuntas violaciones a los derechos de los detenidos, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco, José Luis Guízar Abarca, exigió la salida de la procuradora Social, Felicitas Velázquez Serrano, quien a su juicio es omisa en la supervisión del correcto desempeño de los defensores de oficio, quienes deben vigilar que no se cometan abusos contra las personas que llegan ante el Ministerio Público.
El legista aseveró que en al menos nueve de cada diez casos las personas detenidas son sometidas a tortura para lograr que declare lo que convenga a las autoridades: "La gente que llega a la penal llegan golpeados y les pregunto yo, '¿quiénes estuvieron presentes en el momento en el que te tomaron tu declaración?'; 'Pues no, el agente del Ministerio Público y el que escribe, nada más'; '¿Y tu defensor?'; 'No, nunca estuvo presente'".
Las presuntas omisiones de los empleados de la Procuraduría Social se deben en gran parte a que no son supervisados de la manera correcta, advirtió Guízar, y esto es responsabilidad del titular de la dependencia: "Los defensores de oficio en la (Calle) 14 no hacen su trabajo. Nunca están presentes en el momento en el que los reos rinden su declaración, por eso la mayoría de los reos llegan a la penal golpeados. Existe la tortura en la 14".
Según números proporcionados por la Procuraduría Social, en 2014 contaban con 57 defensores en el Penal de Puente Grande y las instalaciones de la Fiscalía General en la Calle 14, quienes atendían unos 100 nuevos casos por día. La dependencia estima que cada defensor trabajaba 300 casos al año. Sin embargo, para este año se contará con 194 defensores más.
Con independencia de la carga laboral, los señalamientos de Guízar son sobre la precaria atención que dan a los detenidos y que es evidente en lo común de los casos de tortura: "Quiere decir que los defensores de oficio o no están presentes en el momento en el que los detenidos declaran o bien son comparsas de los agentes del Ministerio Público. Porque el defensor de oficio cómo va a permitir que al reo lo golpeen estando presente. Eso es en contra de los derechos humanos y de la propia Constitución".
Así, de no supervisar y exigir a los defensores que defiendan a los detenidos, el abogado pidió el cambio en la titularidad de la Procuraduría Social: "Nosotros estamos pidiendo que lo cambien y que el que venga haga su trabajo y que por lo tanto ordene a todos sus subordinados que hagan su trabajo, pero para ello tienen que estar vigilando a todas esas personas que sí vayan en primer lugar a cumplir con su trabajo y que lo hagan bien. Porque le tienen miedo a los (agentes) investigadores, y no, pues lo golpean y no dicen nada. Se necesitan defensores de oficio valientes ahí".
Anticipó que ya prepara un convenio para que el Colegio otorgue defensorías gratuitas.
El legista aseveró que en al menos nueve de cada diez casos las personas detenidas son sometidas a tortura para lograr que declare lo que convenga a las autoridades: "La gente que llega a la penal llegan golpeados y les pregunto yo, '¿quiénes estuvieron presentes en el momento en el que te tomaron tu declaración?'; 'Pues no, el agente del Ministerio Público y el que escribe, nada más'; '¿Y tu defensor?'; 'No, nunca estuvo presente'".
Las presuntas omisiones de los empleados de la Procuraduría Social se deben en gran parte a que no son supervisados de la manera correcta, advirtió Guízar, y esto es responsabilidad del titular de la dependencia: "Los defensores de oficio en la (Calle) 14 no hacen su trabajo. Nunca están presentes en el momento en el que los reos rinden su declaración, por eso la mayoría de los reos llegan a la penal golpeados. Existe la tortura en la 14".
Según números proporcionados por la Procuraduría Social, en 2014 contaban con 57 defensores en el Penal de Puente Grande y las instalaciones de la Fiscalía General en la Calle 14, quienes atendían unos 100 nuevos casos por día. La dependencia estima que cada defensor trabajaba 300 casos al año. Sin embargo, para este año se contará con 194 defensores más.
Con independencia de la carga laboral, los señalamientos de Guízar son sobre la precaria atención que dan a los detenidos y que es evidente en lo común de los casos de tortura: "Quiere decir que los defensores de oficio o no están presentes en el momento en el que los detenidos declaran o bien son comparsas de los agentes del Ministerio Público. Porque el defensor de oficio cómo va a permitir que al reo lo golpeen estando presente. Eso es en contra de los derechos humanos y de la propia Constitución".
Así, de no supervisar y exigir a los defensores que defiendan a los detenidos, el abogado pidió el cambio en la titularidad de la Procuraduría Social: "Nosotros estamos pidiendo que lo cambien y que el que venga haga su trabajo y que por lo tanto ordene a todos sus subordinados que hagan su trabajo, pero para ello tienen que estar vigilando a todas esas personas que sí vayan en primer lugar a cumplir con su trabajo y que lo hagan bien. Porque le tienen miedo a los (agentes) investigadores, y no, pues lo golpean y no dicen nada. Se necesitan defensores de oficio valientes ahí".
Anticipó que ya prepara un convenio para que el Colegio otorgue defensorías gratuitas.
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