Jalisco
Piden retomar el proyecto para crear ''albergue puente''
El objetivo es contar con un lugar a donde puedan ir los menores que acompañan a quienes son detenidos por un delito
GUADALAJARA, JALISCO (24/MAR/2013).- Pasa con frecuencia. El o los presuntos culpables de un delito son acompañados por sus hijos al momento de la detención. ¿Qué sucede con el menor en ese lapso? ¿Dónde pasa la noche? ¿Quién se hace responsable
La ex procuradora social en la anterior administración estatal, Beatriz Martínez Sánchez, dice que durante el sexenio pasado se vieron en la necesidad de ir a tocar las puertas de los albergues para que aceptaran a los niños que estaban en compañía de estos presuntos culpables; aunque al final terminaban encontrándoles acomodo, no es la mejor situación para el menor.
Por este motivo, la ex funcionaria pide retomar el proyecto que alguna vez presentó la Procuraduría General de Justicia para la creación de un “albergue puente”; un lugar donde los menores puedan pasar la noche después de que sus padres o tutores sean detenidos, y que al siguiente día un equipo de trabajadores sociales pueda salir a la calle para buscar a sus familiares cercanos y tratar que éstos asuman la responsabilidad del menor.
Aunque Beatriz Martínez dice que se ha dado celeridad a las averiguaciones previas contra los familiares de estos niños y adolescentes, aún puede ser cuestión de meses los que pasen éstos en un albergue a la espera de que se resuelva la situación.
Cuando los trabajadores sociales asisten a los albergues para dejar a un menor en el escenario antes mencionado, generalmente estas instituciones los aceptan para que no se queden en la calle. Esto termina por generar sobrecupo, otra razón por la que la ex procuradora afirma que es necesario ese “albergue puente”.
Al cumplir los 18 años
En los albergues hay desde niños recién nacidos hasta jóvenes de 17 años. Después, nada. La ex procuradora dice que no existen en el Estado casas de asistencia social que ayuden a los jóvenes que han cumplido la mayoría de edad a reintegrarse a la sociedad.
“De los 18 años en adelante no tenemos desafortunadamente ningún albergue en el Estado, y digo desafortunadamente porque los chicos que han estado en albergue toda su vida, pues es su familia, su lugar. A la hora que cumplen 18 años ya no hay algún centro que les dé seguimiento para un desarrollo integral en una etapa difícil como es la juventud”.
La ex funcionaria dice que muchas veces el esfuerzo del Estado y de la sociedad organizada se ve reducido a nada. Aunque estas personas recibieron servicios de salud, educación, alimentación y otros cumplimientos de sus derechos, de poco sirve si terminan viviendo en la calle a falta de otras opciones después de abandonar el albergue.
El más señalado por Derechos Humanos
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) dice que ha estado al pendiente de la situación de los albergues. De agosto de 2007 a la fecha ha emitido seis recomendaciones por las fallas que han tenido estas instituciones; “Nacidos para triunfar”, albergue registrado como Asociación Civil, ha tenido cuatro de estos casos. Incluso, desde hace dos años, tanto el DIF, como el Consejo Estatal de Familia, han insistido que en esta casa hogar existe maltrato hacia los menores.
Fernando Zambrano Paredes, encargado de dar seguimiento a recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dice que el punto coincidente en estas recomendaciones es la violación del derecho de los niños que se encuentran en un abandono institucional, ya que las autoridades no deben encargarse sólo de su resguardo, sino de cubrir el derecho a la salud, educación, alimentación, desarrollo, el derecho a contar con un nombre, nacionalidad, libertad de expresión y otros.
El funcionario señala que la dependencia que más ha fallado este punto es el Consejo Estatal de Familia. Incluso, el día de su sexto informe al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián resaltó: “En los últimos dos años acreditamos ocho casos de violación de los derechos de 43 infantes, casi todos por abandono institucional del Consejo Estatal de Familia, que dejó al arbitrio de particulares una función del Estado”.
El informe también destaca que a raíz de estos hechos, Claudia Corona, ex titular del Consejo Estatal de Familia, fue inhabilitada para ejercer cualquier cargo público durante un año.
Zambrano Paredes afirma que la mayoría de las recomendaciones emitidas por la CEDHJ fueron aceptadas en su totalidad, pero aún quedan algunos puntos pendientes por cumplir, como cambios en prácticas administrativas y la elaboración de manuales de protocolos.
“El Consejo Estatal de Familia tiene que realizar las acciones jurídicas inherentes a registrar a los menores. Que los registre, que no dejen pasar dos o tres años. Que exista un seguimiento como tal. Deben tener un padrón actualizado de los niños a disposición del consejo. Un padrón donde estén todos los datos del menor y todos los factores que estén obligados a verificar”.
La ex procuradora social en la anterior administración estatal, Beatriz Martínez Sánchez, dice que durante el sexenio pasado se vieron en la necesidad de ir a tocar las puertas de los albergues para que aceptaran a los niños que estaban en compañía de estos presuntos culpables; aunque al final terminaban encontrándoles acomodo, no es la mejor situación para el menor.
Por este motivo, la ex funcionaria pide retomar el proyecto que alguna vez presentó la Procuraduría General de Justicia para la creación de un “albergue puente”; un lugar donde los menores puedan pasar la noche después de que sus padres o tutores sean detenidos, y que al siguiente día un equipo de trabajadores sociales pueda salir a la calle para buscar a sus familiares cercanos y tratar que éstos asuman la responsabilidad del menor.
Aunque Beatriz Martínez dice que se ha dado celeridad a las averiguaciones previas contra los familiares de estos niños y adolescentes, aún puede ser cuestión de meses los que pasen éstos en un albergue a la espera de que se resuelva la situación.
Cuando los trabajadores sociales asisten a los albergues para dejar a un menor en el escenario antes mencionado, generalmente estas instituciones los aceptan para que no se queden en la calle. Esto termina por generar sobrecupo, otra razón por la que la ex procuradora afirma que es necesario ese “albergue puente”.
Al cumplir los 18 años
En los albergues hay desde niños recién nacidos hasta jóvenes de 17 años. Después, nada. La ex procuradora dice que no existen en el Estado casas de asistencia social que ayuden a los jóvenes que han cumplido la mayoría de edad a reintegrarse a la sociedad.
“De los 18 años en adelante no tenemos desafortunadamente ningún albergue en el Estado, y digo desafortunadamente porque los chicos que han estado en albergue toda su vida, pues es su familia, su lugar. A la hora que cumplen 18 años ya no hay algún centro que les dé seguimiento para un desarrollo integral en una etapa difícil como es la juventud”.
La ex funcionaria dice que muchas veces el esfuerzo del Estado y de la sociedad organizada se ve reducido a nada. Aunque estas personas recibieron servicios de salud, educación, alimentación y otros cumplimientos de sus derechos, de poco sirve si terminan viviendo en la calle a falta de otras opciones después de abandonar el albergue.
El más señalado por Derechos Humanos
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) dice que ha estado al pendiente de la situación de los albergues. De agosto de 2007 a la fecha ha emitido seis recomendaciones por las fallas que han tenido estas instituciones; “Nacidos para triunfar”, albergue registrado como Asociación Civil, ha tenido cuatro de estos casos. Incluso, desde hace dos años, tanto el DIF, como el Consejo Estatal de Familia, han insistido que en esta casa hogar existe maltrato hacia los menores.
Fernando Zambrano Paredes, encargado de dar seguimiento a recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dice que el punto coincidente en estas recomendaciones es la violación del derecho de los niños que se encuentran en un abandono institucional, ya que las autoridades no deben encargarse sólo de su resguardo, sino de cubrir el derecho a la salud, educación, alimentación, desarrollo, el derecho a contar con un nombre, nacionalidad, libertad de expresión y otros.
El funcionario señala que la dependencia que más ha fallado este punto es el Consejo Estatal de Familia. Incluso, el día de su sexto informe al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián resaltó: “En los últimos dos años acreditamos ocho casos de violación de los derechos de 43 infantes, casi todos por abandono institucional del Consejo Estatal de Familia, que dejó al arbitrio de particulares una función del Estado”.
El informe también destaca que a raíz de estos hechos, Claudia Corona, ex titular del Consejo Estatal de Familia, fue inhabilitada para ejercer cualquier cargo público durante un año.
Zambrano Paredes afirma que la mayoría de las recomendaciones emitidas por la CEDHJ fueron aceptadas en su totalidad, pero aún quedan algunos puntos pendientes por cumplir, como cambios en prácticas administrativas y la elaboración de manuales de protocolos.
“El Consejo Estatal de Familia tiene que realizar las acciones jurídicas inherentes a registrar a los menores. Que los registre, que no dejen pasar dos o tres años. Que exista un seguimiento como tal. Deben tener un padrón actualizado de los niños a disposición del consejo. Un padrón donde estén todos los datos del menor y todos los factores que estén obligados a verificar”.
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