Piden reformas para aumentar multas a contribuyentes omisos
El Gobierno de Jalisco solicita al Congreso modificaciones en tres leyes, necesarias para incrementar los ingresos sin necesidad de nuevos impuestos
GUADALAJARA, JALISCO (04/NOV/2016).- Para que aumente la recaudación sin que lo hagan los impuestos, es necesario que el Congreso del Estado realice modificaciones a la Ley de Hacienda, al Código Fiscal y a la Ley de Coordinación Fiscal de Jalisco y sus Municipios.
El secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida, explicó que se presentó una reforma al Código Fiscal del Estado para establecer multas más fuertes a las personas que sean reincidentes en el incumplimiento de sus obligaciones fiscales y para localizar a los contribuyentes que cambian u ocultan su domicilio fiscal.
Con respecto a la Ley de Hacienda Municipal, el funcionario resaltó que “trae una reforma” que consiste en determinar con claridad la tabla para el cobro del Impuesto de Adquisición de Automotores Usados.
“Actualmente lo hacíamos mediante una circular. Lo que hicimos fue integrarlo a la ley y para evitar demandas de los contribuyentes ante los tribunales fiscales”.
Por último, Pérez Partida destacó que otra medida importante tiene que ver con la obligación de los patrones de retener el impuesto sobre las nóminas.
“Sobre todo en aquellas empresas outsourcing o insourcing. Estamos detectando muchos cambios de domicilio fiscal. Cuando una empresa contrata a otra para que le dé un servicio de trabajo, estas empresas no pagan. Lo que hicimos ahora es la obligación desde la empresa que le paga el servicio, retenerle el 2% para que lo entregue al Estado”.
Prevén 30 MDP para el Sistema anticorrupción
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 se prevé entregar 30 millones de pesos para la implementación del Sistema anticorrupción.
El 31 de octubre pasado, el Congreso local aprobó, en sesión extraordinaria y por unanimidad, las reformas constitucionales para la aplicación de este instrumento. Los legisladores contaron con el aval de 65 municipios. Con esta medida, todos los funcionarios públicos tendrán que publicar obligatoriamente sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
Las reformas también contemplan la instalación de la Fiscalía Anticorrupción en Jalisco, la creación de organismos de control y comités de vigilancia para la revisión de los actos de corrupción.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Hugo René Ruiz Esparza, afirmó que los trabajos de esta agenda no se agotan en estos cambios constitucionales, pues se deben aplicar reformas al Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco (TAE).
“El tema a fondo de la reestructuración del TAE y su transformación en el combate de los actos graves de corrupción, que se abordará en los próximos meses”.
Para el presidente de la Coparmex Jalisco, José Medina Mora, el Sistema anticorrupción ayudará a erradicar esta práctica en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y “en todos los procesos en los que hay intervención de ciudadanos con funcionarios públicos”.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Sistema “busca servir como un instrumento para fortalecer la integridad en el servicio público y erradicar la corrupción, ya que las instituciones existentes dejarán de actuar de manera individual y coordinarán esfuerzos para tomar decisiones a manera de sistema y poder establecer una política nacional de combate a la corrupción”.
Jalisco ejercerá 23 mil millones más que al inicio del sexenio
Para el próximo año, el Gobierno del Estado proyecta un monto de 100 mil 923 millones 903 mil pesos en su presupuesto (incluyendo los recursos autogenerados de sus organismos públicos), lo que significa una cantidad 10% superior a la de 2016, que fue de 90 mil 466 millones.
La del próximo año no sólo es la previsión más grande del sexenio, se traduce en 23 mil millones más que el presupuesto aprobado en 2013 (77 mil 667 millones), cuando inició la gestión de Aristóteles Sandoval (30% adicional).
Por lo que ve a los poderes Legislativo y Judicial, el Gobierno del Estado prevé dos mil 343 millones para ambos en 2017. Y aunque el segundo es el que más porcentaje de éstos recibirá (mil 337 contra mil 005), ninguno de ellos se ve ampliamente beneficiado con respecto al año en curso: su incremento proyectado es incluso menor a la inflación.
En 2014, el Poder Legislativo recibió 912 millones; el mismo año, el Judicial operó con mil 177.
En términos generales, 54.3 mil millones se irán al gasto corriente del Estado. Esto es, lo que se necesita para su correcto funcionamiento (nómina y gastos elementales). También se proyectan tres mil 150 millones de pesos para el pago de la deuda estatal. Y los municipios recibirán un apoyo del Estado de 17 mil 479 millones.
Finalmente, la proyección para las Entidades Paraestatales y los Organismos del Estado es de 29 mil 967 millones de pesos para 2017, que representan cuatro mil 490 millones más que este año.
NO HAY DINERO PROYECTADO PARA EL PURGATORIO NI EL PERIBÚS
Recursos para carreteras se quedan cortos
En el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) proyectado para 2017 se plantean sólo 299 millones de pesos para la conservación carretera, monto que sigue quedando corto para mantener en óptimas condiciones los más de cuatro mil kilómetros de caminos de la red estatal. Por otra parte, sólo se proponen 105.4 millones de pesos para la construcción de carreteras y puentes en la Entidad.
Para mantener en adecuadas condiciones la red carretera, la propia SIOP ha manifestado que se necesitan 500 millones de pesos anuales, esto es, tres mil millones de pesos durante el presente sexenio.
El Programa de Obra Pública planteado en el Presupuesto de Egresos 2017, presentado por Gobierno del Estado al Congreso para su aprobación, no considera recursos para proyectos hidráulicos como El Purgatorio y en temas de transporte no se etiquetó dinero para el Peribús.
En temas vinculados al transporte, sin especificar de qué se trata el proyecto, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) plantea un monto de más de 265.5 millones de pesos para Asesoría Técnica Especializada para la ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara correspondiente a Línea 3.
Dicho organismo también presupuesta 184.1 millones de pesos para Infraestructura Pública para la Línea 1 Guadalajara-Zapopan.
Por su parte, la SIOP plantea 50 millones de pesos para la instalación de señalamientos y protecciones de obras viales para lo que será la ruta-empresa.
La dependencia responsable de la realización de obra pública también propone destinar el año entrante, para la edificación del parque denominado Bienestar, una partida de 30 millones de pesos. Además incluye cinco millones de pesos para el Barranca Museo de Arte Moderno y Contemporáneo. Y se plantean canalizar 50 millones de pesos para el Centro Cultural Universitario Zapopan.
Algunas propuestas
Línea 3 del Tren Ligero: | 265.5 millones de pesos. |
Línea 1 del Tren Ligero: | 184.1 millones de pesos. |
El Fondo Complementario para el Desarrollo Regional: | 240 millones de pesos. |
Construcción y equipamiento de Estación de Protección de Datos: | 152.7 millones de pesos. |
Construcción de carreteras, puentes y similares: | 105.4 millones de pesos. |
Centro Cultural Universitario (Zapopan): | 50 millones de pesos. |
Instalación de señalamientos y protecciones de obras viales (ruta-empresa): | 50 millones de pesos. |
Base Regional de Fuerza Única en San Ignacio Cerro Gordo: | 17 millones de pesos. |
ESCUDO URBANO
Aportarán 176 millones para C5
De los 895 millones de pesos que costará la implementación del Escudo Urbano C5 (Cómputo, Comando, Control, Comunicación y Coordinación), el Gobierno de Jalisco proyectó entregar 176 millones de pesos en 2017.
De esta cantidad, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto 2017, 106 millones 365 mil pesos se destinarán a “provisiones para erogaciones especiales” de este sistema, además de 70 millones a la construcción de un edificio que albergara las oficinas.
Este monto se sumará a los 695 millones de pesos que salieron del endeudamiento por tres mil 800 millones que aprobó el Congreso local, a solicitud del Ejecutivo, en octubre de 2015.
Ese crédito también sirvió para carreteras estatales, obras en municipios, cárceles, bases regionales de la Fiscalía, infraestructura educativa y para el Centro Cultural Universitario y el Centro Universitario de Tonalá.
Las cámaras del proyecto C5 servirán, según el fiscal estatal, Eduardo Almaguer, para ayudar a encontrar a los responsables de la comisión de un delito.
Según la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), de los 895 millones, 271 se gastarán comprar cuatro mil 200 cámaras nuevas, en reponer mil 200 y en adquirir tres mil sensores. Unos 283 millones se invertirán en remodelar y equipar el centro de datos del C5. Por último, 341 millones servirán para las plataformas cityMIND y de Recuperación de Desastres y para los subsistemas de este centro de operaciones.
Las cámaras reconocerán placas en ingresos a la ciudad y vialidades principales; captarán rostros en el aeropuerto, centrales de autobuses y los principales centros de reunión.
En octubre de 2015, el gobernador Aristóteles Sandoval aseguró que, además de contar con equipos de reciente modelo, el objetivo de este sistema era homologar a todos los que están en funcionamiento para ampliar los puntos de monitoreo a favor de la seguridad en la metrópoli.
En ese entonces destacó que Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y El Salto tenían 500 cámaras que no estaban enlazadas con las 823 que tenía la Fiscalía y las 37 que operaba la Secretaría de Movilidad.
FISCALÍA TENDRÁ MÁS DINERO PARA SEGURIDAD
En el Proyecto de Presupuesto 2017 se etiquetaron dos mil 494 millones de pesos para que la Fiscalía ejecute mecanismos y coordinación para la seguridad, el orden y la paz pública del Estado. Hay otra partida de 245 millones para que la dependencia aplique estrategias de inteligencia para la investigación, la prevención, la persecución y la sanción de los delitos. Además, se prevé entregar más de 22 millones para la Atención Integral para las Víctimas del Delito. En total, tendría seis mil 340 millones.
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