Jalisco
Piden juicio político a Elisa Ayón y el alcalde
La presencia del comercio informal amerita el gesto de 'presión' contra el alcalde, afirman
GUADALAJARA, JALISCO (27/NOV/2013).- Representa a 20 mil comerciantes en Guadalajara y afirma que ve caer sus ventas por la presencia de ambulantes en la ciudad: es Antonio Castillón Pérez, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, quien ayer presentó dos solicitudes de juicio político contra la regidora con licencia que protagonizó un escándalo por extorsiones dentro del Ayuntamiento, Elisa Ayón, y contra el propio alcalde Ramiro Hernández, por la omisión en reubicar al comercial informal.
Acompañado por los representantes de las zonas comerciales de las calles Álvaro Obregón, Federico Medrano, el área de San Juan de Dios y el Centro Histórico, denunció que el Ayuntamiento no ha hecho valer el reglamento y da permisos a los ambulantes para instalarse.
Castillón Pérez informó que ha tenido reuniones con los titulares de la Dirección de Inspección y Vigilancia, Ignacio Mestas, y la del departamento de Mercados y Espacios Abiertos, Delia Pacheco, quienes les han prometido retirar a los vendedores de la vía pública, pero no han cumplido. Los funcionarios le otorgaron a la Asociación un padrón de 300 ambulantes con permiso, aunque los locatarios cuantifican dos mil en la ciudad.
Dijeron que a través de fotografías detectaron la omisión de inspectores para retirar a los comerciantes ambulantes: “Si el ayuntamiento quiere tener vendedores ambulantes, que mejor nos diga y cerramos nuestros locales y nos vamos para afuera”.
Juicios políticos serían “medidas de presión”
Otros líderes de comerciantes establecidos insistieron en las quejas y acusaciones. El representante de los vendedores del Centro Histórico, Gregorio López Lozano, afirma que el alcalde les prometió que quitaría a los ambulantes, pero incluso su número ha aumentado. Y acerca del caso de la regidora Elisa Ayón, advirtió que “no descartamos presentar una denuncia ante la Fiscalía”.
Víctor Tenorio, de la Unión de la calle Álvaro Obregón, acepta que han sido cautos con sus medidas: “Quisiéramos hacer manifestaciones, pero la sociedad se pondría contra nosotros”.
Señala que el departamento municipal de Mercados y Espacios Abiertos menciona a los locatarios que no pueden quitar a los ambulantes con permisos, “y los que dan permisos dicen que no pueden dejar de renovarlos”.
Acerca de la posibilidad de denunciar penalmente a Elisa Ayón, respondió que “el objetivo principal es quitar a los ambulantes, no hacer ruinas a alguien ni meter a la cárcel a la señora”. Dijo que las solicitudes de juicio político “son una forma de presión al alcalde; queremos que haga su trabajo, nada más”.
SIN SON VALIDOS, SIRVEN PARA UNA INVESTIGACIÓN FORMAL, AFIRMA
Audios sí bastan: especialista
Las denuncias penales que presentaron ediles del PAN y representantes de Movimiento Ciudadano en contra de la regidora con licencia Elisa Ayón Hernández están basadas en meras referencias periodísticas y en la exposición de audios revelados, pero aun así tienen suficientes elementos para dar pie a una averiguación previa sólida.
Así lo advierte el especialista en Ciencias Forenses y Criminología Emiliano Sandoval Delgado, de la Universidad de Guadalajara, quien hace ver que la responsabilidad de obtener pruebas contundentes sobre los actos de corrupción que se atribuyen a Ayón recae en el mismo Ministerio Público (MP), el cual ya fue puesto al tanto.
“Por parte de la Fiscalía obviamente debe haber un abocamiento en relación a las denuncias y citar a los que fueron a poner la denuncia; la carga de la prueba le corresponde a la Fiscalía”.
Primero se dio a conocer un audio de la hoy regidora con licencia en el que hablaba con trabajadores de la Dirección de Panteones a los que dijo: “Agarremos lo que tengamos que agarrar, repártanlo”. Luego se reveló otro en un encuentro con comerciantes formales a los que les solicitó dádivas a cambio de operativos contra el ambulantaje.
Estos audios, dice el especialista, sí pueden ser usados como pruebas en contra de Ayón siempre y cuando el MP, a través de peritajes, confirme su autenticidad. El caso es distinto al de una intervención telefónica, donde la grabación requiere forzosamente de una autorización judicial previa; de lo contrario, es ilegal y debe ser desechada.
FRASE
"Si está grabado, se puede hacer un peritaje; el MP tiene que trabajar y perfeccionar la averiguación, pero parece ser que no hay voluntad política "
Emilio Sandoval Delgado, investigador de la UdeG
También venden en la calle
Por medio de permisos temporales, los vendedores formales extienden sus negocios hacia la calle con el fin de prever la llegada los ambulantes. De acuerdo con Antonio Castillón Pérez, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, hasta 300 locatarios tienen su permiso para vender a espacio abierto. Ésta es una de las cinco autorizaciones que deben renovar constantemente para comerciar.
Según el presidente de la Asociación, las medidas preventivas combaten la cantidad de permisos que ha concedido el Ayuntamiento en las últimas semanas. En el censo que les entregaron se refiere que una persona tiene cinco o seis permisos. Además, recordaron, las autoridades se habían comprometido a no renovar ningún permiso.
Acompañado por los representantes de las zonas comerciales de las calles Álvaro Obregón, Federico Medrano, el área de San Juan de Dios y el Centro Histórico, denunció que el Ayuntamiento no ha hecho valer el reglamento y da permisos a los ambulantes para instalarse.
Castillón Pérez informó que ha tenido reuniones con los titulares de la Dirección de Inspección y Vigilancia, Ignacio Mestas, y la del departamento de Mercados y Espacios Abiertos, Delia Pacheco, quienes les han prometido retirar a los vendedores de la vía pública, pero no han cumplido. Los funcionarios le otorgaron a la Asociación un padrón de 300 ambulantes con permiso, aunque los locatarios cuantifican dos mil en la ciudad.
Dijeron que a través de fotografías detectaron la omisión de inspectores para retirar a los comerciantes ambulantes: “Si el ayuntamiento quiere tener vendedores ambulantes, que mejor nos diga y cerramos nuestros locales y nos vamos para afuera”.
Juicios políticos serían “medidas de presión”
Otros líderes de comerciantes establecidos insistieron en las quejas y acusaciones. El representante de los vendedores del Centro Histórico, Gregorio López Lozano, afirma que el alcalde les prometió que quitaría a los ambulantes, pero incluso su número ha aumentado. Y acerca del caso de la regidora Elisa Ayón, advirtió que “no descartamos presentar una denuncia ante la Fiscalía”.
Víctor Tenorio, de la Unión de la calle Álvaro Obregón, acepta que han sido cautos con sus medidas: “Quisiéramos hacer manifestaciones, pero la sociedad se pondría contra nosotros”.
Señala que el departamento municipal de Mercados y Espacios Abiertos menciona a los locatarios que no pueden quitar a los ambulantes con permisos, “y los que dan permisos dicen que no pueden dejar de renovarlos”.
Acerca de la posibilidad de denunciar penalmente a Elisa Ayón, respondió que “el objetivo principal es quitar a los ambulantes, no hacer ruinas a alguien ni meter a la cárcel a la señora”. Dijo que las solicitudes de juicio político “son una forma de presión al alcalde; queremos que haga su trabajo, nada más”.
SIN SON VALIDOS, SIRVEN PARA UNA INVESTIGACIÓN FORMAL, AFIRMA
Audios sí bastan: especialista
Las denuncias penales que presentaron ediles del PAN y representantes de Movimiento Ciudadano en contra de la regidora con licencia Elisa Ayón Hernández están basadas en meras referencias periodísticas y en la exposición de audios revelados, pero aun así tienen suficientes elementos para dar pie a una averiguación previa sólida.
Así lo advierte el especialista en Ciencias Forenses y Criminología Emiliano Sandoval Delgado, de la Universidad de Guadalajara, quien hace ver que la responsabilidad de obtener pruebas contundentes sobre los actos de corrupción que se atribuyen a Ayón recae en el mismo Ministerio Público (MP), el cual ya fue puesto al tanto.
“Por parte de la Fiscalía obviamente debe haber un abocamiento en relación a las denuncias y citar a los que fueron a poner la denuncia; la carga de la prueba le corresponde a la Fiscalía”.
Primero se dio a conocer un audio de la hoy regidora con licencia en el que hablaba con trabajadores de la Dirección de Panteones a los que dijo: “Agarremos lo que tengamos que agarrar, repártanlo”. Luego se reveló otro en un encuentro con comerciantes formales a los que les solicitó dádivas a cambio de operativos contra el ambulantaje.
Estos audios, dice el especialista, sí pueden ser usados como pruebas en contra de Ayón siempre y cuando el MP, a través de peritajes, confirme su autenticidad. El caso es distinto al de una intervención telefónica, donde la grabación requiere forzosamente de una autorización judicial previa; de lo contrario, es ilegal y debe ser desechada.
FRASE
"Si está grabado, se puede hacer un peritaje; el MP tiene que trabajar y perfeccionar la averiguación, pero parece ser que no hay voluntad política "
Emilio Sandoval Delgado, investigador de la UdeG
También venden en la calle
Por medio de permisos temporales, los vendedores formales extienden sus negocios hacia la calle con el fin de prever la llegada los ambulantes. De acuerdo con Antonio Castillón Pérez, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, hasta 300 locatarios tienen su permiso para vender a espacio abierto. Ésta es una de las cinco autorizaciones que deben renovar constantemente para comerciar.
Según el presidente de la Asociación, las medidas preventivas combaten la cantidad de permisos que ha concedido el Ayuntamiento en las últimas semanas. En el censo que les entregaron se refiere que una persona tiene cinco o seis permisos. Además, recordaron, las autoridades se habían comprometido a no renovar ningún permiso.
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