Jalisco
Piden cierre de vertedero en Atotonilco El Alto
Habitantes se quejan de que expide malos olores y que es una fuente contaminante de sus pozos de agua con los que abastecen sus necesidades básicas
ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO (29/DIC/2010).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (
CEDHJ) emitió una recomendación al Ayuntamiento de Atotonilco El Alto por violación de los derechos a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud, a la vivienda, de niñas y niños y a la legalidad.
Esto debido a que en septiembre de 2008 habitantes de las comunidades de Santa Elena, Agua Caliente y Las Margaritas, de dicho municipio, manifestaron su inconformidad por el establecimiento y operación de un vertedero cercano a sus viviendas, que expide malos olores y que es una fuente contaminante de sus pozos de agua con los que abastecen sus necesidades básicas.
En la investigación quedó en evidencia que en época de lluvias existe el riesgo de fugas de lixiviados; además, desde el 27 de enero de 2010 la Semades clausuró parcialmente el basurero en el área de cárnicos, porque el Ayuntamiento no ha cumplido con las medidas técnicas correctivas impuestas.
La Comisión considera urgente su clausura, cierre y abandono definitivo, conforme a la Ley de Gestión Integral de Residuos del Estado.
Detenciones arbitrarias en marcha contra el Macrobús
Por comprobar abusos de elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, quienes agredieron a ocho manifestantes el 29 agosto de 2009 durante una marcha en contra del Macrobús, sobre Avenida Juárez, el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, emitió una recomendación al secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Carlos Nájera.
Según la recomendación 35/2010, los policías Francisco González Morales, José Manuel Guzmán Amador, Édgar Martín Gallegos Hernández, Vicente Alcaraz Arias, Joel Gonzalo Mesa Ruvalcaba, Fernando Martínez Romero y Fernando Hernández Villanueva, violentaron los derechos a la integridad y seguridad personal y a la libertad y seguridad jurídica de las personas, cuya marcha no atacaba ni moral ni derechos de terceros.
La recomendación solicita un procedimiento de responsabilidad administrativa contra los policías en la Dirección de Seguridad Pública del Estado y pide al procurador de Justicia, Tomás Coronado Olmos, que inicie una averiguación previa para sancionar posibles delitos de abuso de autoridad y lesiones en contra.
Esto debido a que en septiembre de 2008 habitantes de las comunidades de Santa Elena, Agua Caliente y Las Margaritas, de dicho municipio, manifestaron su inconformidad por el establecimiento y operación de un vertedero cercano a sus viviendas, que expide malos olores y que es una fuente contaminante de sus pozos de agua con los que abastecen sus necesidades básicas.
En la investigación quedó en evidencia que en época de lluvias existe el riesgo de fugas de lixiviados; además, desde el 27 de enero de 2010 la Semades clausuró parcialmente el basurero en el área de cárnicos, porque el Ayuntamiento no ha cumplido con las medidas técnicas correctivas impuestas.
La Comisión considera urgente su clausura, cierre y abandono definitivo, conforme a la Ley de Gestión Integral de Residuos del Estado.
Detenciones arbitrarias en marcha contra el Macrobús
Por comprobar abusos de elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, quienes agredieron a ocho manifestantes el 29 agosto de 2009 durante una marcha en contra del Macrobús, sobre Avenida Juárez, el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, emitió una recomendación al secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Carlos Nájera.
Según la recomendación 35/2010, los policías Francisco González Morales, José Manuel Guzmán Amador, Édgar Martín Gallegos Hernández, Vicente Alcaraz Arias, Joel Gonzalo Mesa Ruvalcaba, Fernando Martínez Romero y Fernando Hernández Villanueva, violentaron los derechos a la integridad y seguridad personal y a la libertad y seguridad jurídica de las personas, cuya marcha no atacaba ni moral ni derechos de terceros.
La recomendación solicita un procedimiento de responsabilidad administrativa contra los policías en la Dirección de Seguridad Pública del Estado y pide al procurador de Justicia, Tomás Coronado Olmos, que inicie una averiguación previa para sancionar posibles delitos de abuso de autoridad y lesiones en contra.
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