Jalisco
Petersen debe pedir sanciones contra el IMAJ: Rejón Cervantes
El alcalde tapatío, Alfonso Petersen Farah, debe sancionar directamente al IMAJ por tratarse de un Organismo Público Descentralizado
GUADALAJARA, JALISCO.- De acuerdo con el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Ignacio Alfonso Rejón Cervantes, el Instituto Municipal de Atención a la Juventud (
IMAJ), debe ser sancionado directamente por el alcalde tapatío,
Alfonso Petersen Farah.
En entrevista, el funcionario explicó que por tratarse de un Organismo Público Descentralizado (OPD), el superior jerárquico del IMAJ debe ordenar que se castiguen a los funcionarios responsables de las irregularidades que se cometieron en el instituto.
“Conforme a la ley, le corresponde al superior jerárquico, lo que procedería en todo caso es que el presidente municipal, solicite a la Dirección de Recursos Humanos que se interpongan los procedimientos de responsabilidad administrativa”.
Rejón Cervantes indicó que al existir una “laguna jurídica” en los reglamentos del municipio, sobre quién debe sancionar a los OPD, lo más recomendable es que el propio Petersen Farah ordene las sanciones.
“El director de Recursos Humanos argumenta no haber recibido el dictamen final de la auditoría, entonces por eso no puede actuar. Como es un OPD aquí hay una ambigüedad, entonces al haber esa pequeña laguna jurídica, lo más conveniente es que el presidente municipal solicite a la Dirección de Recursos Humanos que si procede alguna sanción, la aplique”.
A pesar de que la auditoría practicada al organismo se cerró a finales del año pasado, Rejón Cervantes aseguró que el IMAJ todavía puede seguir aportando “elementos supervinientes” para subsanar las observaciones realizadas por la Contraloría Municipal.
“Ése es el procedimiento legal, tú tienes el derecho de aclarar si en algún momento dado tienes algún elemento que no tenías en el momento en el que se realizó la auditoría”.
El secretario general aseguró que no está obligado a remitir el informe final de la auditoría realizada al IMAJ por la Contraloría Municipal, al pleno del Ayuntamiento sino únicamente a los regidores que en su momento solicitaron la investigación.
“Lo debo de remitir a los regidores que hicieron la solicitud de la información, aunque haya acuerdos que pasan por el pleno, en este caso no tiene que subirse, porque la auditoría la solicitaron los regidores Luis Reyes y Salvador Caro y a los dos ya se les mandó la información”.
En el caso de las irregularidades fiscales como la presunta falsificación de facturas y la evasión de impuestos, Rejón Cervantes aseguró que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Procuraduría del Estado, son los que están obligados a presentar las denuncias correspondientes en contra los funcionarios involucrados.
“Las autoridades correspondientes deben actuar, en este caso se habla de una situación fiscal, tiene que ser la autoridad fiscal la que proceda. Si se habla de un delito tiene que ser la Procuraduría del Estado”.
No obstante, señaló que esta situación no limita a cualquiera de los regidores para que mediante una iniciativa, soliciten a la Sindicatura que interponga las denuncias correspondientes en contra de Carlos Salinas Osornio y Carlos Arturo López Flores, directores del instituto en 2006 y 2007, respectivamente.
Telón de fondo
El pasado 18 de diciembre la regidora perredista Celia Fausto Lizaola, advirtió que en caso de que no se procediera contra los funcionarios responsables, presentaría ante el pleno del Ayuntamiento una iniciativa el próximo 15 de enero, para que se sancione a los involucrados en las anomalías detectadas por la Contraloría.
“De no haber celeridad por parte del presidente, cuando menos en estas medidas obvias, una servidora por supuesto que subiría al pleno un punto de acuerdo el 15 de enero para urgir al presidente a que tome cartas en el asunto. No nos explicamos por qué esa tibieza, esa indecisión o esa falta de autoridad como ya se lo dijo el propio coordinador de su fracción”.
La edil señaló en esa fecha, que tras los resultados de la auditoría practicada al organismo, debían ser destituidos de inmediato Carlos Arturo López Flores, director del instituto, y Carlos Salinas Osornio, director del IMAJ en 2006 y actual secretario particular del alcalde.
“Se les está protegiendo, se les está solapando y esto no puede seguir siendo así. Si el presidente insiste en protegerlos, en convertirse en cómplice y servir de tapadera, creo que también estaría en graves problemas”.
En entrevista, el funcionario explicó que por tratarse de un Organismo Público Descentralizado (OPD), el superior jerárquico del IMAJ debe ordenar que se castiguen a los funcionarios responsables de las irregularidades que se cometieron en el instituto.
“Conforme a la ley, le corresponde al superior jerárquico, lo que procedería en todo caso es que el presidente municipal, solicite a la Dirección de Recursos Humanos que se interpongan los procedimientos de responsabilidad administrativa”.
Rejón Cervantes indicó que al existir una “laguna jurídica” en los reglamentos del municipio, sobre quién debe sancionar a los OPD, lo más recomendable es que el propio Petersen Farah ordene las sanciones.
“El director de Recursos Humanos argumenta no haber recibido el dictamen final de la auditoría, entonces por eso no puede actuar. Como es un OPD aquí hay una ambigüedad, entonces al haber esa pequeña laguna jurídica, lo más conveniente es que el presidente municipal solicite a la Dirección de Recursos Humanos que si procede alguna sanción, la aplique”.
A pesar de que la auditoría practicada al organismo se cerró a finales del año pasado, Rejón Cervantes aseguró que el IMAJ todavía puede seguir aportando “elementos supervinientes” para subsanar las observaciones realizadas por la Contraloría Municipal.
“Ése es el procedimiento legal, tú tienes el derecho de aclarar si en algún momento dado tienes algún elemento que no tenías en el momento en el que se realizó la auditoría”.
El secretario general aseguró que no está obligado a remitir el informe final de la auditoría realizada al IMAJ por la Contraloría Municipal, al pleno del Ayuntamiento sino únicamente a los regidores que en su momento solicitaron la investigación.
“Lo debo de remitir a los regidores que hicieron la solicitud de la información, aunque haya acuerdos que pasan por el pleno, en este caso no tiene que subirse, porque la auditoría la solicitaron los regidores Luis Reyes y Salvador Caro y a los dos ya se les mandó la información”.
En el caso de las irregularidades fiscales como la presunta falsificación de facturas y la evasión de impuestos, Rejón Cervantes aseguró que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Procuraduría del Estado, son los que están obligados a presentar las denuncias correspondientes en contra los funcionarios involucrados.
“Las autoridades correspondientes deben actuar, en este caso se habla de una situación fiscal, tiene que ser la autoridad fiscal la que proceda. Si se habla de un delito tiene que ser la Procuraduría del Estado”.
No obstante, señaló que esta situación no limita a cualquiera de los regidores para que mediante una iniciativa, soliciten a la Sindicatura que interponga las denuncias correspondientes en contra de Carlos Salinas Osornio y Carlos Arturo López Flores, directores del instituto en 2006 y 2007, respectivamente.
Telón de fondo
El pasado 18 de diciembre la regidora perredista Celia Fausto Lizaola, advirtió que en caso de que no se procediera contra los funcionarios responsables, presentaría ante el pleno del Ayuntamiento una iniciativa el próximo 15 de enero, para que se sancione a los involucrados en las anomalías detectadas por la Contraloría.
“De no haber celeridad por parte del presidente, cuando menos en estas medidas obvias, una servidora por supuesto que subiría al pleno un punto de acuerdo el 15 de enero para urgir al presidente a que tome cartas en el asunto. No nos explicamos por qué esa tibieza, esa indecisión o esa falta de autoridad como ya se lo dijo el propio coordinador de su fracción”.
La edil señaló en esa fecha, que tras los resultados de la auditoría practicada al organismo, debían ser destituidos de inmediato Carlos Arturo López Flores, director del instituto, y Carlos Salinas Osornio, director del IMAJ en 2006 y actual secretario particular del alcalde.
“Se les está protegiendo, se les está solapando y esto no puede seguir siendo así. Si el presidente insiste en protegerlos, en convertirse en cómplice y servir de tapadera, creo que también estaría en graves problemas”.
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