Jalisco
Pagan seguro médico privado a 785 burócratas
En el Poder Judicial y en el Tribunal Electoral de Jalisco no han suprimido esta prestación, que está prohibida en la Ley de Austeridad
GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2015).- Un total de 20 millones 480 mil 254 pesos han gastado el Tribunal Electoral, el Supremo Tribunal (STJ), el Tribunal de lo Administrativo y el Consejo de la Judicatura de Jalisco en pólizas de seguros médicos privados en 2015, una “prestación” prohibida desde enero pasado con la entrada en vigor de la Ley de Austeridad. El argumento para seguir con esta prestación es que presentaron una controversia constitucional contra el ordenamiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los beneficiarios son 785 burócratas sin contar con el Tribunal de lo Administrativo, que negó el dato.
Si se toman en cuenta los pagos desde el año 2012 a la fecha, el gasto asciende a 57 millones 417 mil pesos entre estas entidades públicas, que tienen los salarios más altos en Jalisco.
En enero pasado, Luis Carlos Vega Pámanes, magistrado presidente del STJ, dijo que la solución para generar ahorros no era disminuir las prestaciones o salarios que tienen los jueces y magistrados. Y aseguró que siempre se maneja el presupuesto bajo los principios de austeridad y ahorro.
Desde la Dirección de Comunicación Social indican que, con los ahorros del Supremo Tribunal, se hacen labores que benefician al propio organismo. Y si se toma en cuenta la Ley de Austeridad, esos ahorros se irían a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.
Vega Pámanes contrapuso que la Ley violaba el principio de plena división de Poderes: “La posibilidad de este Poder (Judicial) de manejar libremente la administración de su presupuesto no se puede modificar. Si lo que quieren es manejar el presupuesto del Judicial, deben cambiar la Constitución. Como garantes de la Constitución no podemos permitir esa Ley”.
El presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura, Alfonso Partida Caballero, argumenta que la póliza de seguro privado para jueces, consejeros y jefes área está sustentada como una prestación concedida desde hace tiempo. Y defiende que el gasto sería muy similar al dinero que darían al Instituto Mexicano del Seguro Social: “En la Judicatura está planteado como una prestación y no la puedes quitar tan fácil”.
Describe que el seguro de gastos médicos no es un despilfarro ya que funciona para padecimientos o enfermedades graves que pueden costar millones de pesos; además ayuda para dar atención pronta a los jueces que no pueden dejar su trabajo por muchos días.
El Poder Judicial presentó una controversia constitucional el 27 de enero bajo el expediente 8/2015, turnado al ministro Alberto Pérez Dayán, contra el Poder Legislativo y Ejecutivo por la expedición y promulgación de la Ley de Austeridad y Ahorro. Hoy está en calidad de “pendiente”.
Ante la controversia, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, dijo que serían respetuosos de las decisiones que se tomen en otros Poderes.
En contraste, las secretarías del Gobierno del Estado y el Congreso dejaron de pagar la prestación. En el Ejecutivo, durante 2012 y 2013 se pagaron 30 millones 866 mil pesos, que fueron registrados en las erogaciones de pago que se registran en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).
Mientras que el Legislativo pagó, en 2012, el último año en que sufragó el seguro médico, siete millones 445 mil pesos.
Para el investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Jesús Morales Hernández, la entrada en vigor de la Ley de Austeridad es una “simulación”, ya que sostiene que los gobernantes suelen “aparentar cambios sin hacerlos”. Opina que las nuevas legislaciones aprobadas por el Congreso sólo aplican para “los que ganan menos”, ya que las leyes se conforman para la protección de “los gobernantes”.
EL INFORMADOR / Saúl Prieto
SEGURO MÉDICO PRIVADO
Gastos y beneficiarios
Fuente: Respuestas obtenidas vía Ley de Transparencia.
LA VOZ DEL EXPERTO
Politizan controversias
Juan Manuel Lepe González (presidente del Colegio de Abogados Libres de Jalisco).
El retraso en las resoluciones de las controversias constitucionales tiene una consecuencia: que se resuelven por interés político, comenta el presidente del Colegio de Abogados Libres de Jalisco, Juan Manuel Lepe González.
Explica que, de acuerdo con la ley, en 30 días deben resolverse los procedimientos que se presentan ante la Corte; sin embargo, “los señores ministros, siempre excusan que no lo hacen por el exceso de trabajo que tienen. Luego aquello se vuelve de una cuestión de interés político. Lo politizan e intervienen otros intereses”.
Lepe González dice que este atraso trae incertidumbre legal en las controversias porque nunca dictan resoluciones dentro de los plazos establecidos y, a su vez, da tiempo suficiente para que se presenten amparos contra leyes u otras decisiones legales.
Describe que en caso de que la controversia del Poder Judicial de Jalisco contra la Ley de Austeridad se resuelva en contra, los organismos que lo integran deberán cumplir con la norma; y en caso de que no, la Ley deberá ser modificada.
Desacato en varios niveles
El desacato a la Ley de Austeridad y Ahorro no sólo se evidencia en las controversias contra la legislación, también en la publicación de un reglamento de austeridad por parte de los 700 sujetos obligados, entre ellos los ayuntamientos. Hasta junio pasado, sólo el Consejo Económico y Social de Jalisco ( Cesjal) cumplió con la conformación de la normativa, aunque trascendió que propondría eliminar la ley porque “no se cumple”.
La norma, que entró en vigor el primero de enero pasado, dio 180 días para que los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, los ayuntamientos y los organismos, aprobaran un reglamento de austeridad, publicaran un tabulador de viajes y viáticos, y estructuraran un programa de optimización laboral que les permitiera hacer más eficientes sus labores administrativas.
Pero sólo los gobiernos municipales de Zapopan, Tlajomulco y Tepatitlán aseguraron que sus comisiones edilicias trabajan en el tema y podrían aprobar su reglamento.
La nueva legislación establece que los salarios y la burocracia se ajustarán a las recomendaciones emitidas por el Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial, además quedan prohibidos los bonos, percepciones extraordinarias y contratación de seguros de gastos médicos.
A CARGO DEL ERARIO
También tienen consultorios y médicos en sus oficinas
Los tres Poderes del Estado cuentan con uno o varios médicos a su disposición a tan sólo unos metros de distancia. El Congreso de Jalisco, el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJ) y el Consejo de la Judicatura, además de las secretarías de Salud, Trabajo, Desarrollo e Integración Social, Movilidad y la Fiscalía cuentan con médicos y enfermeras dentro de sus oficinas.
En el STJ, el doctor César Esteban Tovar Méndez atiende el consultorio desde hace siete años y ha recibido de 2012 al término de 2014, un promedio de 12 citas diarias por padecimientos y molestias como enfermedades en vías respiratorias, migrañas o dolor muscular y gastritis o colitis.
El doctor recibe un sueldo mensual de 28 mil 780 pesos por su trabajo, que se concentra en el personal que labora en el Palacio de Justicia, aunque afirma que puede trasladarse a otros espacios del Poder Judicial siempre que sea necesario. En ocasiones, recuerda Tovar Méndez, se da atención cuando se requiere a personas ajenas al Tribunal.
“La atención, que implica medicina preventiva, se le otorga a todo el personal que trabaja aquí, desde funcionarios de alto nivel y a los trabajadores del Supremo Tribunal. Se atienden padecimientos de primer nivel. En caso de detectar un padecimiento grave se manda al paciente a un servicio de emergencia”.
Argumenta la existencia del consultorio en la necesidad de atender los problemas diarios en un lugar donde hay una aglomeración de gente que pueden sufrir problemas de salud. Además, asegura que la existencia del consultorio se establece el reglamento de la Dirección de Finanzas y Recursos Humanos.
Todas las consultas y medicamentos son gratuitos.
En el Consejo de la Judicatura cuentan con dos médicos que ganan 21 mil 945 pesos mensuales cada uno, los cuales se dedican, a decir del consejero Alfonso Partida Caballero, en atender cuestiones de emergencia y preventivas.
Son más
En el Poder Ejecutivo, seis secretarías cuentan con médicos adscritos a su nómina: Salud, Desarrollo e Integración Social (que pertenece al Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad), Trabajo, Movilidad y la Fiscalía General.
En total, estas dependencias cuentan con 85 médicos, la mitad de ellos (43) en la Fiscalía del Estado.
En el Congreso del Estado tienen a dos médicos para su consultorio.
AYUNTAMIENTOS, EJECUTIVO Y LEGISLATIVO
Acatan ley
La Dirección y Administración de Recursos Humanos del Congreso de Jalisco informó que la presente Legislatura no tiene ningún tipo de erogación para la contratación de seguros de gastos médicos privados.
La Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas notifica que, en relación a los años 2014 y 2015, no se contrató dicho beneficio.
La Dirección de Recursos Humanos de Guadalajara respondió que el Ayuntamiento no cuenta con pólizas de seguros para gastos médicos.
La Oficialía Mayor de Tlaquepaque contestó que no contrata seguros para sus servidores públicos, debido a que el servicio de salud se proporciona a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En Tlajomulco la prestación de seguro de gastos médicos existe desde 2012, pero únicamente aplica para el personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública, que suman 565 empleados, y representan un gasto de un millón 092 mil pesos.
La Dirección de Administración y Desarrollo Humano de Tonalá aclara que no tienen ninguna póliza individual contratada, ya que se brinda la cobertura del pago de seguridad social a favor de todos los servidores públicos.
La Oficialía Mayor de Zapopan argumenta que etiquetaron cinco millones 415 mil 083 pesos para la adquisición de dos mil pólizas de seguro de gastos médicos mayores, exclusivamente para personal operativo de la entonces Dirección General de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos.
GUÍA
Las leyes
—¿Cuál es la obligación por ley para atender necesidades médicas de burócratas?
—La Ley para los Servidores Públicos indica que deben proporcionarse servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, farmacéuticos y asistenciales a los servidores públicos o, en su caso, afiliarlos a través de convenios de incorporación, al Instituto Mexicano del Seguro Social o a alguna institución federal, estatal u organismo público descentralizado que sea instrumento básico de la seguridad social.
—¿Cuáles son las opciones de acceso a la salud?
—La Ley establece la garantía de acceso a los servicios necesarios para preservar su salud. Para ello los entes públicos podrán optar por la afiliación de sus trabajadores a los servicios públicos de salud o cualquier otro medio que consideren conveniente.
—¿Dónde se prohíbe la contratación de servicios médicos privados?
—En la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado se indica que no se autorizará la contratación de seguros de gastos médicos privados para ningún servidor público, salvo que por motivo de sus condiciones generales de trabajo u otro instrumento obligatorio hayan convenido con sus trabajadores otorgar dicha prestación.
—¿Qué les sucede a quienes incumplen la Ley?
—Los servidores públicos o elementos operativos que incumplan con las disposiciones incurrirán en una falta y se les aplicarán las responsabilidades políticas, administrativas o penales. Y desde la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, las dependencias u organismos que la incumplan serán sancionadas en sus asignaciones presupuestales; se reducirán las asignaciones presupuestales en los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Transferencias.
Sigue: #debateinformador
¿Qué opina de que el Poder Judicial pague atenciones médicas a sus trabajadores en hospitales privados?
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Si se toman en cuenta los pagos desde el año 2012 a la fecha, el gasto asciende a 57 millones 417 mil pesos entre estas entidades públicas, que tienen los salarios más altos en Jalisco.
En enero pasado, Luis Carlos Vega Pámanes, magistrado presidente del STJ, dijo que la solución para generar ahorros no era disminuir las prestaciones o salarios que tienen los jueces y magistrados. Y aseguró que siempre se maneja el presupuesto bajo los principios de austeridad y ahorro.
Desde la Dirección de Comunicación Social indican que, con los ahorros del Supremo Tribunal, se hacen labores que benefician al propio organismo. Y si se toma en cuenta la Ley de Austeridad, esos ahorros se irían a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.
Vega Pámanes contrapuso que la Ley violaba el principio de plena división de Poderes: “La posibilidad de este Poder (Judicial) de manejar libremente la administración de su presupuesto no se puede modificar. Si lo que quieren es manejar el presupuesto del Judicial, deben cambiar la Constitución. Como garantes de la Constitución no podemos permitir esa Ley”.
El presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura, Alfonso Partida Caballero, argumenta que la póliza de seguro privado para jueces, consejeros y jefes área está sustentada como una prestación concedida desde hace tiempo. Y defiende que el gasto sería muy similar al dinero que darían al Instituto Mexicano del Seguro Social: “En la Judicatura está planteado como una prestación y no la puedes quitar tan fácil”.
Describe que el seguro de gastos médicos no es un despilfarro ya que funciona para padecimientos o enfermedades graves que pueden costar millones de pesos; además ayuda para dar atención pronta a los jueces que no pueden dejar su trabajo por muchos días.
El Poder Judicial presentó una controversia constitucional el 27 de enero bajo el expediente 8/2015, turnado al ministro Alberto Pérez Dayán, contra el Poder Legislativo y Ejecutivo por la expedición y promulgación de la Ley de Austeridad y Ahorro. Hoy está en calidad de “pendiente”.
Ante la controversia, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, dijo que serían respetuosos de las decisiones que se tomen en otros Poderes.
En contraste, las secretarías del Gobierno del Estado y el Congreso dejaron de pagar la prestación. En el Ejecutivo, durante 2012 y 2013 se pagaron 30 millones 866 mil pesos, que fueron registrados en las erogaciones de pago que se registran en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).
Mientras que el Legislativo pagó, en 2012, el último año en que sufragó el seguro médico, siete millones 445 mil pesos.
Para el investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Jesús Morales Hernández, la entrada en vigor de la Ley de Austeridad es una “simulación”, ya que sostiene que los gobernantes suelen “aparentar cambios sin hacerlos”. Opina que las nuevas legislaciones aprobadas por el Congreso sólo aplican para “los que ganan menos”, ya que las leyes se conforman para la protección de “los gobernantes”.
EL INFORMADOR / Saúl Prieto
SEGURO MÉDICO PRIVADO
Gastos y beneficiarios
| Entidad | 2015 | Trabajadores con seguro |
| Tribunal de lo Administrativo | 750000 | No se concedió el dato |
| Supremo Tribunal de Jalisco | 5’512,865 | 294 |
| Tribunal Electoral del Estado | 217389 | 5 |
| Consejo de la Judicatura | 14’000,000 | 486 |
| Total | 20’480,254 | 785 |
Fuente: Respuestas obtenidas vía Ley de Transparencia.
LA VOZ DEL EXPERTO
Politizan controversias
Juan Manuel Lepe González (presidente del Colegio de Abogados Libres de Jalisco).
El retraso en las resoluciones de las controversias constitucionales tiene una consecuencia: que se resuelven por interés político, comenta el presidente del Colegio de Abogados Libres de Jalisco, Juan Manuel Lepe González.
Explica que, de acuerdo con la ley, en 30 días deben resolverse los procedimientos que se presentan ante la Corte; sin embargo, “los señores ministros, siempre excusan que no lo hacen por el exceso de trabajo que tienen. Luego aquello se vuelve de una cuestión de interés político. Lo politizan e intervienen otros intereses”.
Lepe González dice que este atraso trae incertidumbre legal en las controversias porque nunca dictan resoluciones dentro de los plazos establecidos y, a su vez, da tiempo suficiente para que se presenten amparos contra leyes u otras decisiones legales.
Describe que en caso de que la controversia del Poder Judicial de Jalisco contra la Ley de Austeridad se resuelva en contra, los organismos que lo integran deberán cumplir con la norma; y en caso de que no, la Ley deberá ser modificada.
Desacato en varios niveles
El desacato a la Ley de Austeridad y Ahorro no sólo se evidencia en las controversias contra la legislación, también en la publicación de un reglamento de austeridad por parte de los 700 sujetos obligados, entre ellos los ayuntamientos. Hasta junio pasado, sólo el Consejo Económico y Social de Jalisco ( Cesjal) cumplió con la conformación de la normativa, aunque trascendió que propondría eliminar la ley porque “no se cumple”.
La norma, que entró en vigor el primero de enero pasado, dio 180 días para que los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, los ayuntamientos y los organismos, aprobaran un reglamento de austeridad, publicaran un tabulador de viajes y viáticos, y estructuraran un programa de optimización laboral que les permitiera hacer más eficientes sus labores administrativas.
Pero sólo los gobiernos municipales de Zapopan, Tlajomulco y Tepatitlán aseguraron que sus comisiones edilicias trabajan en el tema y podrían aprobar su reglamento.
La nueva legislación establece que los salarios y la burocracia se ajustarán a las recomendaciones emitidas por el Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial, además quedan prohibidos los bonos, percepciones extraordinarias y contratación de seguros de gastos médicos.
A CARGO DEL ERARIO
También tienen consultorios y médicos en sus oficinas
Los tres Poderes del Estado cuentan con uno o varios médicos a su disposición a tan sólo unos metros de distancia. El Congreso de Jalisco, el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJ) y el Consejo de la Judicatura, además de las secretarías de Salud, Trabajo, Desarrollo e Integración Social, Movilidad y la Fiscalía cuentan con médicos y enfermeras dentro de sus oficinas.
En el STJ, el doctor César Esteban Tovar Méndez atiende el consultorio desde hace siete años y ha recibido de 2012 al término de 2014, un promedio de 12 citas diarias por padecimientos y molestias como enfermedades en vías respiratorias, migrañas o dolor muscular y gastritis o colitis.
El doctor recibe un sueldo mensual de 28 mil 780 pesos por su trabajo, que se concentra en el personal que labora en el Palacio de Justicia, aunque afirma que puede trasladarse a otros espacios del Poder Judicial siempre que sea necesario. En ocasiones, recuerda Tovar Méndez, se da atención cuando se requiere a personas ajenas al Tribunal.
“La atención, que implica medicina preventiva, se le otorga a todo el personal que trabaja aquí, desde funcionarios de alto nivel y a los trabajadores del Supremo Tribunal. Se atienden padecimientos de primer nivel. En caso de detectar un padecimiento grave se manda al paciente a un servicio de emergencia”.
Argumenta la existencia del consultorio en la necesidad de atender los problemas diarios en un lugar donde hay una aglomeración de gente que pueden sufrir problemas de salud. Además, asegura que la existencia del consultorio se establece el reglamento de la Dirección de Finanzas y Recursos Humanos.
Todas las consultas y medicamentos son gratuitos.
En el Consejo de la Judicatura cuentan con dos médicos que ganan 21 mil 945 pesos mensuales cada uno, los cuales se dedican, a decir del consejero Alfonso Partida Caballero, en atender cuestiones de emergencia y preventivas.
Son más
En el Poder Ejecutivo, seis secretarías cuentan con médicos adscritos a su nómina: Salud, Desarrollo e Integración Social (que pertenece al Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad), Trabajo, Movilidad y la Fiscalía General.
En total, estas dependencias cuentan con 85 médicos, la mitad de ellos (43) en la Fiscalía del Estado.
En el Congreso del Estado tienen a dos médicos para su consultorio.
AYUNTAMIENTOS, EJECUTIVO Y LEGISLATIVO
Acatan ley
La Dirección y Administración de Recursos Humanos del Congreso de Jalisco informó que la presente Legislatura no tiene ningún tipo de erogación para la contratación de seguros de gastos médicos privados.
La Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas notifica que, en relación a los años 2014 y 2015, no se contrató dicho beneficio.
La Dirección de Recursos Humanos de Guadalajara respondió que el Ayuntamiento no cuenta con pólizas de seguros para gastos médicos.
La Oficialía Mayor de Tlaquepaque contestó que no contrata seguros para sus servidores públicos, debido a que el servicio de salud se proporciona a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En Tlajomulco la prestación de seguro de gastos médicos existe desde 2012, pero únicamente aplica para el personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública, que suman 565 empleados, y representan un gasto de un millón 092 mil pesos.
La Dirección de Administración y Desarrollo Humano de Tonalá aclara que no tienen ninguna póliza individual contratada, ya que se brinda la cobertura del pago de seguridad social a favor de todos los servidores públicos.
La Oficialía Mayor de Zapopan argumenta que etiquetaron cinco millones 415 mil 083 pesos para la adquisición de dos mil pólizas de seguro de gastos médicos mayores, exclusivamente para personal operativo de la entonces Dirección General de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos.
GUÍA
Las leyes
—¿Cuál es la obligación por ley para atender necesidades médicas de burócratas?
—La Ley para los Servidores Públicos indica que deben proporcionarse servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, farmacéuticos y asistenciales a los servidores públicos o, en su caso, afiliarlos a través de convenios de incorporación, al Instituto Mexicano del Seguro Social o a alguna institución federal, estatal u organismo público descentralizado que sea instrumento básico de la seguridad social.
—¿Cuáles son las opciones de acceso a la salud?
—La Ley establece la garantía de acceso a los servicios necesarios para preservar su salud. Para ello los entes públicos podrán optar por la afiliación de sus trabajadores a los servicios públicos de salud o cualquier otro medio que consideren conveniente.
—¿Dónde se prohíbe la contratación de servicios médicos privados?
—En la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado se indica que no se autorizará la contratación de seguros de gastos médicos privados para ningún servidor público, salvo que por motivo de sus condiciones generales de trabajo u otro instrumento obligatorio hayan convenido con sus trabajadores otorgar dicha prestación.
—¿Qué les sucede a quienes incumplen la Ley?
—Los servidores públicos o elementos operativos que incumplan con las disposiciones incurrirán en una falta y se les aplicarán las responsabilidades políticas, administrativas o penales. Y desde la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, las dependencias u organismos que la incumplan serán sancionadas en sus asignaciones presupuestales; se reducirán las asignaciones presupuestales en los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Transferencias.
Sigue: #debateinformador
¿Qué opina de que el Poder Judicial pague atenciones médicas a sus trabajadores en hospitales privados?
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