Jalisco
Pactan hasta 6 años de cárcel a 'talibanes'
Comisiones legislativas concluyen observaciones; se prevé que en la siguiente sesión del Congreso se apruebe la reforma al Código Penal
GUADALAJARA, JALISCO (08/AGO/2015).- Las comisiones de Justicia y Puntos Legislativos concluyen: hasta seis años de cárcel será la sanción máxima contra abogados, litigantes, peritos, intérpretes o traductores que participen en juicios laborales fraudulentos.
Luego que la primera comisión concluyera sus observaciones y las presentara ante el pleno del Congreso de Jalisco la semana pasada, antier fue el turno para la segunda: “Había una serie de contradicciones y lagunas en el dictamen; por ejemplo, se estipulaban penalidades diferenciadas para abogados y litigantes, entonces había discrecionalidad al momento de sancionar, pero ya está todo claro y sólo falta que se apruebe en el pleno”, apunta Hernán Cortés Berumen, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
En la mira están 66 abogados conocidos como “talibanes” que, en colusión con funcionarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, han obtenido ganancias millonarias recurriendo en declaraciones falsas, actos fraudulentos y abuso de autoridad para ganar juicios laborales contra empresarios, asociaciones civiles y organismos públicos.
Todo inició con una iniciativa enviada por Eduardo Almaguer en julio de 2013, cuando era secretario del Trabajo. “Se impondrán de tres años a seis años de prisión y multa de 100 a 500 días (de salario mínimo), a quien presente o haga que otro presente testigos falsos o que aporte testimonios de igual naturaleza… o al que simule escritos o títulos o incurra en cualquier acto u omisión, que provoquen una resolución judicial o administrativa, con el objeto de aprovechar ilícitamente su resultado jurídico”, señala el dictamen turnado por Cortés Berumen a la Presidencia del Congreso y a la Dirección de Procesos Legislativos.
“Ya tengo las modificaciones, quedaron muy puntuales… lo vamos a subir (el dictamen) en la próxima sesión (aún sin definir la fecha). Estoy contento, es un trabajo bien hecho y todo está cubierto para combatir a los ‘talibanes’”, precisa Juan Manuel Alatorre Franco, presidente del Poder Legislativo.
La reforma se aplicará en el Código Penal referente a los delitos cometidos por particulares contra la administración de justicia y en otros ramos del poder público. En el Capítulo Único de Fraude Procesal se detallan las sanciones contra los que pretendan obtener una sentencia, resolución, laudo o acto administrativo contrario a la ley. Se incluye, por ejemplo, la suspensión del ejercicio profesional de abogados, patronos o litigantes hasta por tres años por cometer este tipo de irregularidades.
En la Fiscalía de Jalisco ya integran 26 denuncias penales contra estos “talibanes”. Y es el mismo Eduardo Almaguer, ahora como fiscal general, quien prometió que en breve habrá noticias contra estos abogados, quienes el año pasado representaban tres mil juicios laborales.
Luego que la primera comisión concluyera sus observaciones y las presentara ante el pleno del Congreso de Jalisco la semana pasada, antier fue el turno para la segunda: “Había una serie de contradicciones y lagunas en el dictamen; por ejemplo, se estipulaban penalidades diferenciadas para abogados y litigantes, entonces había discrecionalidad al momento de sancionar, pero ya está todo claro y sólo falta que se apruebe en el pleno”, apunta Hernán Cortés Berumen, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
En la mira están 66 abogados conocidos como “talibanes” que, en colusión con funcionarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, han obtenido ganancias millonarias recurriendo en declaraciones falsas, actos fraudulentos y abuso de autoridad para ganar juicios laborales contra empresarios, asociaciones civiles y organismos públicos.
Todo inició con una iniciativa enviada por Eduardo Almaguer en julio de 2013, cuando era secretario del Trabajo. “Se impondrán de tres años a seis años de prisión y multa de 100 a 500 días (de salario mínimo), a quien presente o haga que otro presente testigos falsos o que aporte testimonios de igual naturaleza… o al que simule escritos o títulos o incurra en cualquier acto u omisión, que provoquen una resolución judicial o administrativa, con el objeto de aprovechar ilícitamente su resultado jurídico”, señala el dictamen turnado por Cortés Berumen a la Presidencia del Congreso y a la Dirección de Procesos Legislativos.
“Ya tengo las modificaciones, quedaron muy puntuales… lo vamos a subir (el dictamen) en la próxima sesión (aún sin definir la fecha). Estoy contento, es un trabajo bien hecho y todo está cubierto para combatir a los ‘talibanes’”, precisa Juan Manuel Alatorre Franco, presidente del Poder Legislativo.
La reforma se aplicará en el Código Penal referente a los delitos cometidos por particulares contra la administración de justicia y en otros ramos del poder público. En el Capítulo Único de Fraude Procesal se detallan las sanciones contra los que pretendan obtener una sentencia, resolución, laudo o acto administrativo contrario a la ley. Se incluye, por ejemplo, la suspensión del ejercicio profesional de abogados, patronos o litigantes hasta por tres años por cometer este tipo de irregularidades.
En la Fiscalía de Jalisco ya integran 26 denuncias penales contra estos “talibanes”. Y es el mismo Eduardo Almaguer, ahora como fiscal general, quien prometió que en breve habrá noticias contra estos abogados, quienes el año pasado representaban tres mil juicios laborales.
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