Jalisco
PAN pide cautela jurídica en arrendamiento para evitar demandas
Salinas Osornio reconoció la ''sensatez'' de licitar el contrato, pero solicita ''cuidar los pasos'' próximos del Ayuntamiento
“Primero, reconocer la sensatez (del alcalde), demasiado tarde, pero al final de cuentas, sensatez; segundo, que sea muy cuidadoso en los pasos que dé en estos momentos, de aquí hasta que nos convoque a sesión”, dijo.
La adjudicación directa del contrato a la arrendadora Fintegra Financiamiento fue una aprobación del pleno del Ayuntamiento, en un acto al que podría recurrir la empresa para demandar algún derecho ahora que el presidente municipal anunció que se dará marcha atrás a esta decisión.
Dice el coordinador panista: “No libera que la empresa se limite a demandar ante los tribunales administrativos y con toda razón podría ganar, porque el amparo de Fintegra puede ser contra la sesión del pleno (en que se le asignó el contrato), contra el Comité de Adquisiciones al momento de emitir la convocatoria (para la próxima licitación), y contra quien resulte ganador del proceso de la licitación. No es un tema que lamentablemente se resuelve si vas a un canal de televisión a dar un comentario, se requiere una mayor seriedad jurídica y además que el presidente municipal sancione si alguien le mintió, si alguien lo engañó, que estoy seguro que sí”.
Expuso sus dudas además sobre la responsabilidad que se le ha señalado al tesorero municipal, Hugo Alberto Michel Uribe, en el fracaso de esta operación para la asignación directa del arrendamiento; ni siquiera cuenta con las facultades para hacerlo, dijo.
“La iniciativa la firma Javier Galván (coordinador del PRI) quien a su vez es el presidente del Comité de Adquisiciones, quien a su vez es el que citó ayer (miércoles 20 de octubre) para que se explicara cómo estaba lo del arrendamiento”. Y agregó:
“Creo que tiene que haber una sanción y que el presidente municipal revise quién de su equipo político lo está engañando y lo está haciendo cometer errores que le cuestan dinero a Guadalajara y que le cuestan un desgaste innecesario a él en lo personal”.
Recomendó que el alcalde tapatío se concentre, antes que en su estrategia mediática, en la jurídica, la cual considera fundamental de aquí en adelante para que la administración pueda resolver el arrendamiento de las patrullas sin que se generen tropiezos legales para el Ayuntamiento.
“Con miedos no va a ganar el presidente una batalla de carácter jurídico y que cuesta 200 millones de pesos. No es menor. Creo que es muy bueno que aparezca el presidente para explicar pero será más sano si explica con documentos”.
Empresarios dan voto de confianza
Los organismos empresariales de Jalisco dieron su voto de confianza para que la adquisición de patrullas de parte del municipio de Guadalajara se haga con la mayor transparencia posible y con la optimización de los recursos del erario.
Así se expresaron las dirigencias del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) y de la representación Jalisco de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), tras la decisión municipal de reponer el procedimiento de elección de una arrendadora.
Al respecto, el coordinador del CCIJ, Manuel Herrera Vega, expresó que su sector le reconoce al alcalde Aristóteles Sandoval el haber tomado la decisión de dar marcha atrás en la adjudicación directa, porque esto implicó un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Por su parte, el abanderado de la Coparmex, Pablo Lemus Navarro, comunicó que este organismo intermedio le reconoce al alcalde de Guadalajara su gesto de verticalidad al haber decidido la repetición de todo el procedimiento relacionado con las patrullas, tanto para el costo de las unidades, como para el costo financiero de la adquisición, lo que sin duda abonará a la cultura de la transparencia.
Ante la determinación de Sandoval Díaz, el dirigente del sindicato patronal informó que la Coparmex se reintegra a su asiento en la comisión municipal de adquisiciones, algo que quedó condicionado a que se hiciera una licitación del mecanismo de arrendamiento para la compra de las patrullas.
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