Jalisco
PAN pide auditoría externa en Obras Públicas
Los ediles también exigen el cese del titular, Juan Armando Duarte Alonso, y que se finquen responsabilidades por la falsificación de firmas en usos de suelo
GUADALAJARA, JALISCO (15/NOV/2011).- La problemática de corrupción en la autorización de dictámenes de usos de suelo en la Secretaría de Obras Públicas de
Guadalajara, amerita que sea sujeta a una auditoría por un ente externo al Gobierno municipal, y la remoción de su titular, Juan Armando Duarte Alonso, sostuvo hoy ante el pleno del Ayuntamiento tapatío los integrantes de la fracción del PAN.
Si bien se sabe acerca de la expedición de una decena de estos trámites con firmas falsificadas para la validación de proyectos relevantes como desarrollos inmobiliarios y una gasolinera durante los años 2010 y 2011, las dimensiones reales de lo que está sucediendo en la dependencia municipal no se conocerán sino hasta que se implemente una revisión más profunda, dijo el coordinador panista, Ricardo Ríos Bojórquez.
“Creemos que es un problema de corrupción que no se ha resuelto, un problema donde el propio secretario (Duarte Alonso) no ha puesto atención y estoy seguro que cuando nosotros empecemos a escarbar con esta auditoría seguramente estaremos encontrando resultados muy graves para la ciudad de Guadalajara”.
El regidor Jorge Salinas Osornio llamó al presidente municipal, Aristóteles Sandoval Díaz, a que intervenga con determinación en la Secretaría de Obras Públicas: “Nos damos cuenta que hay gasolineras, edificios y giros que son complejos para otorgar una licencia con falsificación de firmas. Urge no solamente una coordinación sino que se investigue a profundidad y se finquen responsabilidades en independencia del cargo, de la dependencia o del personaje del que se esté hablando”.
Lo sucedido, siguió en su disertación desde el pleno del Ayuntamiento, “pone en entredicho” la eficiencia de la Secretaría de Contraloría Municipal y la Oficina de Combate a la Corrupción, las mismas que hace apenas una semana, dijo, habían notificado a los ediles que no había corruptelas en Obras Públicas.
“Si todo estaba funcionando bien hasta la semana pasada, ¿cómo a la siguiente semana nos enteramos que en 2010 hubo irregularidades en el otorgamiento de permisos de usos de suelo y falsificando firma de diversos actores?”, se cuestionaba el edil.
De hecho, fue la Comisión de Planeación Urbana (Coplaur), y no alguna de las dependencias dedicadas al combate a la corrupción, quien detectó lo que estaba sucediendo en Obras Públicas, para luego notificarlo a la Sindicatura el 1 de julio de 2011.
También se cuestionó la labor de Duarte Alonso por omisión, pues a decir del edil Sergio Sánchez Villarruel: “La mínima obligación del secretario de Obras Públicas, como titular del área, sería revisar un documento tan importante como cuando se autoriza un edificio o una gasolinera, y no puede argumentar que lo sacó un servidor público de bajo nivel y por eso fue la firma falsificada; hay corrupción importante en esta dependencia”.
Fue precisamente Sánchez Villarruel quien solicitó la remoción de Duarte Alonso, no sólo por estos hechos, sino porque, dijo, el 26 de octubre, durante la sesión de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, el secretario reaccionó de manera violenta a los cuestionamientos del edil, retándolo a golpes y lanzando una silla, lo que fue atestiguado, aunó, por el coordinador del PRI, Javier Galván Guerrero, y el secretario de Administración, Francisco Ayón.
Finalmente, el regidor Salinas Osornio expuso el riesgo de que la expedición de dictámenes de uso de suelo con vicios legales, “desvirtúe” la actualización de los planes parciales de desarrollo urbano que está realizando el Ayuntamiento, a la que se convoca a la sociedad para que participe en la elaboración de estos instrumentos que, se supone, deben regir completamente sobre la autorización de los trámites que, ahora se sabe, han sido detectados con firmas falsificadas.
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA
Si bien se sabe acerca de la expedición de una decena de estos trámites con firmas falsificadas para la validación de proyectos relevantes como desarrollos inmobiliarios y una gasolinera durante los años 2010 y 2011, las dimensiones reales de lo que está sucediendo en la dependencia municipal no se conocerán sino hasta que se implemente una revisión más profunda, dijo el coordinador panista, Ricardo Ríos Bojórquez.
“Creemos que es un problema de corrupción que no se ha resuelto, un problema donde el propio secretario (Duarte Alonso) no ha puesto atención y estoy seguro que cuando nosotros empecemos a escarbar con esta auditoría seguramente estaremos encontrando resultados muy graves para la ciudad de Guadalajara”.
El regidor Jorge Salinas Osornio llamó al presidente municipal, Aristóteles Sandoval Díaz, a que intervenga con determinación en la Secretaría de Obras Públicas: “Nos damos cuenta que hay gasolineras, edificios y giros que son complejos para otorgar una licencia con falsificación de firmas. Urge no solamente una coordinación sino que se investigue a profundidad y se finquen responsabilidades en independencia del cargo, de la dependencia o del personaje del que se esté hablando”.
Lo sucedido, siguió en su disertación desde el pleno del Ayuntamiento, “pone en entredicho” la eficiencia de la Secretaría de Contraloría Municipal y la Oficina de Combate a la Corrupción, las mismas que hace apenas una semana, dijo, habían notificado a los ediles que no había corruptelas en Obras Públicas.
“Si todo estaba funcionando bien hasta la semana pasada, ¿cómo a la siguiente semana nos enteramos que en 2010 hubo irregularidades en el otorgamiento de permisos de usos de suelo y falsificando firma de diversos actores?”, se cuestionaba el edil.
De hecho, fue la Comisión de Planeación Urbana (Coplaur), y no alguna de las dependencias dedicadas al combate a la corrupción, quien detectó lo que estaba sucediendo en Obras Públicas, para luego notificarlo a la Sindicatura el 1 de julio de 2011.
También se cuestionó la labor de Duarte Alonso por omisión, pues a decir del edil Sergio Sánchez Villarruel: “La mínima obligación del secretario de Obras Públicas, como titular del área, sería revisar un documento tan importante como cuando se autoriza un edificio o una gasolinera, y no puede argumentar que lo sacó un servidor público de bajo nivel y por eso fue la firma falsificada; hay corrupción importante en esta dependencia”.
Fue precisamente Sánchez Villarruel quien solicitó la remoción de Duarte Alonso, no sólo por estos hechos, sino porque, dijo, el 26 de octubre, durante la sesión de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, el secretario reaccionó de manera violenta a los cuestionamientos del edil, retándolo a golpes y lanzando una silla, lo que fue atestiguado, aunó, por el coordinador del PRI, Javier Galván Guerrero, y el secretario de Administración, Francisco Ayón.
Finalmente, el regidor Salinas Osornio expuso el riesgo de que la expedición de dictámenes de uso de suelo con vicios legales, “desvirtúe” la actualización de los planes parciales de desarrollo urbano que está realizando el Ayuntamiento, a la que se convoca a la sociedad para que participe en la elaboración de estos instrumentos que, se supone, deben regir completamente sobre la autorización de los trámites que, ahora se sabe, han sido detectados con firmas falsificadas.
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA
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