Jalisco
PAN demanda clarificar ''boquete financiero'' tapatío
La fracción presume que la Tesorería Municipal realizó transferencias presupuestales sin contar con el aval del pleno del Ayuntamiento
GUADALAJARA, JALISCO (14/JUN/2012).- La fracción del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara citó a comparecer al titular de la Tesorería Municipal, Hugo Alberto Michel Uribe, para que explique cómo se originó el “boquete financiero” que apremia a la hacienda pública municipal, y que sólo en adeudos a proveedores suma 492 millones de pesos.
El regidor Sergio Sánchez Villarruel presume que la Tesorería Municipal realizó transferencias presupuestales entre distintas partidas sin haber contado con la autorización de la Comisión de Hacienda Pública y, por ende, del pleno del Ayuntamiento tapatío, lo que habría dado lugar a este desajuste que vino a revelarse por la publicación de la última calificación crediticia de Standard & Poor’s.
De esa forma se explica el edil el rezago que ha venido acumulando el Gobierno municipal en los pagos cuya cobertura, se supone, fue previamente planificada en el presupuesto del año que corre. El Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Ayuntamiento de Guadalajara permite que se realicen transferencias de recursos entre las partidas presupuestales con la sola autorización del alcalde, y sin pasar por el pleno, siempre y cuando estos movimientos no superen el 10% de la asignatura original o fuente.
El presidente municipal de Guadalajara, Francisco Ayón López, ya ha declarado al respecto para asegurar que estos adeudos a los proveedores serán debidamente cubiertos o proyectados presupuestalmente, al menos, para no dejar a la siguiente administración en una situación crítica:
“No se va a heredar ninguna cuenta de este Gobierno. Vamos a ser un Gobierno que el último día de esta administración tenga saldadas las cuentas del gasto corriente, o ya estén etiquetadas en el presupuesto que ya está por venir”. De saldarse por completo, sin embargo, implicaría un desembolso de casi 500 millones de pesos en apenas tres meses que le restan a esta gestión.
La comparecencia del tesorero municipal deberá darse el próximo lunes. Sánchez Villarruel aunó que, derivado de la advertencia que hizo la casa calificadora sobre las deficiencias en la planeación financiera del Ayuntamiento tapatío, se ha generado en la fracción panista el “temor fundado” de que se hayan utilizado recursos públicos para favorecer los fines de las campañas electorales del PRI, no puede afirmarlo por la falta de pruebas, empero.
El documento de la última valoración que emitió la calificadora el 6 de junio, y que le mereció el que el Ayuntamiento tapatío rompiera relaciones con ella un día después, dice: “En opinión de Standard & Poor’s, la situación financiera actual refleja una política financiera vulnerable a ciclos electorales, en los que se observan significativos incrementos de gasto, tanto operativo como de inversión, aunado a necesidades estructurales del municipio”.
De igual forma, otro de los puntos que le solicitarán clarificar al responsable del tesoro municipal es el origen del incremento del 14% en el pago de nómina de un año a otro (2010 a 2011) que detectó la calificadora, y sobre el cual, Michel Uribe ha expuesto que se debió al aumento salarial a sindicalizados, policías y el incremento de la cuota que debe aportarse para las pensiones de los servidores públicos.
A los dos mil 680 millones de pesos de deuda pública del Ayuntamiento de Guadalajara (creció 69% en esta gestión), deberán sumarse, dice el regidor panista, alrededor de 600 millones de pesos que tendrán que enfrentarse, en un momento u otro, por futuros laudos de ex servidores públicos que demandaron al municipio al ser cesados en el cambio de administración de 2010, y que estarían recibiendo resoluciones favorables de parte de la autoridad judicial.
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA
El regidor Sergio Sánchez Villarruel presume que la Tesorería Municipal realizó transferencias presupuestales entre distintas partidas sin haber contado con la autorización de la Comisión de Hacienda Pública y, por ende, del pleno del Ayuntamiento tapatío, lo que habría dado lugar a este desajuste que vino a revelarse por la publicación de la última calificación crediticia de Standard & Poor’s.
De esa forma se explica el edil el rezago que ha venido acumulando el Gobierno municipal en los pagos cuya cobertura, se supone, fue previamente planificada en el presupuesto del año que corre. El Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Ayuntamiento de Guadalajara permite que se realicen transferencias de recursos entre las partidas presupuestales con la sola autorización del alcalde, y sin pasar por el pleno, siempre y cuando estos movimientos no superen el 10% de la asignatura original o fuente.
El presidente municipal de Guadalajara, Francisco Ayón López, ya ha declarado al respecto para asegurar que estos adeudos a los proveedores serán debidamente cubiertos o proyectados presupuestalmente, al menos, para no dejar a la siguiente administración en una situación crítica:
“No se va a heredar ninguna cuenta de este Gobierno. Vamos a ser un Gobierno que el último día de esta administración tenga saldadas las cuentas del gasto corriente, o ya estén etiquetadas en el presupuesto que ya está por venir”. De saldarse por completo, sin embargo, implicaría un desembolso de casi 500 millones de pesos en apenas tres meses que le restan a esta gestión.
La comparecencia del tesorero municipal deberá darse el próximo lunes. Sánchez Villarruel aunó que, derivado de la advertencia que hizo la casa calificadora sobre las deficiencias en la planeación financiera del Ayuntamiento tapatío, se ha generado en la fracción panista el “temor fundado” de que se hayan utilizado recursos públicos para favorecer los fines de las campañas electorales del PRI, no puede afirmarlo por la falta de pruebas, empero.
El documento de la última valoración que emitió la calificadora el 6 de junio, y que le mereció el que el Ayuntamiento tapatío rompiera relaciones con ella un día después, dice: “En opinión de Standard & Poor’s, la situación financiera actual refleja una política financiera vulnerable a ciclos electorales, en los que se observan significativos incrementos de gasto, tanto operativo como de inversión, aunado a necesidades estructurales del municipio”.
De igual forma, otro de los puntos que le solicitarán clarificar al responsable del tesoro municipal es el origen del incremento del 14% en el pago de nómina de un año a otro (2010 a 2011) que detectó la calificadora, y sobre el cual, Michel Uribe ha expuesto que se debió al aumento salarial a sindicalizados, policías y el incremento de la cuota que debe aportarse para las pensiones de los servidores públicos.
A los dos mil 680 millones de pesos de deuda pública del Ayuntamiento de Guadalajara (creció 69% en esta gestión), deberán sumarse, dice el regidor panista, alrededor de 600 millones de pesos que tendrán que enfrentarse, en un momento u otro, por futuros laudos de ex servidores públicos que demandaron al municipio al ser cesados en el cambio de administración de 2010, y que estarían recibiendo resoluciones favorables de parte de la autoridad judicial.
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA
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