Organizaciones civiles exigen debate antes de aprobar ley anticorrupción
Llaman a crear Comisión anticorrupción integrada por diputados y otra Comisión de enlace legislativo social, en la que participe la sociedad civil
GUADALAJARA, JALISCO (29/JUN/2017).- En el contexto del debate con especialistas nacionales sobre los retos que enfrenta el Sistema Estatal Anticorrupción, las cúpulas empresariales, universidades y organizaciones civiles de Jalisco presentaron ayer una propuesta para que el Congreso acepte tres acuerdos para el nuevo modelo, que deberá de ser aprobado antes del 18 de julio.
La primera exigencia es que cualquier reforma constitucional debe “ser equivalente” (igual o mejor, no menor) a la modificada Constitución federal. En lo relativo a la rendición de cuentas, fiscalización y transparencia, deben permanecer en rango constitucional, “no en leyes ordinarias”. También subrayan la necesidad de contar con un régimen de responsabilidades y denuncias fortalecido (tipificando las conductas de corrupción), ampliar la prescripción de los delitos, agravar las penas y crear mecanismos de incentivos y recompensas por denuncias de corruptelas. Incluyen sanciones ejemplares contra empresarios.
En un pronunciamiento unánime, refrendaron que la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría y el Tribunal de Justicia Administrativa deben contar con “verdadera autonomía”. Y sus titulares deben emanar de procesos de evaluación en función de criterios técnicos, “sin cuotas partidistas”.
Por ello llamaron a la creación de una Comisión anticorrupción integrada por diputados y otra Comisión de enlace legislativo social, en la que participe el sector privado, la academia y organismos civiles. “El dictamen final deberá debatirse en la Comisión Anticorrupción en conjunto con la Comisión de enlace legislativo social previo a la primera lectura en el pleno del Congreso”, demandaron Coparmex, Consejo de Cámaras Industriales, Canaco, así como las universidades ITESO, UAG, UNIVA, UP y Tec de Monterrey, entre otros.