Jalisco
Obras no frenan contaminación del río Santiago
La Comisión Estatal del Agua confirma que aún se vierten cinco mil litros por segundo de aguas negras al río
GUADALAJARA, JALISCO (23/ABR/2016).- No importa cuántos años pasen o si se hicieron inversiones millonarias para construir plantas de tratamiento de aguas residuales. El olor a desechos vertidos en las aguas del
Río Santiago continúa afectando la calidad de vida de quienes viven cerca.
La macrorrecomendación que hace siete años emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) sigue sin cumplirse. De hecho, esa instancia considera que apenas se ha cubierto 40% de ésta. La prueba está en el aroma a podrido que se intensifica por las noches y que, por ejemplo, impide conciliar el sueño a Antonio Pastor; o en la espuma que obliga a su vecina, Guadalupe Arana, a retirar el tendedero para que ésta no ensucie su ropa.
“Está ‘refeo’. Un hijo mío trabaja en empaques, y él se da cuenta que a las 12 de la noche abren las compuertas para aventar el agua cochina que tienen acumulada allí, de todo el día”, dice don Antonio, a quien sólo le queda recordar los tiempos en los que podía pescar o incluso beber agua directamente del río.
La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) afirma que ese polígono de alta fragilidad ambiental es una de sus “prioridades”. Tal es la razón por la que ha concentrado en esa zona 319 de las 640 inspecciones realizadas desde que comenzó la administración en marzo de 2013.
Desde entonces, la dependencia ha emitido 76 resoluciones administrativas que se traducen en multas por 3.7 millones de pesos. Esa cantidad representa apenas una décima parte del gasto proyectado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) para la modernización de su sistema de medición de calidad del aire: 35 millones.
No obstante, el procurador ambiental David Cabrera Hermosillo subraya que su dependencia “no tiene atribuciones para revisar las descargas directas” al Santiago, por lo que busca un convenio con la Conagua para que delegue sus facultades legales y así el Estado pueda intervenir directamente.
El titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Felipe Tito Lugo Arias, expone que, por cada segundo que transcurre, hay 15 metros cúbicos (15 mil litros) de descargas residuales en el Santiago. Las plantas de tratamiento de El Ahogado y Agua Prieta limpian dos terceras partes de éstos, pero los cinco metros cúbicos restantes están “dispersos”.
La Región Centro de Jalisco (integrada por 12 localidades) cuenta únicamente con 10 inspectores de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), ni siquiera hay uno por municipio. Y el panorama para el interior del Estado no es mejor: hay 27 personas que trabajan para verificar que las empresas cumplan con la normatividad ambiental; uno para cada cinco localidades.
La macrorrecomendación que hace siete años emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) sigue sin cumplirse. De hecho, esa instancia considera que apenas se ha cubierto 40% de ésta. La prueba está en el aroma a podrido que se intensifica por las noches y que, por ejemplo, impide conciliar el sueño a Antonio Pastor; o en la espuma que obliga a su vecina, Guadalupe Arana, a retirar el tendedero para que ésta no ensucie su ropa.
“Está ‘refeo’. Un hijo mío trabaja en empaques, y él se da cuenta que a las 12 de la noche abren las compuertas para aventar el agua cochina que tienen acumulada allí, de todo el día”, dice don Antonio, a quien sólo le queda recordar los tiempos en los que podía pescar o incluso beber agua directamente del río.
La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) afirma que ese polígono de alta fragilidad ambiental es una de sus “prioridades”. Tal es la razón por la que ha concentrado en esa zona 319 de las 640 inspecciones realizadas desde que comenzó la administración en marzo de 2013.
Desde entonces, la dependencia ha emitido 76 resoluciones administrativas que se traducen en multas por 3.7 millones de pesos. Esa cantidad representa apenas una décima parte del gasto proyectado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) para la modernización de su sistema de medición de calidad del aire: 35 millones.
No obstante, el procurador ambiental David Cabrera Hermosillo subraya que su dependencia “no tiene atribuciones para revisar las descargas directas” al Santiago, por lo que busca un convenio con la Conagua para que delegue sus facultades legales y así el Estado pueda intervenir directamente.
El titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Felipe Tito Lugo Arias, expone que, por cada segundo que transcurre, hay 15 metros cúbicos (15 mil litros) de descargas residuales en el Santiago. Las plantas de tratamiento de El Ahogado y Agua Prieta limpian dos terceras partes de éstos, pero los cinco metros cúbicos restantes están “dispersos”.
La Región Centro de Jalisco (integrada por 12 localidades) cuenta únicamente con 10 inspectores de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), ni siquiera hay uno por municipio. Y el panorama para el interior del Estado no es mejor: hay 27 personas que trabajan para verificar que las empresas cumplan con la normatividad ambiental; uno para cada cinco localidades.
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