Jalisco
Nueva ley obligará a la CEDHJ a que denuncie la tortura
El delito de tortura se castigará con penas que van de los tres a los 12 años de prisión
GUADALAJARA, JALISCO (26/MAR/2015).- Luego de casi dos años de discusiones, el pleno del Congreso del Estado aprueba hoy las nuevas responsabilidades jurídicas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).
La nueva Ley para Prevenir, Sancionar, Erradicar y Reparar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes del Estado de Jalisco es un cambio de paradigma jurídico, ya que por primera vez se castigará el delito de tortura con penas que van de los tres a los 12 años de prisión, además de que la CEDHJ deberá de interponer denuncias penales luego del resultado de sus investigaciones, más allá de las recomendaciones que puedan emitir a la Fiscalía General del Estado o las policías municipales.
En el proyecto de dictamen que se presenta al pleno, al que este medio tuvo acceso, se establece que la Fiscalía General del Estado y sus dependencias, así como las corporaciones de seguridad pública municipales establecerán programas de investigación, documentación, valoración médica y psicológica de casos de tortura, que deberán basarse en las reglas contempladas en el Protocolo de Estambul.
La Fiscalía General deberá de presentar protocolos en 180 días.
Además, la legislación obliga a la CEDHJ a que sea acompañante de las víctimas, no sólo en contra de funcionarios sino también contra particulares.
La nueva Ley para Prevenir, Sancionar, Erradicar y Reparar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes del Estado de Jalisco es un cambio de paradigma jurídico, ya que por primera vez se castigará el delito de tortura con penas que van de los tres a los 12 años de prisión, además de que la CEDHJ deberá de interponer denuncias penales luego del resultado de sus investigaciones, más allá de las recomendaciones que puedan emitir a la Fiscalía General del Estado o las policías municipales.
En el proyecto de dictamen que se presenta al pleno, al que este medio tuvo acceso, se establece que la Fiscalía General del Estado y sus dependencias, así como las corporaciones de seguridad pública municipales establecerán programas de investigación, documentación, valoración médica y psicológica de casos de tortura, que deberán basarse en las reglas contempladas en el Protocolo de Estambul.
La Fiscalía General deberá de presentar protocolos en 180 días.
Además, la legislación obliga a la CEDHJ a que sea acompañante de las víctimas, no sólo en contra de funcionarios sino también contra particulares.
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