Jalisco
Niega magistrada contubernio con ex servidores públicos
Verónica Cuevas García asevera que la resolución del caso llegó en 2004, antes de que ingresara formalmente al pleno del tribunal.
GUADALAJARA.- La magistrada del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, Verónica Elizabeth Cuevas García, acusada públicamente de corrupción por el
presidente municipal de Zapopan, Juan Sánchez Aldana niega que estos señalamientos sean ciertos.
Sánchez Aldana declaró el 12 de mayo pasado que el laudo emitido por ese tribunal que obliga a pagar al Ayuntamiento de Zapopan 30 millones de pesos en salarios caídos a siete ex servidores públicos era producto del “contubernio” entre la magistrada y los ex trabajadores beneficiados, pues afirmó que Cuevas García era su abogada.
La magistrada informó que el laudo fue emitido cuando ella aún no formaba parte del pleno actual de magistrados del tribunal. La resolución se dio en 2004, y Cuevas García entró en funciones el 1 de julio de 2007.
De lo dicho por el alcalde, lo único que concuerda es que Cuevas García, antes de ser magistrada fue abogada de esos trabajadores. Y comentó: “Que quede bien claro que jamás como autoridad he intervenido en este asunto”. Según su dicho, ni siquiera tiene acceso al expediente, que es el 550/2000, pues firmó una excusa para no participar en este caso.
La magistrada fue designada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Jalisco, cuyo secretario general es Juan Pelayo Ruelas, quien representa a los servidores públicos en el tribunal y señaló que en 2004, cuando se emitió el controvertido laudo, Cuevas García se desempeñaba como directora jurídica de la federación y los tres magistrados del tribunal eran Adán Valdivia, Santiago Camarena y el mismo representante del Gobierno de Jalisco, Francisco Javier Temores Rentería.
“Nosotros como federación llevamos a cabo esa demanda en contra del Ayuntamiento por despido injustificado, que es la causa real por la cual están siendo reintegrados a sus labores. Al perder el asunto ahora resulta que buscan culpables cuando son los funcionarios los que me siguen despidiendo irresponsablemente a servidores públicos”.
Según dijo el secretario general de la Federación, ésta no recibirá ningún porcentaje de los 30 millones de pesos que el Ayuntamiento deberá pagar a los trabajadores, a pesar de que haya llevado su defensa.
Pelayo Ruelas anunció que buscará personalmente a Sánchez Aldana: “Voy a buscarlo. Espero que tenga tiempo para hacer la aclaración correspondiente (…) creo que son sus abogados los que se quieren excusar buscando culpables”.
EL INFORMADOR
Sánchez Aldana declaró el 12 de mayo pasado que el laudo emitido por ese tribunal que obliga a pagar al Ayuntamiento de Zapopan 30 millones de pesos en salarios caídos a siete ex servidores públicos era producto del “contubernio” entre la magistrada y los ex trabajadores beneficiados, pues afirmó que Cuevas García era su abogada.
La magistrada informó que el laudo fue emitido cuando ella aún no formaba parte del pleno actual de magistrados del tribunal. La resolución se dio en 2004, y Cuevas García entró en funciones el 1 de julio de 2007.
De lo dicho por el alcalde, lo único que concuerda es que Cuevas García, antes de ser magistrada fue abogada de esos trabajadores. Y comentó: “Que quede bien claro que jamás como autoridad he intervenido en este asunto”. Según su dicho, ni siquiera tiene acceso al expediente, que es el 550/2000, pues firmó una excusa para no participar en este caso.
La magistrada fue designada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Jalisco, cuyo secretario general es Juan Pelayo Ruelas, quien representa a los servidores públicos en el tribunal y señaló que en 2004, cuando se emitió el controvertido laudo, Cuevas García se desempeñaba como directora jurídica de la federación y los tres magistrados del tribunal eran Adán Valdivia, Santiago Camarena y el mismo representante del Gobierno de Jalisco, Francisco Javier Temores Rentería.
“Nosotros como federación llevamos a cabo esa demanda en contra del Ayuntamiento por despido injustificado, que es la causa real por la cual están siendo reintegrados a sus labores. Al perder el asunto ahora resulta que buscan culpables cuando son los funcionarios los que me siguen despidiendo irresponsablemente a servidores públicos”.
Según dijo el secretario general de la Federación, ésta no recibirá ningún porcentaje de los 30 millones de pesos que el Ayuntamiento deberá pagar a los trabajadores, a pesar de que haya llevado su defensa.
Pelayo Ruelas anunció que buscará personalmente a Sánchez Aldana: “Voy a buscarlo. Espero que tenga tiempo para hacer la aclaración correspondiente (…) creo que son sus abogados los que se quieren excusar buscando culpables”.
EL INFORMADOR
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