Jalisco
Negociar sin “veto”, pide la UdeG
Carlos Briseño se suma a la postura del Cesjal y propone que los representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo hagan reajustes a la Ley de Fiscalización
Al igual que el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco (Cesjal), Carlos Briseño Torres, rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), considera que antes de ser publicada, la nueva Ley de Fiscalización aprobada por el Congreso estatal debe “reajustarse”.
Briseño Torres señala que si bien la nueva ley es “positiva”, tiene insuficiencias que deben ser negociadas entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo antes de su publicación, aunque, “sin llegar al veto”.
El jueves 22, EL INFORMADOR informó que el Cesjal emitiría una recomendación al Poder Ejecutivo para que la nueva Ley de Fiscalización fuera reajustada por “inconvenientes” que derivaban de la falta de autonomía al órgano fiscalizador, así como “inconsistencias” en sus instrumentos y objetos de aplicación.
El rector de la UdeG utilizó a los países europeos como referente para lo que sería una “mejor” disposición de la Ley de Fiscalización, lugares en donde los parlamentos carecen de injerencia sobre los procesos de auditorías, y delegan su autoridad a los organismos que se encargan de fiscalizar las entidades públicas.
Briseño Torres considera que “es demasiado” el plazo de un año que tiene como margen el órgano de fiscalización, y que se suma al año que tiene la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado para dictaminar las cuentas.
“Lo deseable hubiera sido que los diputados se animaran a otorgarle plena soberanía al órgano de fiscalización para que salga totalmente del golpeteo político (…); no dieron el paso hacia la total autonomía”.
Otro aspecto negativo de la actual reforma, señala el rector, es que al nuevo órgano no se le otorga un presupuesto constitucional, lo que limitaría su independencia con respecto a la relación entre poderes.
“Por ello, creo que el planteamiento del Consejo Económico y Social es sensato. Deben ajustar los líderes de las fracciones con el Poder Ejecutivo la reforma, sin que sea vetada, llegando a un acuerdo benéfico para todos”.
De acuerdo con el rector, el Ejecutivo debe hacer una revisión “exhaustiva de la minuta”, y concertarla con los líderes de las fracciones en un corto plazo, antes de su publicación, escuchando las recomendaciones del Cesjal.
Sin embargo, una de las observaciones del Cesjal a dicha ley, es que no prevé un mecanismo para que el propio Congreso del Estado sea fiscalizado, a lo que el rector sentencia: “Todos, sin excepción, debemos ser fiscalizados, todos los poderes y organismos que manejan recursos públicos, sin excepción alguna”.
Briseño Torres señala que si bien la nueva ley es “positiva”, tiene insuficiencias que deben ser negociadas entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo antes de su publicación, aunque, “sin llegar al veto”.
El jueves 22, EL INFORMADOR informó que el Cesjal emitiría una recomendación al Poder Ejecutivo para que la nueva Ley de Fiscalización fuera reajustada por “inconvenientes” que derivaban de la falta de autonomía al órgano fiscalizador, así como “inconsistencias” en sus instrumentos y objetos de aplicación.
El rector de la UdeG utilizó a los países europeos como referente para lo que sería una “mejor” disposición de la Ley de Fiscalización, lugares en donde los parlamentos carecen de injerencia sobre los procesos de auditorías, y delegan su autoridad a los organismos que se encargan de fiscalizar las entidades públicas.
Briseño Torres considera que “es demasiado” el plazo de un año que tiene como margen el órgano de fiscalización, y que se suma al año que tiene la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado para dictaminar las cuentas.
“Lo deseable hubiera sido que los diputados se animaran a otorgarle plena soberanía al órgano de fiscalización para que salga totalmente del golpeteo político (…); no dieron el paso hacia la total autonomía”.
Otro aspecto negativo de la actual reforma, señala el rector, es que al nuevo órgano no se le otorga un presupuesto constitucional, lo que limitaría su independencia con respecto a la relación entre poderes.
“Por ello, creo que el planteamiento del Consejo Económico y Social es sensato. Deben ajustar los líderes de las fracciones con el Poder Ejecutivo la reforma, sin que sea vetada, llegando a un acuerdo benéfico para todos”.
De acuerdo con el rector, el Ejecutivo debe hacer una revisión “exhaustiva de la minuta”, y concertarla con los líderes de las fracciones en un corto plazo, antes de su publicación, escuchando las recomendaciones del Cesjal.
Sin embargo, una de las observaciones del Cesjal a dicha ley, es que no prevé un mecanismo para que el propio Congreso del Estado sea fiscalizado, a lo que el rector sentencia: “Todos, sin excepción, debemos ser fiscalizados, todos los poderes y organismos que manejan recursos públicos, sin excepción alguna”.
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