Jalisco
Necesario, un nuevo modelo: Emilio
El gobernador del Estado asegura que se tiene que modificar la Constitución de la República para poder llegar a un Gobierno Metropolitano
GUADALAJARA, JALISCO.- Acerca de los problemas de desarrollo urbano en la ciudad, el gobernador Emilio González Márquez enfatiza que se requiere de un Gobierno Metropolitano (Chicago es el ejemplo más cercano al éxito de este modelo). Aunque en este año entró en vigor la Ley de Coordinación Metropolitana, con la intención de homologar reglamentos y tener una mejor planeación urbana, el mandatario estatal va más allá del discurso.
“Se requiere de un Gobierno Metropolitano. Para ello hay que modificar la Constitución de la República. La Carta Magna dice que entre Estado y municipio no debe existir una autoridad intermedia, pero creo que debemos repensarlo. Debería existir una autoridad intermedia en las zonas metropolitanas, con facultades complementarias a los presidentes municipales. Debe ser una autoridad electa, con presupuesto, con una cabeza”.
Mientras la ciudad se encuentra lejos de los primeros lugares en desarrollo social en México, las nuevas administraciones de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco están ocupadas en encontrar anomalías de sus antecesoras, gobernadas por el Partido Acción Nacional, las cuales heredaron millonarios endeudamientos, cientos de basificaciones laborales e irregularidades en la entrega de fraccionamientos, entre otros. De las anomalías más importantes, la Contraloría de Guadalajara arrancó el pasado 15 de febrero una auditoría al contrato que desde hace 10 años tiene con la empresa Equipamientos Urbanos (Eumex). Presume un desvío de alrededor de tres mil millones de pesos (la mitad del presupuesto de egresos 2010 del Ayuntamiento), del que se beneficiaron funcionarios de administraciones pasadas, informó el titular de la dependencia, Víctor Urrea Stettner. También se realizan auditorías en una decena de direcciones.
Conflicto por Ley de Metropolización
La pasada Legislatura estatal aprobó la Ley de Coordinación Metropolitana, pero fue vetada por el Poder Ejecutivo. El ordenamiento pretende dar paso a la nueva Área Metropolitana de Guadalajara, cuyo objetivo principal es la emancipación de los municipios que la conforman, pero no sólo en materia financiera y para la toma de decisiones, sino también para asumir responsabilidades y obligaciones.
El Gobierno del Estado argumenta por qué vetó ley: “En general, la ley tiene errores de redacción y técnica legislativa que deberán corregirse para su correcta interpretación”. Pero destaca un punto: “El artículo 20 es inconstitucional, ya que excluye la participación del Ejecutivo del Estado en la coordinación metropolitana, siendo que del artículo 87 de la Constitución Política del Estado se desprende la participación del Ejecutivo en coordinación con los municipios”.
La ley vetada incluye cambios en la Constitución estatal y definiciones y obligaciones en el Código Urbano, aprobado por la pasada Legislatura. Y destaca que el Área Metropolitana se integrará por ocho municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto y Juanacatlán, por lo que se establecen lineamientos para “fortalecer la participación de los municipios en las decisiones del ámbito metropolitano que, desde la perspectiva del Poder Legislativo, ha estado concentrado excesivamente en manos del Poder Ejecutivo”.
En el mismo cuerpo legal se establece que, sin perjuicio de su competencia, “los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan”.
Sin embargo, el veto que mantiene el Gobierno estatal al ordenamiento detonó que el Ayuntamiento de Guadalajara autorizara al alcalde Aristóteles Sandoval Díaz para que participe en una nueva Asociación Intermunicipal, junto con los alcaldes de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, para coordinar de mejor manera las acciones de gobierno y los servicios públicos. El síndico de Guadalajara, Héctor Pizano Ramos, precisa que “la puerta quedó abierta” para la integración del resto de los municipios que conforman el Área Metropolitana de Guadalajara: Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos.
La asociación tendrá, por lo tanto, una función “supletoria” de la Ley de Metropolización, con base en el Artículo 115 constitucional, que brinda la “justificación, autonomía y fundamentación legal que permite que sus acciones sean totalmente ajustadas a derecho”.
El convenio está próximo a firmarse entre los alcaldes y contempla la creación de un órgano metropolitano de coordinación, algo similar a la Asociación Intermunicipal de Guadalajara que se creó en las pasadas administraciones panistas, misma que no sirvió de nada.
“Se requiere de un Gobierno Metropolitano. Para ello hay que modificar la Constitución de la República. La Carta Magna dice que entre Estado y municipio no debe existir una autoridad intermedia, pero creo que debemos repensarlo. Debería existir una autoridad intermedia en las zonas metropolitanas, con facultades complementarias a los presidentes municipales. Debe ser una autoridad electa, con presupuesto, con una cabeza”.
Mientras la ciudad se encuentra lejos de los primeros lugares en desarrollo social en México, las nuevas administraciones de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco están ocupadas en encontrar anomalías de sus antecesoras, gobernadas por el Partido Acción Nacional, las cuales heredaron millonarios endeudamientos, cientos de basificaciones laborales e irregularidades en la entrega de fraccionamientos, entre otros. De las anomalías más importantes, la Contraloría de Guadalajara arrancó el pasado 15 de febrero una auditoría al contrato que desde hace 10 años tiene con la empresa Equipamientos Urbanos (Eumex). Presume un desvío de alrededor de tres mil millones de pesos (la mitad del presupuesto de egresos 2010 del Ayuntamiento), del que se beneficiaron funcionarios de administraciones pasadas, informó el titular de la dependencia, Víctor Urrea Stettner. También se realizan auditorías en una decena de direcciones.
Conflicto por Ley de Metropolización
La pasada Legislatura estatal aprobó la Ley de Coordinación Metropolitana, pero fue vetada por el Poder Ejecutivo. El ordenamiento pretende dar paso a la nueva Área Metropolitana de Guadalajara, cuyo objetivo principal es la emancipación de los municipios que la conforman, pero no sólo en materia financiera y para la toma de decisiones, sino también para asumir responsabilidades y obligaciones.
El Gobierno del Estado argumenta por qué vetó ley: “En general, la ley tiene errores de redacción y técnica legislativa que deberán corregirse para su correcta interpretación”. Pero destaca un punto: “El artículo 20 es inconstitucional, ya que excluye la participación del Ejecutivo del Estado en la coordinación metropolitana, siendo que del artículo 87 de la Constitución Política del Estado se desprende la participación del Ejecutivo en coordinación con los municipios”.
La ley vetada incluye cambios en la Constitución estatal y definiciones y obligaciones en el Código Urbano, aprobado por la pasada Legislatura. Y destaca que el Área Metropolitana se integrará por ocho municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto y Juanacatlán, por lo que se establecen lineamientos para “fortalecer la participación de los municipios en las decisiones del ámbito metropolitano que, desde la perspectiva del Poder Legislativo, ha estado concentrado excesivamente en manos del Poder Ejecutivo”.
En el mismo cuerpo legal se establece que, sin perjuicio de su competencia, “los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan”.
Sin embargo, el veto que mantiene el Gobierno estatal al ordenamiento detonó que el Ayuntamiento de Guadalajara autorizara al alcalde Aristóteles Sandoval Díaz para que participe en una nueva Asociación Intermunicipal, junto con los alcaldes de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, para coordinar de mejor manera las acciones de gobierno y los servicios públicos. El síndico de Guadalajara, Héctor Pizano Ramos, precisa que “la puerta quedó abierta” para la integración del resto de los municipios que conforman el Área Metropolitana de Guadalajara: Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos.
La asociación tendrá, por lo tanto, una función “supletoria” de la Ley de Metropolización, con base en el Artículo 115 constitucional, que brinda la “justificación, autonomía y fundamentación legal que permite que sus acciones sean totalmente ajustadas a derecho”.
El convenio está próximo a firmarse entre los alcaldes y contempla la creación de un órgano metropolitano de coordinación, algo similar a la Asociación Intermunicipal de Guadalajara que se creó en las pasadas administraciones panistas, misma que no sirvió de nada.
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