Jalisco
Municipios y Estado plantean agilizar la certificación policial
Buscarán abordar nuevas estrategias en la aplicación de las pruebas de confianza
GUADALAJARA, JALISCO (25/OCT/2012).- Las autoridades municipales del Área Metropolitana de Guadalajara se reunirán el próximo martes con personal del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Jalisco, para abordar nuevas estrategias que permitan agilizar la aplicación de estas pruebas que son base para el proceso de depuración policial en todo el país.
En el acuerdo para llegar a esta reunión fungió como mediador el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, según lo expuso su secretario técnico, Javier Carrasco Rueda, al término de la sesión en la que rindieron protesta como parte de este organismo los presidentes municipales metropolitanos.
Una de las estrategias que serán puestas sobre la mesa por el propio Consejo Ciudadano de Seguridad, es que el Centro Estatal deje de destinar recursos a la aplicación de la batería completa de exámenes que componen a una prueba de confianza (toxicológico, médico, sicológico, poligráfico y de entorno socioeconómico), para que se concentre en la aplicación primera del toxicológico.
Así lo expuso:
“En el proceso toxicológico si un agente, un policía o un sujeto obligado resulta positivo en este examen, y esto se comprueba con algunas técnicas más avanzadas posteriores, de que es positivo, por ese hecho es causa suficiente para iniciar un procedimiento de remoción, sin esperarse a qué resultados obtuvo en el examen poligráfico, o de entorno socioeconómico o sicológico”.
“Sabemos entonces que esa línea de evaluación (la toxicológica) podemos desahogarla de manera rápida porque los resultados se obtienen dentro de las 24 horas de tomadas las muestras, y que frente a la gran masa policial o de sujetos obligados a que nos enfrentamos -hablamos de 22 mil elementos-, podríamos desahogar primero el examen toxicológico de mandos directivos o de responsables de las nuevas unidades de reacción, inteligencia y prevención, para entonces ya no gastar recursos, tiempo y capacidades en los que reprueben”.
De acuerdo a la información del secretario técnico del Consejo, en general el Estado de Jalisco se encuentra categorizado entre las entidades con un porcentaje de avance de entre el 15 al 20% en la aplicación de pruebas de confianza, en la inteligencia de que el 3 de enero de 2013 concluye el periodo legal para evaluar a todo el universo policial (además del Ministerio Público).
El Consejo no ve con buenos ojos, por cierto, la tramitación de una prórroga por parte de las autoridades (lo que tampoco está claro que sea posible pues es una obligación legal que no ha sido modificada), pues hace recordar que el proceso de depuración nació de una “exigencia social muy grande” por contar con cuerpos policiales confiables, además de que en ello se comprometieron las instituciones federales y estatales, y a que contaron con al menos cuatro años para trabajar en dichas tareas (la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública entró en vigencia en 2009).
Finalmente, el secretario técnico expuso también la posibilidad (ésta sí prevista legalmente) de subcontratar a laboratorios privados avalados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional que ayuden al Centro Estatal de Evaluación en sus tareas, una alternativa, sin embargo, sobre la que no se han pronunciado las autoridades estatales.
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA
En el acuerdo para llegar a esta reunión fungió como mediador el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, según lo expuso su secretario técnico, Javier Carrasco Rueda, al término de la sesión en la que rindieron protesta como parte de este organismo los presidentes municipales metropolitanos.
Una de las estrategias que serán puestas sobre la mesa por el propio Consejo Ciudadano de Seguridad, es que el Centro Estatal deje de destinar recursos a la aplicación de la batería completa de exámenes que componen a una prueba de confianza (toxicológico, médico, sicológico, poligráfico y de entorno socioeconómico), para que se concentre en la aplicación primera del toxicológico.
Así lo expuso:
“En el proceso toxicológico si un agente, un policía o un sujeto obligado resulta positivo en este examen, y esto se comprueba con algunas técnicas más avanzadas posteriores, de que es positivo, por ese hecho es causa suficiente para iniciar un procedimiento de remoción, sin esperarse a qué resultados obtuvo en el examen poligráfico, o de entorno socioeconómico o sicológico”.
“Sabemos entonces que esa línea de evaluación (la toxicológica) podemos desahogarla de manera rápida porque los resultados se obtienen dentro de las 24 horas de tomadas las muestras, y que frente a la gran masa policial o de sujetos obligados a que nos enfrentamos -hablamos de 22 mil elementos-, podríamos desahogar primero el examen toxicológico de mandos directivos o de responsables de las nuevas unidades de reacción, inteligencia y prevención, para entonces ya no gastar recursos, tiempo y capacidades en los que reprueben”.
De acuerdo a la información del secretario técnico del Consejo, en general el Estado de Jalisco se encuentra categorizado entre las entidades con un porcentaje de avance de entre el 15 al 20% en la aplicación de pruebas de confianza, en la inteligencia de que el 3 de enero de 2013 concluye el periodo legal para evaluar a todo el universo policial (además del Ministerio Público).
El Consejo no ve con buenos ojos, por cierto, la tramitación de una prórroga por parte de las autoridades (lo que tampoco está claro que sea posible pues es una obligación legal que no ha sido modificada), pues hace recordar que el proceso de depuración nació de una “exigencia social muy grande” por contar con cuerpos policiales confiables, además de que en ello se comprometieron las instituciones federales y estatales, y a que contaron con al menos cuatro años para trabajar en dichas tareas (la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública entró en vigencia en 2009).
Finalmente, el secretario técnico expuso también la posibilidad (ésta sí prevista legalmente) de subcontratar a laboratorios privados avalados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional que ayuden al Centro Estatal de Evaluación en sus tareas, una alternativa, sin embargo, sobre la que no se han pronunciado las autoridades estatales.
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA
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