Jalisco
Minas agravan disputa limítrofe
Pese a estar latentes los enfrentamientos entre autoridades y pobladores de Jalisco y Colima, el Senado estima una solución al conflicto hasta 2011
GUADALAJARA, JALISCO.- A pesar de la tensión que se reactivó esta semana en El Rebalse, uno de los tres territorios que se disputan Jalisco y Colima, el Senado de la República estima resolver el problema limítrofe hasta 2011.
El motivo es porque no han aprobado la Ley Reglamentaria de los artículos 46 y 47 de la Constitución, presentada desde 2007, que facultaría a la Comisión de Límites de las Entidades Federativas para resolver cualquier conflicto entre estados.
El secretario técnico de la comisión legislativa, David San-mamés, explicó en entrevista que a más de dos años, la iniciativa no ha sido aprobada porque los senadores “han hecho distintas observaciones”. Sin embargo, si todo sale como planean, en diciembre pasaría al pleno de la Cámara Alta.
A partir de ese momento, la revisión jurídica tardaría alrededor de un año para posteriormente emitir una sentencia definitiva. Y advirtió: ningún Estado podrá apelar la decisión final.
Para la comisión, el problema limítrofe más grave en el país se encuentra en la zona de Jalisco y Colima, principalmente en El Rebalse, en la costa y en Las Pesadas, cerca de la Sierra de Manantlán, debido a que constantemente se reactiva la posibilidad de que se presenten enfrentamientos entre corporaciones policiales de ambos estados y a que pobladores de estas comunidades se quejan por la falta de servicios públicos. Pobladores de Las Pesadas, en el Municipio de Cuautitlán de García Barragán, afirman que las autoridades se disputan la zona por los intereses mineros. “Huele a dinero fresco”, subrayan indígenas, ante las ganancias millonarias que deja la explotación de hierro.
De acuerdo con David San-mamés, ambas entidades han presentado pruebas similares, tanto topográficas, como de historiadores reconocidos en la lucha de los territorios. Por ello, “será difícil” de resolver y tendrán que apelar a lo que sea más “justo” para las poblaciones.
Sobre la situación que persiste en El Rebalse, señala que para esta zona hay acuerdos establecidos en años anteriores, en los cuales tanto Jalisco como Colima se comprometieron a no enviar elementos policiales y a no realizar obras en el territorio hasta que se emita una resolución.
Los mismos compromisos deberían acatarse para Las Pesadas, donde hay presencia constante de policías judiciales y estatales de Colima, quienes impiden el paso de autoridades jaliscienses.
Senado resolverá hasta 2011 conflicto limítrofe entre Jalisco y Colima
Desde que su casa era de otatillo, Eufrasia de la Cruz está segura de ser jalisciense. Lo dice su credencial para votar (del Instituto Federal Electoral) y el pago del predial de su potrero donde tiene “maíz gordo, amarillo, tabloncillo, negro, blanco y delgadito”.
“Desde chiquillos, nomás oíamos que Las Pesadas estaba en Jalisco, porque nuestro ejido (Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de Barragán) llegaba hasta el Río Marabasco”.
Han pasado más de 40 años y no cambia de parecer: “Vivo en Jalisco”. Los policías de Colima y Minatitlán, que desde el 30 de julio están plantados día y noche frente a su casa, en el molino o en el kínder de la ranchería, contradicen a la anciana: “Las Pesadas es de Colima”.
Llegar con placas de Jalisco a la zona es de a tiro sospechoso. “¿Quién es? ¿A dónde viene? ¿De dónde viene?”, pregunta a este diario un agente judicial colimense, parado frente a la escuela preescolar (mientras ocho niños asisten a clases) junto a su RAM 2500 (placas FD68193). Y advierte: “Yo tengo que reportar quién entra y quién sale. Aquí no puede venir el Gobierno de Jalisco, tenemos órdenes de no permitirles la entrada”.
Los indígenas de Las Pesadas creen que en el puro nombre de su población está engendrado el conflicto limítrofe por esta zona entre Jalisco y Colima, que huele a dinero fresco. Se llama así, dicen, porque la tierra que pisan es pesada, es hierro puro.
“A ver, cargue esa piedra a ver si puede”, retan los pobladores para demostrar su dicho.
Colima envió a elementos de seguridad pública después de que a finales de julio, habitantes de Ayotitlán, ejecutando la sentencia dictada en 1997 por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, removieron postes y cercos colocados por mestizos de Minatitlán en 40 hectáreas pertenecientes al ejido y que se encuentran justo en la zona de conflicto entre ambas entidades.
Aunque Colima dice que Las Pesadas son de Elicio y José Luis Monroy Nieves, de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad, éstas personas, en 1995, promovieron una controversia agraria reclamando esta propiedad, pero hasta el momento no han podido acreditar la posesión de las parcelas.
Los ejidatarios de Las Pesadas han aclarado una y otra vez que esto es un asunto agrario.
“Se trata de recuperar nuestras tierras, no importa si son de Jalisco o Colima”. Y esta última Entidad, “aprovecha para intimidarnos”, opina Esteban Guzmán Pulgarín, quien permanece en plantón en la abandonada escuela primaria de Jalisco, desde la fecha de la recuperación de las tierras, con una pancarta que resume: “La riqueza de nuestras tierras, es la desgracia de nuestras tierras”.
En la zona hay dos centros de salud, uno por cada Estado. Hace tiempo no se ve ni un alma en ninguno de los dos. El kínder y la primaria son operados por Colima.
Eufrasia de la Cruz reconoce que Jalisco no los trata mejor que Colima. “Pero uno sabe de dónde es”.
El Senado de la República considera este conflicto limítrofe como el más delicado del país, debido a que hay intereses mineros.
La indefinición territorial ha merecido una recomendación (122/1995) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un proceso que no ha concluido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la probabilidad de que este organismo internacional solicite medidas cautelares al Gobierno mexicano en las próximas semanas.
Para el secretario general de Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez, no hay nada que atender en Las Pesadas. “No hay nada de qué preocuparse”.
Tanto Eufrasia de la Cruz como todos los pobladores de Las Pesadas, se sienten abandonados por Jalisco y temen que un día vuelen los balazos. Y por mientras, nadie sale por las noches.
Sin soluciones inmediatas
A pesar de la tensión que ha revivido en las zonas de conflicto entre Jalisco y Colima (como en El Rebalse, en los últimos días, y en Las Pesadas, de unos meses a la fecha), el tema podrá resolverse por lo menos hasta el 2011.
Así lo asegura el secretario técnico de la Comisión de Límites Territoriales de la Cámara de Senadores, David San-mamés, quien comenta que probablemente en diciembre se apruebe la ley reglamentaria que requieren para resolver este problema. A partir de ese momento, el estudio de fondo duraría alrededor de un año, para posteriormente emitir una sentencia definitiva que establezca los límites.
En México, las divisiones se establecieron conforme crecieron las poblaciones y nunca estuvieron bien definidas.
“Siempre estuvimos en guerra y con gobiernos distintos, no hubo el tiempo jurídico como en otros países para sentarse a definir límites. Entonces, cuando chocaban, era cuando se definían; pero las referencias que hacían eran ríos o montes, por eso es tan difícil resolver estas problemáticas”.
En la Comisión del Senado sólo se abordan dos conflictos (Jalisco y Colima, y el de la Península de Yucatán), porque son los únicos estados que han presentado controversias.
El ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, fue quien interpuso este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que había tres territorios en disputa: El Rebalse, ubicado en la Costa y peleado por su riqueza turística; Las Pesadas, por su bonanza minera, y el Volcán de Colima, por sus recursos naturales.
“Son zonas con potencial económico y riqueza y por eso es difícil la solución”.
La SCJN resolvió que, como ambos estados presentaron probanzas judiciales similares, repartirían el territorio a la mitad para cada uno.
“Fue una solución salomónica, que jurídicamente era correcta, pero socialmente no es buena porque no tomaron en cuenta la identidad de las poblaciones”, explica el secretario técnico, recién disuelta la Comisión y en proceso de integración (por ahora solo está el senador Jesús Garibay).
En 2005, se reformó el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional, que facultó al Senado de la República para establecer límites territoriales de las entidades federativas.
Tierra de nadie
David San-mamés comenta que para resolver el problema entre Colima y Jalisco tendrán que recurrir a soluciones sociales, porque ambas entidades presentan pruebas similares.
“Los documentos pretenden probar el ejercicio de soberanía, de actos de Gobierno que ha ejercido cada uno, periciales elaboradas por historiadores reconocidos e incluso hubo un peritaje en discordia. Son tan iguales y confusos, que trataremos de justipreciar, que en nuestro argot significa lo más justo de acuerdo con las circunstancias”.
También han presentado peritajes topográficos, mapas, fotos aéreas –principalmente del Río Marabasco–, y ambos contemplaban el territorio como propio, desde tiempos ancestrales.
– La gente tiene miedo (tanto en Las Pesadas como en El Rebalse) a la presencia de corporaciones policíacas. ¿Hacen falta autoridades federales?
– Lo que sugiere el Senado, sin asumir posiciones, es llamar a las partes a preservar el orden público y la paz social, y llamar al Ejecutivo a mandar policía federal y a establecer una mesa de negociación.
– Pero hay presencia de policías de Colima, y Jalisco tampoco hace nada.
– De parte del Senado, sólo podemos llamar al orden. Pero no puedo decirles qué hagan y jurídicamente obligarlos, porque sólo nos podemos meter en límites.
– ¿Pero debe haber una autoridad federal?
– Debería ser el Gobierno federal, negociando con las dos partes; si no lo ha hecho, no lo calificaría más que como una omisión. A la Secretaría de Gobernación le toca tratar de conciliar, no a través de las fuerzas policiales porque no ayuda a la paz.
– En conflictos territoriales, ¿cómo debe comportarse cada Estado?
– Lo que pensamos es que debe haber un convenio formal para la preservación del orden público y la paz, y de cómo se prestan los servicios. A lo mejor se podría hacer una asociación intermunicipal; ya lo propusimos y nunca lo firmaron. El problema es que la gente no sabe a qué autoridad acudir, en cosas tan básicas para el desarrollo de una población. Esto les daría mayor certeza.
El secretario técnico de la Comisión concuerda en que los problemas agrarios de Ayotitlán (Cuautitlán de García Barragán, Jalisco) han contaminado el problema limítrofe.
Resolución presidencial
El 28 de agosto de 1963, el ejido recibió 50 mil 332 hectáreas a través de una resolución presidencial, que se ejecutó de forma parcial por imposibilidad material y legal de entregarles la superficie total.
En teoría, se otorgaron únicamente 34 mil 700 hectáreas, aunque finalmente fueron menos. El resto quedó repartido en otros ejidos, e incluso la minera Peña Colorada está ubicada en parte de ese territorio.
“Entendemos que esto detona el conflicto. Pero lo ejidal no tiene que afectar lo limítrofe. Un ejido puede estar en dos estados”.
David San-mamés resume que lo más importante a tomar en cuenta en la resolución que emitirá el Senado, es la identidad de las personas.
“Posteriormente entraríamos a una etapa de negociación, porque alguna parte estará inconforme y ningún Estado quiere perder un centímetro de tierra ni entregar la infraestructura que construyó. Pero no hay duda de que lo importante es el bienestar de la población”.
La decisión del Senado es definitiva y no se puede interponer ningún recurso. Mientras tanto, en Las Pesadas y El Rebalse sienten que viven en tierra de nadie.
En detalle
El 8 de diciembre de 2005, por reforma constitucional, se suprime la facultad de la SCJN de resolver los conflictos de límites territoriales y faculta al Senado de la República para aprobar convenios amistosos.
El artículo tercero transitorio de la citada reforma constitucional establece: “Las controversias que a la entrada en vigor de este decreto se encuentren en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de conflictos limítrofes entre entidades federativas, serán remitidas de inmediato, con todos sus antecedentes, a la Cámara de Senadores, a fin de que ésta en términos de sus atribuciones constitucionales, proceda a establecerlos de manera definitiva mediante decreto legislativo.
Los asuntos turnados a la Comisión son: Quintana Roo, Yucatán y Campeche; y Jalisco y Colima (en las demarcaciones territoriales conocidas como La Culebra o El Rebalse; Sierra El Mamey-Sierra de Manantlán y El Remate-La Becerrera-Volcán de Colima).
Durante la última semana, hubo tensión en El Rebalse, ya que cientos de policías de ambos estados estuvieron a punto de enfrentarse por una obra de agua potable que está realizando Colima. Hasta el momento, se han desatado los dimes y diretes entre ambos gobernadores.
El problema de Ayotitlán fue abordado por la CNDH en 1995, y ordenó a la Secretaría de la Reforma Agraria en el quinto punto: “Que gire instrucciones a quien corresponda a efecto que se haga un estudio exhaustivo del expediente del Ejido Ayotitlán, para una resolución fundada y motivada sobre el cumplimiento definitivo que se dará a la resolución presidencial de 1963”.
Derechos Humanos también constató en aquellas fechas, el hostigamiento de policías judiciales y municipales de Colima. “Por ello es de capital importancia que se determine a la brevedad y de manera definitiva, los límites entre los dos estados, ya sea por vía de concertación entre ambos gobiernos, o bien por medio de una resolución del Congreso de la Unión.
“Lo anterior es fundamental, ya que los pobladores del Rancho ‘Las Pesadas’ tienen todo el derecho de conocer con precisión a las autoridades que los gobiernan, para poder cumplir debidamente sus obligaciones públicas y conocer las instancias a las que deben acudir para la solución de distintos problemas; especialmente en los aspectos de abastecimiento de agua potable, de seguridad pública, adecuada prestación de servicios médicos y de procuración de justicia”.
A la espera…
El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria está en espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita medidas cautelares para la población de Las Pesadas, debido a la presencia policíaca de Colima y a las constantes violaciones de las garantías individuales de los pobladores.
“Éstas se piden cuando hay urgencia y gravedad. Y en este caso, las dos se cumplen, porque ya es imposible la reparación del daño”, explica Alfonso García Castillo, miembro del equipo jurídico de la organización.
Agrega que en 2007, el Centro Vitoria presentó el caso ante la CIDH, porque el conflicto limítrofe genera que los indígenas vivan en una situación de “falta de acceso a la justicia”.
Por un lado, Jalisco es omiso en atender a la población y Colima los agrede.
“Lo más grave es que, a pesar de haber elementos, no hay ninguna investigación. No hay Estado que responda, no importa a qué tipo de violación”.
En su opinión, el Senado, al retrasar la solución al conflicto limítrofe, es “cómplice del problema, porque no se ve la voluntad”.
La denuncia ante la CIDH aborda las violaciones a los DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), ya que está documentada tanto la marginación social, como la degradación de los ecosistemas que han generado las mineras como Peña Colorada.
“Lo que tenemos documentado es la falta de agua, la deforestación, las detonaciones y los accidentes generados por la mina; y la falta de acceso a la justicia, ya que no hay autoridad a la cual acudir, ni en los casos de violencia, todos se avientan la bolita”.
El abogado aclara que la denuncia es al Estado mexicano, para que la Federación “haga algo”.
La petición ya fue admitida por la CIDH. “Pero son procedimientos muy largos, falta aún que se estudie y que luego pase a la Corte Interamericana”.
El convenio que nunca se firmó
El Senado de la República ha planteado en años anteriores, tanto al Municipio de Cihuatlán, Jalisco, como a Manzanillo, Colima, que firmen un convenio para la integración de una asociación intermunicipal que permita resolver momentáneamente el conflicto territorial.
Para la Comisión de Límites de las Entidades lo más idóneo, mientras emiten una resolución definitiva, es que ambas entidades lo firmen para evitar enfrentamientos.
El documento plantea que se defina quién otorgará los servicios públicos, los trámites administrativos y la distribución y aprovechamiento del agua en la zona limítrofe. Para ello, se definiría un polígono cartográfico del territorio en discordia, auxiliados por el Senado.
El organismo intermunicipal de coordinación contaría con una presidencia que será rotativa, tendrá una duración de un año, correspondiendo en el primer periodo al Municipio de Cihuatlán.
Los recursos captados por el organismo intermunicipal de coordinación se depositarían en una cuenta común y sólo podrán ser usados para beneficio de la zona o sus habitantes. Sus estados financieros serían auditados por las legislaturas de ambas entidades.
Asimismo, acordarían lo relativo a la perforación de un pozo para abastecer de agua a los habitantes del polígono, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el dictamen técnico de la Comisión Nacional del Agua. La inversión necesaria se realizaría de manera conjunta entre los municipios y la Federación y “deberá reportar un beneficio similar a las entidades federativas de Jalisco y Colima”.
La décima cláusula establece que las partes tendrían que definir lo relativo a los desarrollos turísticos “Fraccionamiento Música del Mar” y “Fraccionamiento Playa Grande”.
Y finalmente, el convenio aclara que todos los acuerdos son para dar a los habitantes de la región “tranquilidad, certeza y seguridad”, hasta en tanto las entidades federativas no suscriban un convenio definitivo de arreglo limítrofe.
El secretario técnico de la Comisión, David San-mamés, aclara que ignora por qué nunca se firmó este documento, ya que era la mejor forma para “mantener en calma” la situación.
Quienes lo iban a firmar son los presidentes municipales de Manzanillo y Cihuatlán, los gobernadores de Jalisco y Colima, Emilio González Márquez y Jesús Silverio Cavazos Ceballos, así como los ex integrantes de la Comisión del Senado, Rubén Fernando Velázquez López, Jesús Dueñas y Héctor Pérez Plazola.
FRASES:
¿Miedo? Como no, si me da miedo salir…- Elodia Ramos, habitante de Las Pesadas.
Uno sabe de dónde es. Yo soy de Jalisco.- Eufrasia de la Cruz, indígena de Las Pesadas.
La riqueza de nuestras tierras, es la desgracia de nuestras tierras.- Esteban Guzmán Pulgarín, vecino de Las Pesadas.
Tengo que reportar quién entra y quién sale. Aquí no puede venir el Gobierno de Jalisco- Policía de Colima en la zona Las Pesadas.
Para saber
Los indígenas de Las Pesadas creen que en el puro nombre de su población está engendrado el conflicto limítrofe por esta zona entre Jalisco y Colima, que huele a dinero fresco. Se llama así, dicen, porque la tierra que pisan es pesada, es hierro puro.
El motivo es porque no han aprobado la Ley Reglamentaria de los artículos 46 y 47 de la Constitución, presentada desde 2007, que facultaría a la Comisión de Límites de las Entidades Federativas para resolver cualquier conflicto entre estados.
El secretario técnico de la comisión legislativa, David San-mamés, explicó en entrevista que a más de dos años, la iniciativa no ha sido aprobada porque los senadores “han hecho distintas observaciones”. Sin embargo, si todo sale como planean, en diciembre pasaría al pleno de la Cámara Alta.
A partir de ese momento, la revisión jurídica tardaría alrededor de un año para posteriormente emitir una sentencia definitiva. Y advirtió: ningún Estado podrá apelar la decisión final.
Para la comisión, el problema limítrofe más grave en el país se encuentra en la zona de Jalisco y Colima, principalmente en El Rebalse, en la costa y en Las Pesadas, cerca de la Sierra de Manantlán, debido a que constantemente se reactiva la posibilidad de que se presenten enfrentamientos entre corporaciones policiales de ambos estados y a que pobladores de estas comunidades se quejan por la falta de servicios públicos. Pobladores de Las Pesadas, en el Municipio de Cuautitlán de García Barragán, afirman que las autoridades se disputan la zona por los intereses mineros. “Huele a dinero fresco”, subrayan indígenas, ante las ganancias millonarias que deja la explotación de hierro.
De acuerdo con David San-mamés, ambas entidades han presentado pruebas similares, tanto topográficas, como de historiadores reconocidos en la lucha de los territorios. Por ello, “será difícil” de resolver y tendrán que apelar a lo que sea más “justo” para las poblaciones.
Sobre la situación que persiste en El Rebalse, señala que para esta zona hay acuerdos establecidos en años anteriores, en los cuales tanto Jalisco como Colima se comprometieron a no enviar elementos policiales y a no realizar obras en el territorio hasta que se emita una resolución.
Los mismos compromisos deberían acatarse para Las Pesadas, donde hay presencia constante de policías judiciales y estatales de Colima, quienes impiden el paso de autoridades jaliscienses.
Senado resolverá hasta 2011 conflicto limítrofe entre Jalisco y Colima
Desde que su casa era de otatillo, Eufrasia de la Cruz está segura de ser jalisciense. Lo dice su credencial para votar (del Instituto Federal Electoral) y el pago del predial de su potrero donde tiene “maíz gordo, amarillo, tabloncillo, negro, blanco y delgadito”.
“Desde chiquillos, nomás oíamos que Las Pesadas estaba en Jalisco, porque nuestro ejido (Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de Barragán) llegaba hasta el Río Marabasco”.
Han pasado más de 40 años y no cambia de parecer: “Vivo en Jalisco”. Los policías de Colima y Minatitlán, que desde el 30 de julio están plantados día y noche frente a su casa, en el molino o en el kínder de la ranchería, contradicen a la anciana: “Las Pesadas es de Colima”.
Llegar con placas de Jalisco a la zona es de a tiro sospechoso. “¿Quién es? ¿A dónde viene? ¿De dónde viene?”, pregunta a este diario un agente judicial colimense, parado frente a la escuela preescolar (mientras ocho niños asisten a clases) junto a su RAM 2500 (placas FD68193). Y advierte: “Yo tengo que reportar quién entra y quién sale. Aquí no puede venir el Gobierno de Jalisco, tenemos órdenes de no permitirles la entrada”.
Los indígenas de Las Pesadas creen que en el puro nombre de su población está engendrado el conflicto limítrofe por esta zona entre Jalisco y Colima, que huele a dinero fresco. Se llama así, dicen, porque la tierra que pisan es pesada, es hierro puro.
“A ver, cargue esa piedra a ver si puede”, retan los pobladores para demostrar su dicho.
Colima envió a elementos de seguridad pública después de que a finales de julio, habitantes de Ayotitlán, ejecutando la sentencia dictada en 1997 por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, removieron postes y cercos colocados por mestizos de Minatitlán en 40 hectáreas pertenecientes al ejido y que se encuentran justo en la zona de conflicto entre ambas entidades.
Aunque Colima dice que Las Pesadas son de Elicio y José Luis Monroy Nieves, de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad, éstas personas, en 1995, promovieron una controversia agraria reclamando esta propiedad, pero hasta el momento no han podido acreditar la posesión de las parcelas.
Los ejidatarios de Las Pesadas han aclarado una y otra vez que esto es un asunto agrario.
“Se trata de recuperar nuestras tierras, no importa si son de Jalisco o Colima”. Y esta última Entidad, “aprovecha para intimidarnos”, opina Esteban Guzmán Pulgarín, quien permanece en plantón en la abandonada escuela primaria de Jalisco, desde la fecha de la recuperación de las tierras, con una pancarta que resume: “La riqueza de nuestras tierras, es la desgracia de nuestras tierras”.
En la zona hay dos centros de salud, uno por cada Estado. Hace tiempo no se ve ni un alma en ninguno de los dos. El kínder y la primaria son operados por Colima.
Eufrasia de la Cruz reconoce que Jalisco no los trata mejor que Colima. “Pero uno sabe de dónde es”.
El Senado de la República considera este conflicto limítrofe como el más delicado del país, debido a que hay intereses mineros.
La indefinición territorial ha merecido una recomendación (122/1995) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un proceso que no ha concluido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la probabilidad de que este organismo internacional solicite medidas cautelares al Gobierno mexicano en las próximas semanas.
Para el secretario general de Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez, no hay nada que atender en Las Pesadas. “No hay nada de qué preocuparse”.
Tanto Eufrasia de la Cruz como todos los pobladores de Las Pesadas, se sienten abandonados por Jalisco y temen que un día vuelen los balazos. Y por mientras, nadie sale por las noches.
Sin soluciones inmediatas
A pesar de la tensión que ha revivido en las zonas de conflicto entre Jalisco y Colima (como en El Rebalse, en los últimos días, y en Las Pesadas, de unos meses a la fecha), el tema podrá resolverse por lo menos hasta el 2011.
Así lo asegura el secretario técnico de la Comisión de Límites Territoriales de la Cámara de Senadores, David San-mamés, quien comenta que probablemente en diciembre se apruebe la ley reglamentaria que requieren para resolver este problema. A partir de ese momento, el estudio de fondo duraría alrededor de un año, para posteriormente emitir una sentencia definitiva que establezca los límites.
En México, las divisiones se establecieron conforme crecieron las poblaciones y nunca estuvieron bien definidas.
“Siempre estuvimos en guerra y con gobiernos distintos, no hubo el tiempo jurídico como en otros países para sentarse a definir límites. Entonces, cuando chocaban, era cuando se definían; pero las referencias que hacían eran ríos o montes, por eso es tan difícil resolver estas problemáticas”.
En la Comisión del Senado sólo se abordan dos conflictos (Jalisco y Colima, y el de la Península de Yucatán), porque son los únicos estados que han presentado controversias.
El ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, fue quien interpuso este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que había tres territorios en disputa: El Rebalse, ubicado en la Costa y peleado por su riqueza turística; Las Pesadas, por su bonanza minera, y el Volcán de Colima, por sus recursos naturales.
“Son zonas con potencial económico y riqueza y por eso es difícil la solución”.
La SCJN resolvió que, como ambos estados presentaron probanzas judiciales similares, repartirían el territorio a la mitad para cada uno.
“Fue una solución salomónica, que jurídicamente era correcta, pero socialmente no es buena porque no tomaron en cuenta la identidad de las poblaciones”, explica el secretario técnico, recién disuelta la Comisión y en proceso de integración (por ahora solo está el senador Jesús Garibay).
En 2005, se reformó el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional, que facultó al Senado de la República para establecer límites territoriales de las entidades federativas.
Tierra de nadie
David San-mamés comenta que para resolver el problema entre Colima y Jalisco tendrán que recurrir a soluciones sociales, porque ambas entidades presentan pruebas similares.
“Los documentos pretenden probar el ejercicio de soberanía, de actos de Gobierno que ha ejercido cada uno, periciales elaboradas por historiadores reconocidos e incluso hubo un peritaje en discordia. Son tan iguales y confusos, que trataremos de justipreciar, que en nuestro argot significa lo más justo de acuerdo con las circunstancias”.
También han presentado peritajes topográficos, mapas, fotos aéreas –principalmente del Río Marabasco–, y ambos contemplaban el territorio como propio, desde tiempos ancestrales.
– La gente tiene miedo (tanto en Las Pesadas como en El Rebalse) a la presencia de corporaciones policíacas. ¿Hacen falta autoridades federales?
– Lo que sugiere el Senado, sin asumir posiciones, es llamar a las partes a preservar el orden público y la paz social, y llamar al Ejecutivo a mandar policía federal y a establecer una mesa de negociación.
– Pero hay presencia de policías de Colima, y Jalisco tampoco hace nada.
– De parte del Senado, sólo podemos llamar al orden. Pero no puedo decirles qué hagan y jurídicamente obligarlos, porque sólo nos podemos meter en límites.
– ¿Pero debe haber una autoridad federal?
– Debería ser el Gobierno federal, negociando con las dos partes; si no lo ha hecho, no lo calificaría más que como una omisión. A la Secretaría de Gobernación le toca tratar de conciliar, no a través de las fuerzas policiales porque no ayuda a la paz.
– En conflictos territoriales, ¿cómo debe comportarse cada Estado?
– Lo que pensamos es que debe haber un convenio formal para la preservación del orden público y la paz, y de cómo se prestan los servicios. A lo mejor se podría hacer una asociación intermunicipal; ya lo propusimos y nunca lo firmaron. El problema es que la gente no sabe a qué autoridad acudir, en cosas tan básicas para el desarrollo de una población. Esto les daría mayor certeza.
El secretario técnico de la Comisión concuerda en que los problemas agrarios de Ayotitlán (Cuautitlán de García Barragán, Jalisco) han contaminado el problema limítrofe.
Resolución presidencial
El 28 de agosto de 1963, el ejido recibió 50 mil 332 hectáreas a través de una resolución presidencial, que se ejecutó de forma parcial por imposibilidad material y legal de entregarles la superficie total.
En teoría, se otorgaron únicamente 34 mil 700 hectáreas, aunque finalmente fueron menos. El resto quedó repartido en otros ejidos, e incluso la minera Peña Colorada está ubicada en parte de ese territorio.
“Entendemos que esto detona el conflicto. Pero lo ejidal no tiene que afectar lo limítrofe. Un ejido puede estar en dos estados”.
David San-mamés resume que lo más importante a tomar en cuenta en la resolución que emitirá el Senado, es la identidad de las personas.
“Posteriormente entraríamos a una etapa de negociación, porque alguna parte estará inconforme y ningún Estado quiere perder un centímetro de tierra ni entregar la infraestructura que construyó. Pero no hay duda de que lo importante es el bienestar de la población”.
La decisión del Senado es definitiva y no se puede interponer ningún recurso. Mientras tanto, en Las Pesadas y El Rebalse sienten que viven en tierra de nadie.
En detalle
El 8 de diciembre de 2005, por reforma constitucional, se suprime la facultad de la SCJN de resolver los conflictos de límites territoriales y faculta al Senado de la República para aprobar convenios amistosos.
El artículo tercero transitorio de la citada reforma constitucional establece: “Las controversias que a la entrada en vigor de este decreto se encuentren en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de conflictos limítrofes entre entidades federativas, serán remitidas de inmediato, con todos sus antecedentes, a la Cámara de Senadores, a fin de que ésta en términos de sus atribuciones constitucionales, proceda a establecerlos de manera definitiva mediante decreto legislativo.
Los asuntos turnados a la Comisión son: Quintana Roo, Yucatán y Campeche; y Jalisco y Colima (en las demarcaciones territoriales conocidas como La Culebra o El Rebalse; Sierra El Mamey-Sierra de Manantlán y El Remate-La Becerrera-Volcán de Colima).
Durante la última semana, hubo tensión en El Rebalse, ya que cientos de policías de ambos estados estuvieron a punto de enfrentarse por una obra de agua potable que está realizando Colima. Hasta el momento, se han desatado los dimes y diretes entre ambos gobernadores.
El problema de Ayotitlán fue abordado por la CNDH en 1995, y ordenó a la Secretaría de la Reforma Agraria en el quinto punto: “Que gire instrucciones a quien corresponda a efecto que se haga un estudio exhaustivo del expediente del Ejido Ayotitlán, para una resolución fundada y motivada sobre el cumplimiento definitivo que se dará a la resolución presidencial de 1963”.
Derechos Humanos también constató en aquellas fechas, el hostigamiento de policías judiciales y municipales de Colima. “Por ello es de capital importancia que se determine a la brevedad y de manera definitiva, los límites entre los dos estados, ya sea por vía de concertación entre ambos gobiernos, o bien por medio de una resolución del Congreso de la Unión.
“Lo anterior es fundamental, ya que los pobladores del Rancho ‘Las Pesadas’ tienen todo el derecho de conocer con precisión a las autoridades que los gobiernan, para poder cumplir debidamente sus obligaciones públicas y conocer las instancias a las que deben acudir para la solución de distintos problemas; especialmente en los aspectos de abastecimiento de agua potable, de seguridad pública, adecuada prestación de servicios médicos y de procuración de justicia”.
A la espera…
El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria está en espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita medidas cautelares para la población de Las Pesadas, debido a la presencia policíaca de Colima y a las constantes violaciones de las garantías individuales de los pobladores.
“Éstas se piden cuando hay urgencia y gravedad. Y en este caso, las dos se cumplen, porque ya es imposible la reparación del daño”, explica Alfonso García Castillo, miembro del equipo jurídico de la organización.
Agrega que en 2007, el Centro Vitoria presentó el caso ante la CIDH, porque el conflicto limítrofe genera que los indígenas vivan en una situación de “falta de acceso a la justicia”.
Por un lado, Jalisco es omiso en atender a la población y Colima los agrede.
“Lo más grave es que, a pesar de haber elementos, no hay ninguna investigación. No hay Estado que responda, no importa a qué tipo de violación”.
En su opinión, el Senado, al retrasar la solución al conflicto limítrofe, es “cómplice del problema, porque no se ve la voluntad”.
La denuncia ante la CIDH aborda las violaciones a los DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), ya que está documentada tanto la marginación social, como la degradación de los ecosistemas que han generado las mineras como Peña Colorada.
“Lo que tenemos documentado es la falta de agua, la deforestación, las detonaciones y los accidentes generados por la mina; y la falta de acceso a la justicia, ya que no hay autoridad a la cual acudir, ni en los casos de violencia, todos se avientan la bolita”.
El abogado aclara que la denuncia es al Estado mexicano, para que la Federación “haga algo”.
La petición ya fue admitida por la CIDH. “Pero son procedimientos muy largos, falta aún que se estudie y que luego pase a la Corte Interamericana”.
El convenio que nunca se firmó
El Senado de la República ha planteado en años anteriores, tanto al Municipio de Cihuatlán, Jalisco, como a Manzanillo, Colima, que firmen un convenio para la integración de una asociación intermunicipal que permita resolver momentáneamente el conflicto territorial.
Para la Comisión de Límites de las Entidades lo más idóneo, mientras emiten una resolución definitiva, es que ambas entidades lo firmen para evitar enfrentamientos.
El documento plantea que se defina quién otorgará los servicios públicos, los trámites administrativos y la distribución y aprovechamiento del agua en la zona limítrofe. Para ello, se definiría un polígono cartográfico del territorio en discordia, auxiliados por el Senado.
El organismo intermunicipal de coordinación contaría con una presidencia que será rotativa, tendrá una duración de un año, correspondiendo en el primer periodo al Municipio de Cihuatlán.
Los recursos captados por el organismo intermunicipal de coordinación se depositarían en una cuenta común y sólo podrán ser usados para beneficio de la zona o sus habitantes. Sus estados financieros serían auditados por las legislaturas de ambas entidades.
Asimismo, acordarían lo relativo a la perforación de un pozo para abastecer de agua a los habitantes del polígono, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el dictamen técnico de la Comisión Nacional del Agua. La inversión necesaria se realizaría de manera conjunta entre los municipios y la Federación y “deberá reportar un beneficio similar a las entidades federativas de Jalisco y Colima”.
La décima cláusula establece que las partes tendrían que definir lo relativo a los desarrollos turísticos “Fraccionamiento Música del Mar” y “Fraccionamiento Playa Grande”.
Y finalmente, el convenio aclara que todos los acuerdos son para dar a los habitantes de la región “tranquilidad, certeza y seguridad”, hasta en tanto las entidades federativas no suscriban un convenio definitivo de arreglo limítrofe.
El secretario técnico de la Comisión, David San-mamés, aclara que ignora por qué nunca se firmó este documento, ya que era la mejor forma para “mantener en calma” la situación.
Quienes lo iban a firmar son los presidentes municipales de Manzanillo y Cihuatlán, los gobernadores de Jalisco y Colima, Emilio González Márquez y Jesús Silverio Cavazos Ceballos, así como los ex integrantes de la Comisión del Senado, Rubén Fernando Velázquez López, Jesús Dueñas y Héctor Pérez Plazola.
FRASES:
¿Miedo? Como no, si me da miedo salir…- Elodia Ramos, habitante de Las Pesadas.
Uno sabe de dónde es. Yo soy de Jalisco.- Eufrasia de la Cruz, indígena de Las Pesadas.
La riqueza de nuestras tierras, es la desgracia de nuestras tierras.- Esteban Guzmán Pulgarín, vecino de Las Pesadas.
Tengo que reportar quién entra y quién sale. Aquí no puede venir el Gobierno de Jalisco- Policía de Colima en la zona Las Pesadas.
Para saber
Los indígenas de Las Pesadas creen que en el puro nombre de su población está engendrado el conflicto limítrofe por esta zona entre Jalisco y Colima, que huele a dinero fresco. Se llama así, dicen, porque la tierra que pisan es pesada, es hierro puro.
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