Jalisco
México gasta siete veces más en subsidiar las gasolinas que en combatir la pobreza
Oportunidades y Seguro Popular están destinados a los más pobres. En teoría, contribuyen al apoyo educativo, a la nutrición y a la salud, pero con eso no se soluciona la pobreza: Coneval
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Las reformas a la Constitución, los reglamentos y los convenios internacionales relacionados con los Derechos Humanos fueron letra muerta para Tereso, el adolescente wixárika que murió en la miseria en enero de 2009, en el Hospital Civil de Guadalajara. La extrema pobreza y las enfermedades lo atenazaron hasta el último momento.
Cuando la autoridad intervino fue demasiado tarde. Falló la coordinación entre personal médico para combatir el edema agudo pulmonar, coadyuvado por neumonía y anemia, que terminó con su vida. Nunca recibió apoyo del Gobierno en la inaccesible ranchería de Cañón de Tlaxcala, en la imponente Sierra Madre Occidental, donde se sitúa Tuxpan de Bolaños, en el Norte de Jalisco. En esta situación de rezago social se encuentra la mayoría de los indígenas en México.
Oportunidades, Seguro Popular y Procampo son los principales programas federales destinados a la población en situación de pobreza; no obstante la inversión que se les inyecta y el número de beneficiarios, están lejos de resolver el problema de fondo, coinciden especialistas.
“Los programas (Oportunidades y Seguro Popular) han tenido beneficios con buena focalización. Su diseño es para los más pobres y contribuyen al apoyo educativo de niños y niñas y a la nutrición y a la salud, pero con eso no se soluciona la pobreza. Estos programas han mejorado las capacidades básicas de la población en algunas áreas, pero esos niños y jóvenes que ahora tienen una mejor nutrición o educación, cuando se enfrentan al mercado laboral no siempre encuentran empleo. Señalar a México como país de desigualdades no es novedoso. Un gran reto es de qué manera podremos tener más y mejores empleos; ése es el motor verdadero de la reducción de pobreza, el más rápido y más sistemático”, acentúa Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El presupuesto anual dirigido a beneficiarios de Oportunidades, contrasta con el subsidio que otorga el Gobierno de la República a la compra de combustibles (gasolinas Magna y Premium, y diesel), en el que los más favorecidos son los habitantes con mayores recursos económicos. En 2008, el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades —nombre oficial— destinó 35 mil 656 millones 116 mil 005 pesos para beneficio de cinco millones 049 mil 206 familias, mientras que en ese año se dirigieron alrededor de 240 mil millones de pesos al subsidio de las gasolinas —de acuerdo con las secretarías federales de Hacienda y Economía—. Esto significa que el año pasado, la Federación invirtió siete veces más en el subsidio a la gasolina que en apoyos para familias en pobreza.
Para 2009, el Gobierno de Felipe Calderón tiene asignados 40 mil 549 millones 020 mil pesos en Oportunidades. Las autoridades federales estiman que el subsidio a las gasolinas para el mismo lapso será de 138 mil millones de pesos, es decir, 102 mil millones de pesos menos en comparación con el apoyo otorgado en 2008, con el propósito de “usar ese dinero para otros programas de desarrollo social, educación y salud, que tienen prioridad para el Ejecutivo”. Sin embargo, el Programa Oportunidades apenas tuvo un aumento de cinco mil millones de pesos entre las dos anualidades.
Por otra parte, esta prestación pública asistencial al combustible fue uno de los factores que impidió la canalización de excedentes petroleros a entidades federativas en el primer trimestre del año pasado.
“Grave problema estructural”
El Gobierno federal incluye el subsidio a las gasolinas en el rubro de “impuestos especiales”, dentro del Presupuesto de Gastos Fiscales de la Secretaría de Hacienda. Entre los beneficiarios se encuentran el “servicio del transporte”, el “sector agropecuario” y “otros consumidores”. Este último concepto se refiere a la población en general, deduce Ramón Castañeda Ortega, director de Coordinación Hacendaria del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec).
A finales de 2008, la Secretaría de Hacienda informó que gracias al subsidio, el precio de la gasolina al mayoreo que vende Petróleos Mexicanos (Pemex) es 20.2% inferior al coste internacional, mientras que en el caso del diesel, la diferencia alcanza 45.2%. Para que lo anterior fuera una realidad, las autoridades gastaron los 240 mil millones de pesos en subsidio el año pasado.
“El sacrificio fiscal del Gobierno en materia de subsidios a gasolinas es absurdo —arremete Martín Romero Morett, jefe del Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara (UdeG)—. El presupuesto debería jugar un papel redistributivo y compensatorio, pero no garantiza equidad; hay ciertos grupos que obtienen más ganancia que otros y por eso tenemos una sociedad tan inequitativa, con 60 millones de pobres, de acuerdo con un estudio de la Cámara de Diputados. Hay un grave problema estructural que requiere cirugía mayor para poder crecer, porque la gente debe tener capacidad de consumo y apenas está sobreviviendo. Se requieren reformas estructurales para que paguen más impuestos los que más se benefician del sistema y se hagan transferencias hacia las clases menos beneficiadas”.
El especialista critica en específico el apoyo al sector transportista: “Además de hacer más ricos a los transportistas, el servicio es caro y malo. Por si fuera poco, el gobernador de Jalisco (Emilio González Márquez) entregó otro subsidio millonario a los camioneros para tranquilizarlos, porque querían aumentar la tarifa”.
El académico se refiere a los 258 millones de pesos que el Gobierno del Estado entregará a los camioneros, con la intención de evitar el aumento al costo del pasaje. A principios de 2009, numerosos transportistas se manifestaron con paros de unidades; exigían que la tarifa pasara de 5.00 a 6.00 pesos en la metrópoli, por “afectaciones de la crisis económica”. El gobernador solucionó el conflicto concediendo el subsidio de 258 millones de pesos en un lapso de seis meses. Para el resto del año se proyecta ampliar el apoyo económico al sector, para evitar el incremento en la tarifa.
“Deberían existir transferencias que mejoren el sistema de educación, seguridad y combate a la pobreza —agrega Romero Morett—, es el modelo para que funcione correctamente una economía. Los que más ganan son los que reciben más subsidios federales. El resultado es una sociedad más desigual, que se refleja en el aumento del crimen y la delincuencia”.
Académicos coinciden en que el subsidio en mención es negativo porque fomenta la compra de automóviles y beneficia principalmente a los sectores de ingresos medios y altos; lamentan que no se destinen más recursos a la población en pobreza; critican que no se apueste al transporte colectivo y vías para medios más sustentables como la bicicleta, y suman el aumento en la contaminación atmosférica. Afirman que el subsidio debería ser eliminado.
Ignacio Román, profesor del Departamento de Economía, Administración y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), habla de la conveniencia del retiro del subsidio: “Evidentemente un alto subsidio tiene implicaciones negativas terribles, y es el hecho de centralizar un alto costo económico en el impuesto al transporte privado. De entrada es un problema grave porque estamos consolidando un país que no le apuesta al transporte público. En segundo lugar, ubicar el subsidio con base en cálculos de los costos internacionales es resultado de una brutal importación de gasolina —cerca de la mitad de la que se consume—; eso significa que estamos siendo un país ‘bananero’ en el sector petrolero. En otras palabras, produce la materia prima pero ni siquiera los bienes de procesamiento primario, como son las gasolinas, son manufacturados en México”.
Y resume: “El subsidio tiene beneficios, por lo que su retiro debería ser gradual, mientras el Gobierno trabaja en la menor dependencia de la población hacia el transporte privado y en la mayor intensificación en políticas de investigación, desarrollo y construcción de infraestructura petrolera (refinerías), que permitan en un mediano plazo abaratar los costos de las gasolinas por la vía del costo de la producción”.
Programa “politizado”
Persisten críticas a la operación de Oportunidades, en el sentido de que es una plataforma electoral del partido en el poder.
El pasado 21 de abril, en el pleno del Instituto Federal Electoral (IFE) se desató una polémica con diagnósticos compartidos por la oposición sobre sus propuestas legislativas de política social.
Mientras Obdulio Ávila, panista y candidato a jefe delegacional en Coyoacán, rechazó tener alguna liga con los resultados electorales de su partido, Javier Guerrero, del PRI, comparó en cifras los logros de los gobiernos priistas y los rezagos del PAN, y reprobó que reaparecieran enfermedades erradicadas como tuberculosis, viruela, sarampión y lepra.
Ana Yurixi Leyva, del Partido de la Revolución Democrática, afirmó que el programa es “manipulado, juega con la necesidad de la gente y trae la corrupción desde abajo”.
Diferencias entre el presupuesto 2008 y el gasto asignado para 2009 en Oportunidades:
Programa 2008 2009
Familias beneficiadas: 5 millones 049 mil 206. 5 millones.
Presupuesto ejercido: $35 mil 656 millones 116 mil 005. $40 mil 549 millones 020 mil pesos.
Apoyo educativo: $17 mil 639 millones 189 mil 835. $18 mil 460 millones 800 mil.
Apoyo alimentario: $10 mil 813 millones 010 mil 290. $11 mil 467 millones 170 mil.
Vivir Mejor: $3 mil 964 millones 785 mil. $7 mil 056 millones 720 mil.
Apoyo energético: $2 mil 889 millones 428 mil 430. $3 mil 234 millones 330 mil.
Apoyo a adultos mayores: $349 millones 702 mil 450. $330 millones.
Reparto
En el presupuesto destinado en 2008 para las familias beneficiadas de Oportunidades, destacan las inversiones en Veracruz, Chiapas, Puebla, Oaxaca, México y Guerrero:
Estado Total
Veracruz 4,177,471,205
Chiapas 3,908,756,140
Puebla 2,895,885,180
Oaxaca 2,841,017,370
México 2,777,070,345
Guerrero 2,354,836,665
En el presupuesto 2009 para las familias beneficiadas de Oportunidades, destacan las inversiones en Veracruz, Chiapas, Puebla, Oaxaca, México y Guerrero:
Estado Total
Veracruz 4,598,074,146
Chiapas 4,465,851,140
México 3,304,081,389
Puebla 3,169,186,901
Oaxaca 3,157,471,919
Guerrero 2,663,739,141
Para saber
El programa Oportunidades subraya entre sus bondades: “Apoyar a las familias que viven en condición de pobreza extrema, con el fin de potenciar las capacidades de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar, a través de apoyos en educación (en los niveles básico y medio superior a niños y jóvenes, con el fin de fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela, así como incentivar la terminación de estudios); salud (asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud); alimentación (con énfasis en la población más vulnerable como son los niños y niñas, así como las mujeres embarazadas y en período de lactancia) y energético, en comunidades mayores de dos mil 500 habitantes y a adultos mayores, cuando existan hogares beneficiarios con algún integrante de 70 o más años, que viven en localidades con más de 10 mil habitantes; además de contribuir a la vinculación con nuevos servicios y programas de desarrollo que propicien el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas y de calidad de vida”.
Rezago en Seguro Popular
La Comisión Nacional de Protección Social en Salud tiene el reto de dar cobertura el próximo año, a 12 millones 580 mil 432 familias potenciales en el Seguro Popular. Con un crecimiento estimado de 1.8 millones de familias afiliadas anualmente, la dependencia federal enfrenta una cobertura nacional de nueve millones 146 mil 013 familias, que representan 72.7% de la meta establecida. Las entidades con mayor rezago en este programa son Distrito Federal, Michoacán, México, Puebla, Guerrero, Quintana Roo, Veracruz y Durango, por debajo del 66.8% de los hogares sujetos para ser afiliados, de acuerdo con Carlos Gracia Nava, director general de Financiamiento del Seguro Popular. En éstas hay un factor común: son gobernadas por políticos pertenecientes a partidos distintos al del Presidente Felipe Calderón Hinojosa: Acción Nacional.
Mientras que Aguascalientes tiene la mayor cobertura (116 mil 748 familias afiliadas, que representan 146% de lo proyectado), el Distrito Federal lidera el rezago con 42.4%, es decir, solamente están inscritas 282 mil 901 familias, de las 667 mil 500 susceptibles a la afiliación (Jalisco y Chiapas están en 70%, con base en la Dirección General de Afiliación y Operación del Seguro Popular).
La Secretaría de Salud federal reconoce que en el primer trimestre de este año, la crisis económica en el país aumentó 3.5 veces la demanda de atención médica en el Seguro Popular, principalmente en los servicios externos y en menor medida en los especializados, donde se ofrecen tratamientos para enfermedades como cáncer y trastornos crónico degenerativos, que representan altos costos. La alerta sanitaria por la epidemia de influenza humana fue otro detonante para que los servicios de salud fueran rebasados por la demanda de la población, ante el temor de ser afectados por el virus A H1N1.
En Jalisco, desde marzo de 2008 se cancelaron las inscripciones al programa en varios municipios. Las razones: evitar el desabasto de medicinas y que la demanda de consultas rebase al personal médico, aunque hay pacientes que afirman que esto ya ocurre —hasta enero de 2009, había más de 20 mil familias en espera de ingresar al Seguro Popular en el Estado—.
En el ámbito nacional, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Colima superan 100% de cobertura en el Seguro Popular.
Se considera que si hay nueve millones 146 mil 013 familias inscritas en el programa, suman beneficios para 36 millones 584 mil 052 mexicanos que no contaban con seguridad social, es decir, que no son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La meta es alcanzar el universo de 50 millones 321 mil 728 personas en el programa.
Los pacientes son atendidos en hospitales o en unidades móviles de las secretarías estatales de Salud.
Para saber
Para acceder a este programa, las familias deben realizar aportaciones conforme a su capacidad de pago (sustituye el pago de cuotas de recuperación por aportación anticipada), convirtiéndose en un seguro público y voluntario que ofrece un paquete explícito de servicios de salud. La póliza cubre, hasta ahora, 266 intervenciones o servicios médicos; garantiza el surtimiento de 312 claves de medicamentos asociados al paquete de servicios; ofrece acceso igualitario a la atención médica, trato digno y atención de calidad y da la oportunidad de programar citas y exámenes preventivos, entre otros. Hay 10 niveles de pago: el primero y segundo para familias en extrema pobreza —no hay cuota para afiliados—; del tercero al décimo, cada familia paga anualmente entre 713.96 y 11 mil 378.86 pesos.
Atenciones
La Secretaría federal de Salud y sus homólogas estatales, operan tres niveles de atención en el Sistema Nacional de Salud. Anualmente, el Seguro Popular registra 100 millones de atenciones en el servicio de primer nivel, es decir, en centros, casas de salud (se brinda consulta de carácter ambulatorio) o brigadas móviles (para las comunidades más alejadas) en el país. En el segundo nivel, conformado por la red de Hospitales de Primer Contacto, no hay información disponible del año pasado, pero en 2007 se contabilizaron 535 mil 116 egresos hospitalarios. En el tercer nivel, de alta especialidad en Hospitales Regionales, en 2008 se dio atención a 30 mil 676 pacientes, indica la Dirección General de Financiamiento del Seguro Popular.
Por la cantidad de consultas, la dependencia federal declara inexistente la información de atenciones que se brindan en el primer nivel. “No se codifica por tipo de padecimiento debido al universo tan extenso de consultas otorgadas”, argumenta Carlos Gracia Nava, titular de la Dirección de Financiamiento.
Para saber
Principales causas de egresos hospitalarios en el segundo nivel: relacionadas al embarazo (una tercera parte), colelitiasis y colecistitis (2.9%), y diabetes mellitus (2.3%).
Principales patologías en tercer nivel: cataratas (46%), cuidados intensivos neonatales (34.8%), cáncer de mama (6.3%), cáncer cérvico-uterino (5.9%) y cáncer en niños (3.6%).
Derroche de recursos
Ante la falta de un sistema de compras consolidadas en el ámbito nacional, regulado por el Gobierno federal, durante 2008 existió sobreprecio en la compra de medicinas para afiliados al Seguro Popular, programa destinado a las familias en pobreza y sin seguridad social. De acuerdo con información de la página electrónica www.seguro-popular.salud.gob.mx, de manera general, autoridades estatales de Chiapas lideran la lista con un sobreprecio de 84%, seguidas por Yucatán, con 81%, así como Jalisco, Hidalgo y Nayarit, con 79% cada uno. Morelos es el Estado que adquiere productos a menor sobreprecio (13%).
Autoridades estatales justifican el sobreprecio porque las proveedoras ofrecen un “sistema plus”, es decir, incluyen costo de distribución, almacenamiento, inventario y entrega personalizada. Pero hay ejemplos en los que la compra de medicamentos se dispara considerablemente, muestra información reportada en el primer semestre de 2008 por autoridades estatales: por el medicamento oxitocina en solución inyectable (5 UI/ml, 50 ampolletas de 1 ml), Jalisco pagó 291.40 pesos, mientras que el vecino Estado de Colima consiguió el mismo producto por apenas 4.50 pesos.
En 2008, el Seguro Popular entregó alrededor de siete mil 500 millones de pesos a los gobiernos estatales para la compra de medicamentos para pacientes inscritos en el programa federal. Con las manos atadas, directivos de la dependencia reconocen que la venta de medicamentos a los gobiernos estatales podría ascender a cuatro mil 500 millones de pesos por ganancias de sobreprecios, con excepción del Distrito Federal, que no reporta adquisiciones de fármacos en el primer semestre del año pasado. La falta de transparencia en las compras por parte de autoridades estatales es tal, que el mismo Presidente Felipe Calderón admitió en una reunión con la industria farmacéutica, a principios de 2008, que se trata de un reto mayúsculo.
Tres empresas acapararon el año pasado la venta de medicamentos para el Seguro Popular en las entidades federativas. Con base en información desplegada en la página electrónica www.seguro-popular.salud.gob.mx, en el primer semestre de 2008, Veracruz pagó 152 millones 986 mil 754.57 pesos a “Farmacia de Genéricos”, ubicándose en primer lugar. Por su parte, el Estado de México desembolsó 222 millones 821 mil 829.67 pesos para medicamentos a una decena de empresas, entre las que destaca “Distribuidora Disur”, con una asignación de 143 millones 516 mil 712.38 pesos. En tercer sitio se ubica “Farmacias El Fénix del Centro”, como proveedora de dos entidades: 85 millones 061 mil 249 pesos que liquidó Chiapas, y 50 millones 369 mil 489 pesos pagados por el Estado de México, para un total de 135 millones 430 mil 738.02 pesos.
Los gobiernos de Jalisco y Chiapas destacan por tener proveedores únicos con pagos millonarios, mientras que el Estado de México distribuye en una decena de empresas el presupuesto federal destinado para medicamentos del Seguro Popular. Hay entidades que superan esta cifra de distribuidores: el Gobierno de Veracruz mantiene un padrón de 33 empresas a las que paga desde 17 mil 329 pesos hasta dos millones 369 mil 289 pesos.
Mientras los proveedores defendían el “sistema plus” y reiteraban que no había sobreprecio en las medicinas, el pasado 26 de enero se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los precios de referencia para la adquisición de medicamentos por parte de las entidades federativas con recursos del Seguro Popular, que permitirán generar ahorros por tres mil 600 millones de pesos en 2009. La publicación incluye un listado de precios de fármacos y se especifica que a pesar de contar con el “servicio plus” que ofrecen algunas proveedoras, ninguna podrá exceder más de 20% de los precios unitarios especificados en la publicación, para evitar el sobreprecio que actualmente pagan entidades como Chiapas (de 84%), Yucatán (81%) y Jalisco (79%).
Las reformas a la Constitución, los reglamentos y los convenios internacionales relacionados con los Derechos Humanos fueron letra muerta para Tereso, el adolescente wixárika que murió en la miseria en enero de 2009, en el Hospital Civil de Guadalajara. La extrema pobreza y las enfermedades lo atenazaron hasta el último momento.
Cuando la autoridad intervino fue demasiado tarde. Falló la coordinación entre personal médico para combatir el edema agudo pulmonar, coadyuvado por neumonía y anemia, que terminó con su vida. Nunca recibió apoyo del Gobierno en la inaccesible ranchería de Cañón de Tlaxcala, en la imponente Sierra Madre Occidental, donde se sitúa Tuxpan de Bolaños, en el Norte de Jalisco. En esta situación de rezago social se encuentra la mayoría de los indígenas en México.
Oportunidades, Seguro Popular y Procampo son los principales programas federales destinados a la población en situación de pobreza; no obstante la inversión que se les inyecta y el número de beneficiarios, están lejos de resolver el problema de fondo, coinciden especialistas.
“Los programas (Oportunidades y Seguro Popular) han tenido beneficios con buena focalización. Su diseño es para los más pobres y contribuyen al apoyo educativo de niños y niñas y a la nutrición y a la salud, pero con eso no se soluciona la pobreza. Estos programas han mejorado las capacidades básicas de la población en algunas áreas, pero esos niños y jóvenes que ahora tienen una mejor nutrición o educación, cuando se enfrentan al mercado laboral no siempre encuentran empleo. Señalar a México como país de desigualdades no es novedoso. Un gran reto es de qué manera podremos tener más y mejores empleos; ése es el motor verdadero de la reducción de pobreza, el más rápido y más sistemático”, acentúa Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El presupuesto anual dirigido a beneficiarios de Oportunidades, contrasta con el subsidio que otorga el Gobierno de la República a la compra de combustibles (gasolinas Magna y Premium, y diesel), en el que los más favorecidos son los habitantes con mayores recursos económicos. En 2008, el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades —nombre oficial— destinó 35 mil 656 millones 116 mil 005 pesos para beneficio de cinco millones 049 mil 206 familias, mientras que en ese año se dirigieron alrededor de 240 mil millones de pesos al subsidio de las gasolinas —de acuerdo con las secretarías federales de Hacienda y Economía—. Esto significa que el año pasado, la Federación invirtió siete veces más en el subsidio a la gasolina que en apoyos para familias en pobreza.
Para 2009, el Gobierno de Felipe Calderón tiene asignados 40 mil 549 millones 020 mil pesos en Oportunidades. Las autoridades federales estiman que el subsidio a las gasolinas para el mismo lapso será de 138 mil millones de pesos, es decir, 102 mil millones de pesos menos en comparación con el apoyo otorgado en 2008, con el propósito de “usar ese dinero para otros programas de desarrollo social, educación y salud, que tienen prioridad para el Ejecutivo”. Sin embargo, el Programa Oportunidades apenas tuvo un aumento de cinco mil millones de pesos entre las dos anualidades.
Por otra parte, esta prestación pública asistencial al combustible fue uno de los factores que impidió la canalización de excedentes petroleros a entidades federativas en el primer trimestre del año pasado.
“Grave problema estructural”
El Gobierno federal incluye el subsidio a las gasolinas en el rubro de “impuestos especiales”, dentro del Presupuesto de Gastos Fiscales de la Secretaría de Hacienda. Entre los beneficiarios se encuentran el “servicio del transporte”, el “sector agropecuario” y “otros consumidores”. Este último concepto se refiere a la población en general, deduce Ramón Castañeda Ortega, director de Coordinación Hacendaria del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec).
A finales de 2008, la Secretaría de Hacienda informó que gracias al subsidio, el precio de la gasolina al mayoreo que vende Petróleos Mexicanos (Pemex) es 20.2% inferior al coste internacional, mientras que en el caso del diesel, la diferencia alcanza 45.2%. Para que lo anterior fuera una realidad, las autoridades gastaron los 240 mil millones de pesos en subsidio el año pasado.
“El sacrificio fiscal del Gobierno en materia de subsidios a gasolinas es absurdo —arremete Martín Romero Morett, jefe del Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara (UdeG)—. El presupuesto debería jugar un papel redistributivo y compensatorio, pero no garantiza equidad; hay ciertos grupos que obtienen más ganancia que otros y por eso tenemos una sociedad tan inequitativa, con 60 millones de pobres, de acuerdo con un estudio de la Cámara de Diputados. Hay un grave problema estructural que requiere cirugía mayor para poder crecer, porque la gente debe tener capacidad de consumo y apenas está sobreviviendo. Se requieren reformas estructurales para que paguen más impuestos los que más se benefician del sistema y se hagan transferencias hacia las clases menos beneficiadas”.
El especialista critica en específico el apoyo al sector transportista: “Además de hacer más ricos a los transportistas, el servicio es caro y malo. Por si fuera poco, el gobernador de Jalisco (Emilio González Márquez) entregó otro subsidio millonario a los camioneros para tranquilizarlos, porque querían aumentar la tarifa”.
El académico se refiere a los 258 millones de pesos que el Gobierno del Estado entregará a los camioneros, con la intención de evitar el aumento al costo del pasaje. A principios de 2009, numerosos transportistas se manifestaron con paros de unidades; exigían que la tarifa pasara de 5.00 a 6.00 pesos en la metrópoli, por “afectaciones de la crisis económica”. El gobernador solucionó el conflicto concediendo el subsidio de 258 millones de pesos en un lapso de seis meses. Para el resto del año se proyecta ampliar el apoyo económico al sector, para evitar el incremento en la tarifa.
“Deberían existir transferencias que mejoren el sistema de educación, seguridad y combate a la pobreza —agrega Romero Morett—, es el modelo para que funcione correctamente una economía. Los que más ganan son los que reciben más subsidios federales. El resultado es una sociedad más desigual, que se refleja en el aumento del crimen y la delincuencia”.
Académicos coinciden en que el subsidio en mención es negativo porque fomenta la compra de automóviles y beneficia principalmente a los sectores de ingresos medios y altos; lamentan que no se destinen más recursos a la población en pobreza; critican que no se apueste al transporte colectivo y vías para medios más sustentables como la bicicleta, y suman el aumento en la contaminación atmosférica. Afirman que el subsidio debería ser eliminado.
Ignacio Román, profesor del Departamento de Economía, Administración y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), habla de la conveniencia del retiro del subsidio: “Evidentemente un alto subsidio tiene implicaciones negativas terribles, y es el hecho de centralizar un alto costo económico en el impuesto al transporte privado. De entrada es un problema grave porque estamos consolidando un país que no le apuesta al transporte público. En segundo lugar, ubicar el subsidio con base en cálculos de los costos internacionales es resultado de una brutal importación de gasolina —cerca de la mitad de la que se consume—; eso significa que estamos siendo un país ‘bananero’ en el sector petrolero. En otras palabras, produce la materia prima pero ni siquiera los bienes de procesamiento primario, como son las gasolinas, son manufacturados en México”.
Y resume: “El subsidio tiene beneficios, por lo que su retiro debería ser gradual, mientras el Gobierno trabaja en la menor dependencia de la población hacia el transporte privado y en la mayor intensificación en políticas de investigación, desarrollo y construcción de infraestructura petrolera (refinerías), que permitan en un mediano plazo abaratar los costos de las gasolinas por la vía del costo de la producción”.
Programa “politizado”
Persisten críticas a la operación de Oportunidades, en el sentido de que es una plataforma electoral del partido en el poder.
El pasado 21 de abril, en el pleno del Instituto Federal Electoral (IFE) se desató una polémica con diagnósticos compartidos por la oposición sobre sus propuestas legislativas de política social.
Mientras Obdulio Ávila, panista y candidato a jefe delegacional en Coyoacán, rechazó tener alguna liga con los resultados electorales de su partido, Javier Guerrero, del PRI, comparó en cifras los logros de los gobiernos priistas y los rezagos del PAN, y reprobó que reaparecieran enfermedades erradicadas como tuberculosis, viruela, sarampión y lepra.
Ana Yurixi Leyva, del Partido de la Revolución Democrática, afirmó que el programa es “manipulado, juega con la necesidad de la gente y trae la corrupción desde abajo”.
Diferencias entre el presupuesto 2008 y el gasto asignado para 2009 en Oportunidades:
Programa 2008 2009
Familias beneficiadas: 5 millones 049 mil 206. 5 millones.
Presupuesto ejercido: $35 mil 656 millones 116 mil 005. $40 mil 549 millones 020 mil pesos.
Apoyo educativo: $17 mil 639 millones 189 mil 835. $18 mil 460 millones 800 mil.
Apoyo alimentario: $10 mil 813 millones 010 mil 290. $11 mil 467 millones 170 mil.
Vivir Mejor: $3 mil 964 millones 785 mil. $7 mil 056 millones 720 mil.
Apoyo energético: $2 mil 889 millones 428 mil 430. $3 mil 234 millones 330 mil.
Apoyo a adultos mayores: $349 millones 702 mil 450. $330 millones.
Reparto
En el presupuesto destinado en 2008 para las familias beneficiadas de Oportunidades, destacan las inversiones en Veracruz, Chiapas, Puebla, Oaxaca, México y Guerrero:
Estado Total
Veracruz 4,177,471,205
Chiapas 3,908,756,140
Puebla 2,895,885,180
Oaxaca 2,841,017,370
México 2,777,070,345
Guerrero 2,354,836,665
En el presupuesto 2009 para las familias beneficiadas de Oportunidades, destacan las inversiones en Veracruz, Chiapas, Puebla, Oaxaca, México y Guerrero:
Estado Total
Veracruz 4,598,074,146
Chiapas 4,465,851,140
México 3,304,081,389
Puebla 3,169,186,901
Oaxaca 3,157,471,919
Guerrero 2,663,739,141
Para saber
El programa Oportunidades subraya entre sus bondades: “Apoyar a las familias que viven en condición de pobreza extrema, con el fin de potenciar las capacidades de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar, a través de apoyos en educación (en los niveles básico y medio superior a niños y jóvenes, con el fin de fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela, así como incentivar la terminación de estudios); salud (asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud); alimentación (con énfasis en la población más vulnerable como son los niños y niñas, así como las mujeres embarazadas y en período de lactancia) y energético, en comunidades mayores de dos mil 500 habitantes y a adultos mayores, cuando existan hogares beneficiarios con algún integrante de 70 o más años, que viven en localidades con más de 10 mil habitantes; además de contribuir a la vinculación con nuevos servicios y programas de desarrollo que propicien el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas y de calidad de vida”.
Rezago en Seguro Popular
La Comisión Nacional de Protección Social en Salud tiene el reto de dar cobertura el próximo año, a 12 millones 580 mil 432 familias potenciales en el Seguro Popular. Con un crecimiento estimado de 1.8 millones de familias afiliadas anualmente, la dependencia federal enfrenta una cobertura nacional de nueve millones 146 mil 013 familias, que representan 72.7% de la meta establecida. Las entidades con mayor rezago en este programa son Distrito Federal, Michoacán, México, Puebla, Guerrero, Quintana Roo, Veracruz y Durango, por debajo del 66.8% de los hogares sujetos para ser afiliados, de acuerdo con Carlos Gracia Nava, director general de Financiamiento del Seguro Popular. En éstas hay un factor común: son gobernadas por políticos pertenecientes a partidos distintos al del Presidente Felipe Calderón Hinojosa: Acción Nacional.
Mientras que Aguascalientes tiene la mayor cobertura (116 mil 748 familias afiliadas, que representan 146% de lo proyectado), el Distrito Federal lidera el rezago con 42.4%, es decir, solamente están inscritas 282 mil 901 familias, de las 667 mil 500 susceptibles a la afiliación (Jalisco y Chiapas están en 70%, con base en la Dirección General de Afiliación y Operación del Seguro Popular).
La Secretaría de Salud federal reconoce que en el primer trimestre de este año, la crisis económica en el país aumentó 3.5 veces la demanda de atención médica en el Seguro Popular, principalmente en los servicios externos y en menor medida en los especializados, donde se ofrecen tratamientos para enfermedades como cáncer y trastornos crónico degenerativos, que representan altos costos. La alerta sanitaria por la epidemia de influenza humana fue otro detonante para que los servicios de salud fueran rebasados por la demanda de la población, ante el temor de ser afectados por el virus A H1N1.
En Jalisco, desde marzo de 2008 se cancelaron las inscripciones al programa en varios municipios. Las razones: evitar el desabasto de medicinas y que la demanda de consultas rebase al personal médico, aunque hay pacientes que afirman que esto ya ocurre —hasta enero de 2009, había más de 20 mil familias en espera de ingresar al Seguro Popular en el Estado—.
En el ámbito nacional, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Colima superan 100% de cobertura en el Seguro Popular.
Se considera que si hay nueve millones 146 mil 013 familias inscritas en el programa, suman beneficios para 36 millones 584 mil 052 mexicanos que no contaban con seguridad social, es decir, que no son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La meta es alcanzar el universo de 50 millones 321 mil 728 personas en el programa.
Los pacientes son atendidos en hospitales o en unidades móviles de las secretarías estatales de Salud.
Para saber
Para acceder a este programa, las familias deben realizar aportaciones conforme a su capacidad de pago (sustituye el pago de cuotas de recuperación por aportación anticipada), convirtiéndose en un seguro público y voluntario que ofrece un paquete explícito de servicios de salud. La póliza cubre, hasta ahora, 266 intervenciones o servicios médicos; garantiza el surtimiento de 312 claves de medicamentos asociados al paquete de servicios; ofrece acceso igualitario a la atención médica, trato digno y atención de calidad y da la oportunidad de programar citas y exámenes preventivos, entre otros. Hay 10 niveles de pago: el primero y segundo para familias en extrema pobreza —no hay cuota para afiliados—; del tercero al décimo, cada familia paga anualmente entre 713.96 y 11 mil 378.86 pesos.
Atenciones
La Secretaría federal de Salud y sus homólogas estatales, operan tres niveles de atención en el Sistema Nacional de Salud. Anualmente, el Seguro Popular registra 100 millones de atenciones en el servicio de primer nivel, es decir, en centros, casas de salud (se brinda consulta de carácter ambulatorio) o brigadas móviles (para las comunidades más alejadas) en el país. En el segundo nivel, conformado por la red de Hospitales de Primer Contacto, no hay información disponible del año pasado, pero en 2007 se contabilizaron 535 mil 116 egresos hospitalarios. En el tercer nivel, de alta especialidad en Hospitales Regionales, en 2008 se dio atención a 30 mil 676 pacientes, indica la Dirección General de Financiamiento del Seguro Popular.
Por la cantidad de consultas, la dependencia federal declara inexistente la información de atenciones que se brindan en el primer nivel. “No se codifica por tipo de padecimiento debido al universo tan extenso de consultas otorgadas”, argumenta Carlos Gracia Nava, titular de la Dirección de Financiamiento.
Para saber
Principales causas de egresos hospitalarios en el segundo nivel: relacionadas al embarazo (una tercera parte), colelitiasis y colecistitis (2.9%), y diabetes mellitus (2.3%).
Principales patologías en tercer nivel: cataratas (46%), cuidados intensivos neonatales (34.8%), cáncer de mama (6.3%), cáncer cérvico-uterino (5.9%) y cáncer en niños (3.6%).
Derroche de recursos
Ante la falta de un sistema de compras consolidadas en el ámbito nacional, regulado por el Gobierno federal, durante 2008 existió sobreprecio en la compra de medicinas para afiliados al Seguro Popular, programa destinado a las familias en pobreza y sin seguridad social. De acuerdo con información de la página electrónica www.seguro-popular.salud.gob.mx, de manera general, autoridades estatales de Chiapas lideran la lista con un sobreprecio de 84%, seguidas por Yucatán, con 81%, así como Jalisco, Hidalgo y Nayarit, con 79% cada uno. Morelos es el Estado que adquiere productos a menor sobreprecio (13%).
Autoridades estatales justifican el sobreprecio porque las proveedoras ofrecen un “sistema plus”, es decir, incluyen costo de distribución, almacenamiento, inventario y entrega personalizada. Pero hay ejemplos en los que la compra de medicamentos se dispara considerablemente, muestra información reportada en el primer semestre de 2008 por autoridades estatales: por el medicamento oxitocina en solución inyectable (5 UI/ml, 50 ampolletas de 1 ml), Jalisco pagó 291.40 pesos, mientras que el vecino Estado de Colima consiguió el mismo producto por apenas 4.50 pesos.
En 2008, el Seguro Popular entregó alrededor de siete mil 500 millones de pesos a los gobiernos estatales para la compra de medicamentos para pacientes inscritos en el programa federal. Con las manos atadas, directivos de la dependencia reconocen que la venta de medicamentos a los gobiernos estatales podría ascender a cuatro mil 500 millones de pesos por ganancias de sobreprecios, con excepción del Distrito Federal, que no reporta adquisiciones de fármacos en el primer semestre del año pasado. La falta de transparencia en las compras por parte de autoridades estatales es tal, que el mismo Presidente Felipe Calderón admitió en una reunión con la industria farmacéutica, a principios de 2008, que se trata de un reto mayúsculo.
Tres empresas acapararon el año pasado la venta de medicamentos para el Seguro Popular en las entidades federativas. Con base en información desplegada en la página electrónica www.seguro-popular.salud.gob.mx, en el primer semestre de 2008, Veracruz pagó 152 millones 986 mil 754.57 pesos a “Farmacia de Genéricos”, ubicándose en primer lugar. Por su parte, el Estado de México desembolsó 222 millones 821 mil 829.67 pesos para medicamentos a una decena de empresas, entre las que destaca “Distribuidora Disur”, con una asignación de 143 millones 516 mil 712.38 pesos. En tercer sitio se ubica “Farmacias El Fénix del Centro”, como proveedora de dos entidades: 85 millones 061 mil 249 pesos que liquidó Chiapas, y 50 millones 369 mil 489 pesos pagados por el Estado de México, para un total de 135 millones 430 mil 738.02 pesos.
Los gobiernos de Jalisco y Chiapas destacan por tener proveedores únicos con pagos millonarios, mientras que el Estado de México distribuye en una decena de empresas el presupuesto federal destinado para medicamentos del Seguro Popular. Hay entidades que superan esta cifra de distribuidores: el Gobierno de Veracruz mantiene un padrón de 33 empresas a las que paga desde 17 mil 329 pesos hasta dos millones 369 mil 289 pesos.
Mientras los proveedores defendían el “sistema plus” y reiteraban que no había sobreprecio en las medicinas, el pasado 26 de enero se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los precios de referencia para la adquisición de medicamentos por parte de las entidades federativas con recursos del Seguro Popular, que permitirán generar ahorros por tres mil 600 millones de pesos en 2009. La publicación incluye un listado de precios de fármacos y se especifica que a pesar de contar con el “servicio plus” que ofrecen algunas proveedoras, ninguna podrá exceder más de 20% de los precios unitarios especificados en la publicación, para evitar el sobreprecio que actualmente pagan entidades como Chiapas (de 84%), Yucatán (81%) y Jalisco (79%).
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