'Magistrados del TAE se van antes que termine julio': Ismael del Toro

GUADALAJARA, JALISCO (10/MAR/2017).- El coordinador del Partido Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso, Ismael del Toro, afirmó que la fracción impulsará que los seis magistrados que forman parte del Tribunal Administrativo del Estado (TAE) dejen el puesto “antes de que termine julio”.

Explicó que independientemente de la mala actuación de Alberto Barba Gómez, de las denuncias en su contra en el Poder Legislativo y la Fiscalía, el Sistema Nacional Anticorrupción prevé cambios para este tipo de organismos.  

“Hoy el Tribunal Administrativo es una entidad jurisdiccional especializada en trámites administrativos, pero que depende del Poder Judicial. Con toda la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción y la que tenemos que concluir en el Sistema Estatal, una parte fundamental con facultades diferentes, específicas, son los Tribunales de Justicia Administrativa, que tendrán que estar dentro de este contexto de Sistema Anticorrupción”.

Destacó que nacerá una institución en la que se nombrará a nuevos magistrados: “Cuando se haga el nuevo Tribunal es borrón y cuenta nueva… deberán ser nombrados los que ocupen los cargos de magistrados de esa nueva institución”.

Ante la existencia de un artículo transitorio incluido en la reforma federal, que establece que deberán respetarse los derechos de los magistrados que forman parte de este tipo de Tribunales, que a nivel nacional dependen del Poder Ejecutivo, Del Toro precisó que en Jalisco no aplica, pues el TAE depende del Poder Judicial.

“Se tienen que ir todos, pero hay quienes argumentan que se debe terminar de revisar la aplicación de ese transitorio. Es de las cosas que siguen a discusión”.

Acentuó que los integrantes de la actual Legislatura tienen hasta el 26 de marzo para reformar la Constitución estatal y hasta el 18 de julio para concluir las modificaciones complementarias que darán pie a la creación de un nuevo Tribunal, sus facultades y su ley reglamentaria.
 
“En el término de estos cuatro meses que están corriendo estaríamos haciendo la institución y los nombramientos. Al ya estar el nuevo Tribunal se deben hacer nuevos nombramientos y para ese momento ya se fueron”.

ALBERTO BARBA "ES UN PILLO"

“Sé que Barba es un pillo, es un hombre que nunca debió haber llegado al Tribunal Administrativo”, subrayó el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña, luego que rechazó los señalamientos de Demetrio Guerrero, diputado local por el Partido Movimiento Ciudadano, quien refirió que el panista ejerció presión en el Congreso para defender a Alberto Barba.

En entrevista radiofónica, Ramírez Acuña afirmó que en 2007, Barba fue promovido por el propio Guerrero y por funcionarios de la gubernatura de Emilio González Márquez, entre ellos Herbert Taylor, quien fungió como coordinador de Innovación y Desarrollo, y José Manuel Verdín, que encabezó la entonces Secretaría de Vialidad.

“Barba salió de la Secretaría de Vialidad en 2003 precisamente porque lo destituí de la tarea que estaba realizando junto con Verdín. Nunca más volvió a tener ninguna actividad pública durante mi Gobierno. Fue hasta 2007 cuando, promovido por Herbert, Verdín y Eduardo Rosales, que era el presidente del PAN, y el propio ‘Mochilas’ (así apodan a Demetrio), que era el secretario de Acción de Gobierno del Comité del PAN… lo llevaron a ser magistrado”.

Aunque se deslinda totalmente de apoyar a Barba, de acuerdo con una nota publicada en esta casa editorial, fue nombrado magistrado el 15 de febrero de 2005, año en el que Ramírez Acuña era gobernador. El problema fue que dos  magistrados salientes interpusieron dos recursos legales que entorpecieron el proceso. Fue hasta 2007 cuando se dio el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y pudieron llegar al puesto.

Ramírez Acuña aseguró que nunca impulsó la llegada de algún magistrado y añadió que MC debe presentar todas las pruebas contra Barba para que tenga procedencia el desafuero y las acciones penales en su contra.

Por su parte, Demetrio Guerrero, integrante de la Comisión de Responsabilidades, aseguró que existen elementos para separar a Barba del cargo.

PARTIDOS POLÍTICOS

Aprueban juicios contra magistrado

“No hay intocables, no hay impunidad y vamos a actuar… sea quien sea”, sentenció esta semana el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, respecto al juicio penal que se interpone contra el magistrado Alberto Barba Gómez, señalado por favorecer acciones de corte urbanístico en el municipio de Zapopan.

En ese sentido, los líderes del PRI, PRD y MC coinciden en que los procedimientos abiertos deben seguir su cauce para preservar el Estado de Derecho, y no encasillar al Tribunal como un ente en donde prolifera la corrupción.

Socorro Velázquez, líder del tricolor, expone que si bien el trabajo que se realiza en el TAE por lo general es “muy útil para la sociedad”, siempre es bueno que las autoridades actúen para evitar situaciones como las que enfrenta Barba, quien en los últimos días autorizó construir vivienda vertical en predios de Colomos III. “Desconozco si hay otra situación similar, pero desde luego que no sólo el TAE, sino todas las instituciones públicas deben estar permanentemente auditadas, no solamente por los órganos correspondientes, sino por toda la sociedad (…) Hay que  castigar a quienes se salgan de lo que establecen las disposiciones legales aplicables”.

Guillermo Medrano, de Movimiento Ciudadano, lamenta: “¿Cómo es posible que una autoridad municipal niegue una licencia que va en perjuicio de los habitantes del entorno, o que no cumpla con el uso de suelo, y que el Tribunal, o en particular un magistrado, les dé la aprobación? ¿Dónde queda la autonomía del municipio?”.

Raúl Vargas, presidente del PRD, expone que en el juicio contra Alberto Barba no pueden afectar al resto de quienes integran el TAE. Incluso, los Ayuntamientos deben aceptar la responsabilidad que puede recaer en sus áreas jurídicas al impedir las edificaciones que sí fueron autorizadas en la sexta sala unitaria del Tribunal.

Se solicitó la opinión del representante panista, Miguel Ángel Martínez. La entrevista no se concretó.

GUÍA

Las diferencias

• Juicio político

Es un procedimiento de sanción que se aplica contra servidores públicos cuando sus actos u omisiones  “redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.  La usurpación de funciones, el ataque a las instituciones y las violaciones a las garantías individuales son algunos de los actos que pueden motivar a emprender este procedimiento, que puede ser aplicado incluso en contra de gobernadores, diputados locales y magistrados.

Cualquier ciudadano puede promoverlo. La denuncia debe ser presentada ante el Legislativo, soportada con pruebas documentales o elementos probatorios.

Las sanciones incluyen la destitución y que sea inhabilitado.

• Juicio de procedencia

Conocido como desafuero. Busca retirar cualquier protección al servidor público señalado. Incluso llevarlo a prisión. Se aplica cuando queda fundamentado que el servidor público cometió algún delito. El desafuero quita la “inmunidad” y puede ser juzgado como cualquier ciudadano.

TELÓN DE FONDO

¿Quiénes respaldaron a Alberto Barba en el PAN?

Durante la 57 Legislatura, en la que Alberto Barba fue nombrado magistrado, el primer coordinador de bancada fue Alonso Ulloa, pero al solicitar licencia para sumarse al equipo del ex Presidente Felipe Calderón, el liderazgo panista en el Legislativo estatal lo asumió Antonio Muñoz Serrano.

Cuando Alberto Barba fue designado, Antonio Muñoz era el coordinador de bancada, aunque éste siempre fue asesorado por Ulloa.  

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

Proponen Observatorio Judicial

Rogelio Barba Álvarez, investigador de la UdeG, propuso la creación de un Observatorio Judicial cuyos miembros se encarguen de revisar el trabajo del TAE, de modo que sus resoluciones no afecten a los ciudadanos.  

Explicó que en estos observatorios deben tener participación ex magistrados, representantes de Organismos No Gubernamentales, asociaciones civiles y hasta el presidente del Supremo Tribunal. También remarcó que en países como Panamá y República Dominicana ya cuentan con este tipo de instrumentos, que dan resultados favorables.

Por su parte, el director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, afirmó que los procedimientos contra Barba deben formar parte de una estrategia para atacar la corrupción y no sólo para castigar a un chivo expiatorio. Destacó que en Jalisco se debe poner especial cuidado para no repetir lo que ocurrió en Veracruz y Quintana Roo, donde se señaló a los ex gobernadores de actos de corrupción, pero no se detalló la información sobre la red que los ayudó: “Los magistrados del TAE son la punta más visible de una corrupción que no podemos desestimar”.

Acentuó que el Sistema Anticorrupción incluye un apartado en el que se detallan los tipos de corrupción que ayudarán a trazar el camino para que no se repitan acciones que afecten a los ciudadanos. “Si hay alguna institución pública desgastada en Jalisco es el TAE. Es necesario que el Legislativo y el Judicial den una señal clara de que la renovación va en serio”.

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¿Procederá el juicio contra el magistrado Alberto Barba en el Congreso de Jalisco?

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