Jalisco
Los textos del mensaje del informe que no fue
Informar sobre el estado que guarda la Nación no es lo mismo que un informe de Gobierno
En el mensaje sobre el informe anual de la administración federal tuvimos, la semana pasada, la inesperada remembranza de la perfeccionada elocuencia del discurso revolucionario que sigue pintando la versión de un México construido imaginariamente desde la conciencia propia del Centro del país. Un estilo que pudo haber encajado muy bien allá por los años 1977 a 1981. Sin embargo, el contexto se antoja extemporáneo por una treintena de años, de cuando el informe presidencial servía de pretexto ritual para aquello que fue el subtexto real a comunicar: que la persona investida con la insignia de la Patria seguía vigente.
Informar sobre el estado que guarda la Nación no es lo mismo que un informe de Gobierno. Ni tampoco lo es el reporte frecuente del desempeño de la administración pública ni el anuncio oportuno de propuestas puntuales de política pública. Pero así lo parecería, al menos, cuando el vocero de política pública, el gerente general administrativo, el jefe de Gobierno y el jefe del Estado son una y la misma persona. Por esto, para los mexicanos, las palabras “política y administración pública”, “Gobierno” y “Estado” tienden a usarse indistintamente como sinónimos. Se refieren a cosas que para nosotros son fácilmente confundibles entre sí.
Pues el encargado de todo aquello es la misma persona envuelta en el ropaje del Presidente de la República.
A diferencia de como sucede aquí, el régimen de poder que funciona en la gran mayoría de las democracias actuales es un sistema que divide al Ejecutivo en por lo menos dos órbitas distintas. Una es jefatura del Estado, garante de la unidad de las instituciones rectoras de la sociedad en su territorio y su representante frente al exterior. La otra es el Gobierno, con su propia jefatura, responsable ante a un cuerpo colegiado de quien surge por la mayoría representativa para llevar la operación gubernamental en el ejercicio de autoridad y de política pública (y generalmente la procuración y vigilancia de bienes y servicios públicos). El principal motivo de esta distinción precisa es fomentar la congruencia y el contrapeso democrático, políticamente más saludable para resguardar las instituciones del Estado y para lograr la eficacia en la gobernación, incluyendo el ejercicio del gasto y la operación de la administración pública.
Recordamos que un Gobierno es solamente la organización de personas a la cual se le adjudica la toma de decisiones y acciones públicas en la práctica diaria. Su ámbito principal es la resolución de disputas, debiendo proteger primero la seguridad de la vida y propiedad de cada individuo; y luego la administración de la justicia, incluido el ámbito de los derechos y contratos privados.
El Estado, por contraste al Gobierno, es el orden jurídico y político que regula todas las relaciones sociales en su espacio territorial. Su autoridad es sustentada sobre el pacto o contrato social que deposita la fuerza en las instituciones, no en las personas.
El resultado más extraordinario a 10 años de la transición democrática es tal vez que se nos está obligando a reconocer que la alternancia en el Gobierno nunca ha significado la transformación del sistema viejo, sino al contrario, la tentación de reforzar sus mismos atributos con algunas caras y manías nuevas. Una vez en el poder, resulta difícil registrar que desde el pensamiento viejo no se puede admitir un cambio en la posibilidad de actuar bajo un conjunto distinto de reglas.
Por esto, lo que más apremia al proceso de transición sigue siendo la Reforma del Estado. Aquella iniciativa que viene desde los foros regionales convocados en 1998 por la Cámara de Diputados, la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado del año 2000 y, en 2001, de los Foros para la Revisión Integral de la Constitución de la Secretaría de Gobernación. En todos ellos se consideró urgente una revisión para que se concilie la Carta Magna con la realidad del país, por lo que se propusieron cambios prácticamente a todos sus artículos.
Significaría nada menos que reconsiderar la vigencia de aquello que nos hace mexicanos; un cambio de nuestra Constitución Política que fortalezca al Estado democrático y a la sociedad. En el marco festivo del Centenario y el Bicentenario, al texto presidencial le hubiera caído bien el mensaje de una nueva brújula. Para quienes siguen la cuenta de nuestra historia, esto equivaldría a crear, otra vez, una nueva República. Tampoco nada nuevo para los mexicanos; sería por cuarta ocasión.
Informar sobre el estado que guarda la Nación no es lo mismo que un informe de Gobierno. Ni tampoco lo es el reporte frecuente del desempeño de la administración pública ni el anuncio oportuno de propuestas puntuales de política pública. Pero así lo parecería, al menos, cuando el vocero de política pública, el gerente general administrativo, el jefe de Gobierno y el jefe del Estado son una y la misma persona. Por esto, para los mexicanos, las palabras “política y administración pública”, “Gobierno” y “Estado” tienden a usarse indistintamente como sinónimos. Se refieren a cosas que para nosotros son fácilmente confundibles entre sí.
Pues el encargado de todo aquello es la misma persona envuelta en el ropaje del Presidente de la República.
A diferencia de como sucede aquí, el régimen de poder que funciona en la gran mayoría de las democracias actuales es un sistema que divide al Ejecutivo en por lo menos dos órbitas distintas. Una es jefatura del Estado, garante de la unidad de las instituciones rectoras de la sociedad en su territorio y su representante frente al exterior. La otra es el Gobierno, con su propia jefatura, responsable ante a un cuerpo colegiado de quien surge por la mayoría representativa para llevar la operación gubernamental en el ejercicio de autoridad y de política pública (y generalmente la procuración y vigilancia de bienes y servicios públicos). El principal motivo de esta distinción precisa es fomentar la congruencia y el contrapeso democrático, políticamente más saludable para resguardar las instituciones del Estado y para lograr la eficacia en la gobernación, incluyendo el ejercicio del gasto y la operación de la administración pública.
Recordamos que un Gobierno es solamente la organización de personas a la cual se le adjudica la toma de decisiones y acciones públicas en la práctica diaria. Su ámbito principal es la resolución de disputas, debiendo proteger primero la seguridad de la vida y propiedad de cada individuo; y luego la administración de la justicia, incluido el ámbito de los derechos y contratos privados.
El Estado, por contraste al Gobierno, es el orden jurídico y político que regula todas las relaciones sociales en su espacio territorial. Su autoridad es sustentada sobre el pacto o contrato social que deposita la fuerza en las instituciones, no en las personas.
El resultado más extraordinario a 10 años de la transición democrática es tal vez que se nos está obligando a reconocer que la alternancia en el Gobierno nunca ha significado la transformación del sistema viejo, sino al contrario, la tentación de reforzar sus mismos atributos con algunas caras y manías nuevas. Una vez en el poder, resulta difícil registrar que desde el pensamiento viejo no se puede admitir un cambio en la posibilidad de actuar bajo un conjunto distinto de reglas.
Por esto, lo que más apremia al proceso de transición sigue siendo la Reforma del Estado. Aquella iniciativa que viene desde los foros regionales convocados en 1998 por la Cámara de Diputados, la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado del año 2000 y, en 2001, de los Foros para la Revisión Integral de la Constitución de la Secretaría de Gobernación. En todos ellos se consideró urgente una revisión para que se concilie la Carta Magna con la realidad del país, por lo que se propusieron cambios prácticamente a todos sus artículos.
Significaría nada menos que reconsiderar la vigencia de aquello que nos hace mexicanos; un cambio de nuestra Constitución Política que fortalezca al Estado democrático y a la sociedad. En el marco festivo del Centenario y el Bicentenario, al texto presidencial le hubiera caído bien el mensaje de una nueva brújula. Para quienes siguen la cuenta de nuestra historia, esto equivaldría a crear, otra vez, una nueva República. Tampoco nada nuevo para los mexicanos; sería por cuarta ocasión.
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