Jalisco
Ley Antisecuestro es incompleta: Isabel Miranda de Wallace
Resalta que debe incluir multas a las empresas de telefonía que no entreguen en un plazo de 24 horas la información que se le pide
GUADALAJARA, JALISCO (02/MAR/2011).- La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro que entró en vigor el pasado 28 de febrero está incompleta, afirmó la presidenta de la organización Alto al Secuestro,
Isabel Miranda de Wallace.
De visita por Jalisco —a donde acudió como invitada de la Comisión legislativa de Derechos Humanos del Congreso estatal— la activista que impulsó la llamada Ley Antisecuestros reconoció que a la norma le faltan “muchas cosas”, y enumeró que una de ellas es la de multar a las compañías telefónicas que no entreguen la información que se les pida en menos de 24 horas.
“La información es vital para poder tener una mejor efectividad para traer de vuelta a la víctima”.
El pasado 28 de febrero el Consejo de la Judicatura federal (CJF) amplió las facultades de los juzgados especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, con el fin de adecuar sus actividades a las recientes reformas en materia de secuestro.
La medida que se aplicará a partir del primero de marzo permitirá a los jueces autorizar al Ministerio Público de la Federación que solicite a las empresas de telecomunicaciones y comercializadoras información sobre números telefónicos, llamadas y suspensión de líneas entre otros datos.
En rueda de prensa, agregó que otro de los puntos que no forma parte de la legislación es que los rescates fueran deducibles de impuestos. “Si el Estado no es capaz de darnos protección, lo lógico es que fueran deducibles de impuestos los rescates, eso no logramos que pasara a la ley, pero lo gestionaremos más adelante, porque al Estado tiene que costarle darle protección a las personas”.
Isabel Miranda también lamentó que actualmente los familiares cercanos de una víctima de plagio se abstengan de declarar. “Hasta ahorita hasta el segundo y tercer grado (de parentesco) les dan la oportunidad de no declarar, eso lo tenemos que cambiar porque ellos pueden dar información”.
EL INFORMADOR/ SERGIO CÁZARES
De visita por Jalisco —a donde acudió como invitada de la Comisión legislativa de Derechos Humanos del Congreso estatal— la activista que impulsó la llamada Ley Antisecuestros reconoció que a la norma le faltan “muchas cosas”, y enumeró que una de ellas es la de multar a las compañías telefónicas que no entreguen la información que se les pida en menos de 24 horas.
“La información es vital para poder tener una mejor efectividad para traer de vuelta a la víctima”.
El pasado 28 de febrero el Consejo de la Judicatura federal (CJF) amplió las facultades de los juzgados especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, con el fin de adecuar sus actividades a las recientes reformas en materia de secuestro.
La medida que se aplicará a partir del primero de marzo permitirá a los jueces autorizar al Ministerio Público de la Federación que solicite a las empresas de telecomunicaciones y comercializadoras información sobre números telefónicos, llamadas y suspensión de líneas entre otros datos.
En rueda de prensa, agregó que otro de los puntos que no forma parte de la legislación es que los rescates fueran deducibles de impuestos. “Si el Estado no es capaz de darnos protección, lo lógico es que fueran deducibles de impuestos los rescates, eso no logramos que pasara a la ley, pero lo gestionaremos más adelante, porque al Estado tiene que costarle darle protección a las personas”.
Isabel Miranda también lamentó que actualmente los familiares cercanos de una víctima de plagio se abstengan de declarar. “Hasta ahorita hasta el segundo y tercer grado (de parentesco) les dan la oportunidad de no declarar, eso lo tenemos que cambiar porque ellos pueden dar información”.
EL INFORMADOR/ SERGIO CÁZARES
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