Jalisco
Lamentan pocos avances en desaparición de líder nahua
Clemente Castañeda señala que autoridades no han sido capaces de avanzar en la investigación de la desaparición de Celedonio Monroy
GUADALAJARA, JALISCO (22/OCT/2013).- A un año de la desaparición aparentemente forzada del líder indígena
nahua Celedonio Monroy Prudencio, el diputado Clemente Castañeda, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas señaló que las autoridades del Estado no han generado avances en la investigación.
"Y peor aún, al parecer no han sido capaces de generar condiciones mínimas de seguridad en la zona, pues también Gaudencio Mancilla, otro líder indígena nahua, fue víctima de amenazas y persecución, y estuvo a punto de correr la misma suerte que Celedonio Monroy y que su hermano Agustín Mancilla, y convertirse en uno más de los desaparecidos que vergonzosamente contabiliza Jalisco", señaló el legislador.
Clemente Castañeda consideró que el fenómeno de las desapariciones en Jalisco ha cobrado en los últimos años una cantidad de víctimas inaceptable para un Estado que dice tener en su agenda la protección y la defensa de los derechos humanos y la integridad de las personas.
Explicó que en 2012 las cifras reportadas sobre casos de desaparición oscilan entre los mil 200 y los dos mil casos, de acuerdo con datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano ( MC), Clemente Castañeda recordó que Jalisco ya cuenta con una reforma en materia de desaparición forzada.
"En esta norma no sólo se tipifica el delito de desaparición forzada de personas también obliga a la Fiscalía General a elaborar e implementar protocolos de investigación específicos y adecuados a los tratados internacionales e incluye como sujetos activos del delito no sólo a los servidores públicos, sino a elementos de seguridad y personas que no formen parte del gobierno, como pudo suceder en el caso de Celedonio Monroy; donde además, se establece que el delito no prescribe, por lo que la Fiscalía General está obligada a investigar este y todos los casos denunciados hasta el momento", señaló.
Por ello, el legislador local confió que la Fiscalía General esté implementando el protocolo de investigación para desapariciones forzadas, y anunció, que en los próximos días pedirá cuentas sobre este proceso y revisará que se apegue a los estándares marcados por los tratados internacionales.
Añadió que, el Poder Ejecutivo tiene 30 días, de acuerdo a la misma reforma recién aprobada, para elaborar el Reglamento de los procedimientos de detención que ejerciten los elementos de seguridad pública y privada, con lo que se enfrentará también la práctica de este delito.
"Y peor aún, al parecer no han sido capaces de generar condiciones mínimas de seguridad en la zona, pues también Gaudencio Mancilla, otro líder indígena nahua, fue víctima de amenazas y persecución, y estuvo a punto de correr la misma suerte que Celedonio Monroy y que su hermano Agustín Mancilla, y convertirse en uno más de los desaparecidos que vergonzosamente contabiliza Jalisco", señaló el legislador.
Clemente Castañeda consideró que el fenómeno de las desapariciones en Jalisco ha cobrado en los últimos años una cantidad de víctimas inaceptable para un Estado que dice tener en su agenda la protección y la defensa de los derechos humanos y la integridad de las personas.
Explicó que en 2012 las cifras reportadas sobre casos de desaparición oscilan entre los mil 200 y los dos mil casos, de acuerdo con datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano ( MC), Clemente Castañeda recordó que Jalisco ya cuenta con una reforma en materia de desaparición forzada.
"En esta norma no sólo se tipifica el delito de desaparición forzada de personas también obliga a la Fiscalía General a elaborar e implementar protocolos de investigación específicos y adecuados a los tratados internacionales e incluye como sujetos activos del delito no sólo a los servidores públicos, sino a elementos de seguridad y personas que no formen parte del gobierno, como pudo suceder en el caso de Celedonio Monroy; donde además, se establece que el delito no prescribe, por lo que la Fiscalía General está obligada a investigar este y todos los casos denunciados hasta el momento", señaló.
Por ello, el legislador local confió que la Fiscalía General esté implementando el protocolo de investigación para desapariciones forzadas, y anunció, que en los próximos días pedirá cuentas sobre este proceso y revisará que se apegue a los estándares marcados por los tratados internacionales.
Añadió que, el Poder Ejecutivo tiene 30 días, de acuerdo a la misma reforma recién aprobada, para elaborar el Reglamento de los procedimientos de detención que ejerciten los elementos de seguridad pública y privada, con lo que se enfrentará también la práctica de este delito.
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