Jalisco
La verdad a granadazos
Lo que sigue es insistir en mejorar el desempeño de las corporaciones policiacas, estatal y municipales
En Jalisco hemos seguido a la distancia hechos tan terribles como la matanza de 18 personas, hace menos de una semana, en la ciudad de Torreón. También desde lejos nos hemos sorprendido con ejecuciones masivas en centros de rehabilitación para drogadictos y con bloqueos de avenidas que los narcotraficantes practicaron a despecho de las fuerzas de seguridad estatales y federales, en un claro refinamiento de la violencia y el uso de la fuerza al margen de la ley.
Durante todo ese tiempo, mientras en la zona metropolitana y diversas poblaciones de Jalisco se encontraron cuerpos descuartizados, se asesinaron y balearon a civiles y lo que es más, a policías y comandantes, el Gobierno del Estado se empeñó en sostener que la nuestra era una situación “de tranquilidad”.
El máximo defensor de esta hipótesis que no soportaba ni la más mínima prueba era el secretario general del Gobierno estatal, Fernando Guzmán Pérez Peláez. El suyo fue un empecinamiento que mientras duró, resultó más chocante porque es pública, aunque no oficial, su aspiración a competir por la gubernatura en 2012.
Pero a fuerza de granadazos —ayer hubo uno más en Lomas de Polanco—, el hombre tuvo que admitir que la ideal situación sólo vivía en sus discursos. Finalmente, reconoció que no hay tal.
Penosamente, la admisión de la realidad por parte del señor Guzmán no mejora las cosas. Ocurrió nomás que sus palabras se adecuaron a lo que se vive cotidianamente. ¿Y? Pues si aceptamos aquella premisa de que aceptar es el primer paso para cambiar, se supone que en adelante las cosas deben mejorar, esto es, disminuirán las ejecuciones y los hechos violentos.
Es de temerse, y con razón, que los criminales no sólo ignoran, sino que contradicen el supuesto. Nada les importará que un funcionario, por más secretario y por más aspirante a gobernador que sea, admita que ellos están por ahí desmembrando personas. Si sus delincuenciales intereses lo precisan, matarán a más gente y agigantarán la ola de violencia.
Lo que sigue es insistir en mejorar el desempeño de las corporaciones policiacas, estatal y municipales. Si ya el responsable de la política interna del Estado se obligó a aceptar la verdad y le quitó el freno político al secretario de Seguridad, Luis Carlos Nájera, y al procurador estatal, Tomás Coronado, entonces los responsables de enfrentarse al crimen organizado deben atenerse a juicios pragmáticos y medir su eficiencia y potencial en términos de recursos económicos y humanos, en términos de equipamiento y manejo de estrategias e inteligencia.
Pero hay más. Ayer mismo, Carlos Nájera dio visos de lucidez. Pronosticó que las cosas empeorarán y argumentó que tal como están el sistema judicial y penitenciario, es más difícil encarcelar a los criminales. Ergo, no faltan sólo policías y armas, sino reformas también. Ese mensaje es para los diputados.
Durante todo ese tiempo, mientras en la zona metropolitana y diversas poblaciones de Jalisco se encontraron cuerpos descuartizados, se asesinaron y balearon a civiles y lo que es más, a policías y comandantes, el Gobierno del Estado se empeñó en sostener que la nuestra era una situación “de tranquilidad”.
El máximo defensor de esta hipótesis que no soportaba ni la más mínima prueba era el secretario general del Gobierno estatal, Fernando Guzmán Pérez Peláez. El suyo fue un empecinamiento que mientras duró, resultó más chocante porque es pública, aunque no oficial, su aspiración a competir por la gubernatura en 2012.
Pero a fuerza de granadazos —ayer hubo uno más en Lomas de Polanco—, el hombre tuvo que admitir que la ideal situación sólo vivía en sus discursos. Finalmente, reconoció que no hay tal.
Penosamente, la admisión de la realidad por parte del señor Guzmán no mejora las cosas. Ocurrió nomás que sus palabras se adecuaron a lo que se vive cotidianamente. ¿Y? Pues si aceptamos aquella premisa de que aceptar es el primer paso para cambiar, se supone que en adelante las cosas deben mejorar, esto es, disminuirán las ejecuciones y los hechos violentos.
Es de temerse, y con razón, que los criminales no sólo ignoran, sino que contradicen el supuesto. Nada les importará que un funcionario, por más secretario y por más aspirante a gobernador que sea, admita que ellos están por ahí desmembrando personas. Si sus delincuenciales intereses lo precisan, matarán a más gente y agigantarán la ola de violencia.
Lo que sigue es insistir en mejorar el desempeño de las corporaciones policiacas, estatal y municipales. Si ya el responsable de la política interna del Estado se obligó a aceptar la verdad y le quitó el freno político al secretario de Seguridad, Luis Carlos Nájera, y al procurador estatal, Tomás Coronado, entonces los responsables de enfrentarse al crimen organizado deben atenerse a juicios pragmáticos y medir su eficiencia y potencial en términos de recursos económicos y humanos, en términos de equipamiento y manejo de estrategias e inteligencia.
Pero hay más. Ayer mismo, Carlos Nájera dio visos de lucidez. Pronosticó que las cosas empeorarán y argumentó que tal como están el sistema judicial y penitenciario, es más difícil encarcelar a los criminales. Ergo, no faltan sólo policías y armas, sino reformas también. Ese mensaje es para los diputados.
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