Jalisco
La operación de Picachos enfrenta a Zapopan y Proepa
La Procuraduría ambiental clausura el basurero, pero el Ayuntamiento argumenta tener un amparo que le permite continuar con el depósito de desechos
ZAPOPAN, JALISCO (04/MAR/2011).- La operación del relleno sanitario de Picachos provoca un enfrentamiento entre autoridades municipales y estatales. Todo comenzó con una serie de declaraciones entre el presidente municipal de Zapopan, Héctor Vielma, y la secretaria estatal de Medio Ambiente (
Semades), Martha Ruth del Toro, pues la funcionaria señaló que el municipio no debe seguir administrándolo porque incumple con el proyecto integral que se le exigió, en el que se incluye una planta de tratamiento de lixiviados.
Pero ayer se agregó un nuevo protagonista, cuando el procurador de Protección al Ambiente ( Proepa), Fernando Montes de Oca, clausuró el basurero a las 20:00 horas de la noche del miércoles, por el vencimiento del permiso de operación, mismo que caducó en noviembre del año pasado.
“Ayer (el miércoles) se comprobó que las cantidades de basura depositadas también excedieron las cantidades que se habían establecido en la solicitud de impacto ambiental”, detalló Montes de Oca.
Sin embargo, el primer edil de Zapopan aseguró que el Ayuntamiento retiró los sellos de clausura porque cuenta con un amparo del Tribunal Administrativo del Estado ( TAE). Dijo desconocer las razones por las cuales se pretende “presionar a Zapopan”, pues el vertedero se encuentra “estable, sin contaminar”, y se están tomando las medidas necesarias para mejorarlo con un proyecto integral (con una vida útil de hasta 30 años).
“Picachos está abierto, hay un amparo, no pueden haber clausurado. La ciudadanía no se verá afectada, ellos violaron el amparo y meteremos denuncias penales”, aseveró el alcalde.
En este sentido, Fernando Montes de Oca aseguró que no existe tal amparo, pues únicamente se trata de un juicio de nulidad que ni siquiera está dirigido a la Proepa sino a la Semades, por lo que la clausura es totalmente legal. También dijo que se verificará que no hayan sido retirados los sellos de clausura. “De ser así habrá consecuencias”.
El pasado 19 de febrero, el director jurídico del Ayuntamiento, Luis Fernando Díaz López, afirmó: “Zapopan interpuso un juicio de nulidad y el 15 de diciembre de 2010 fue otorgada la medida cautelar a favor del municipio para efecto de que siga administrando, operando y poseyendo el predio donde se encuentra Picachos”.
El procurador dio lectura al documento, del cual destacó lo siguiente: “Es un juicio de nulidad, se trata del expediente 346/10, que emitió una suspensión con fecha 15 de diciembre de 2010. Para los efectos de que la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable se abstenga de exigir al Ayuntamiento la entrega del relleno sanitario poniente, ya sea en su posesión física, jurídica o virtual, así como de aplicar cualquier medida de aseguramiento o sanción al Ayuntamiento…”.
Según Fernando Montes de Oca, el documento nunca se refiere a la inspección, que es competencia de la Proepa, sino únicamente a la posesión y administración de Picachos.
Por ello la Proepa otorgará un lapso de 10 días a Zapopan —siempre y cuando así lo solicite el Ayuntamiento— para que se puedan ingresar al menos 800 toneladas, sólo de desechos sólidos municipales (caseros) al vertedero; es decir, no podrán depositar residuos de manejo especial.
Aseveró que la clausura se mantiene hasta nuevo aviso, misma que no impide que el municipio continúe avanzando en las mejoras que requiere Picachos, como la adquisición de la planta de tratamiento de lixiviados, la ampliación de espacio para la recepción de más desechos sólidos y el proyecto de biogás, todo lo anterior bajo la supervisión de la Semades.
Para el regidor de Zapopan, Luis Alejandro Rodríguez, los problemas y retrasos que enfrenta el Ayuntamiento para dar soluciones integrales a Picachos se deben en gran parte a trámites burocráticos, pues asegura que el municipio cuenta con recursos y disposición para trabajar en las exigencias de la Semades. Recordó que depositar los desechos en un vertedero particular, le costaría a Zapopan hasta un millón de pesos diarios, por lo que es urgente una mesa de trabajo y diálogo.
Amagan con tomar acciones
Pobladores de Huaxtla, Milpillas e Ixcatán lamentan que este tipo de clausuras duren sólo unos días, “pero no se dan soluciones definitivas”, por lo que califican la acción como “una continuación de la guerra de papel y declaraciones entre autoridades estatales y municipales”, pues las infiltraciones de lixiviados continúan, afirmó el vocero José Casillas.
Por ello, evalúan las acciones que tomarán para encontrar una solución final.
Pero ayer se agregó un nuevo protagonista, cuando el procurador de Protección al Ambiente ( Proepa), Fernando Montes de Oca, clausuró el basurero a las 20:00 horas de la noche del miércoles, por el vencimiento del permiso de operación, mismo que caducó en noviembre del año pasado.
“Ayer (el miércoles) se comprobó que las cantidades de basura depositadas también excedieron las cantidades que se habían establecido en la solicitud de impacto ambiental”, detalló Montes de Oca.
Sin embargo, el primer edil de Zapopan aseguró que el Ayuntamiento retiró los sellos de clausura porque cuenta con un amparo del Tribunal Administrativo del Estado ( TAE). Dijo desconocer las razones por las cuales se pretende “presionar a Zapopan”, pues el vertedero se encuentra “estable, sin contaminar”, y se están tomando las medidas necesarias para mejorarlo con un proyecto integral (con una vida útil de hasta 30 años).
“Picachos está abierto, hay un amparo, no pueden haber clausurado. La ciudadanía no se verá afectada, ellos violaron el amparo y meteremos denuncias penales”, aseveró el alcalde.
En este sentido, Fernando Montes de Oca aseguró que no existe tal amparo, pues únicamente se trata de un juicio de nulidad que ni siquiera está dirigido a la Proepa sino a la Semades, por lo que la clausura es totalmente legal. También dijo que se verificará que no hayan sido retirados los sellos de clausura. “De ser así habrá consecuencias”.
El pasado 19 de febrero, el director jurídico del Ayuntamiento, Luis Fernando Díaz López, afirmó: “Zapopan interpuso un juicio de nulidad y el 15 de diciembre de 2010 fue otorgada la medida cautelar a favor del municipio para efecto de que siga administrando, operando y poseyendo el predio donde se encuentra Picachos”.
El procurador dio lectura al documento, del cual destacó lo siguiente: “Es un juicio de nulidad, se trata del expediente 346/10, que emitió una suspensión con fecha 15 de diciembre de 2010. Para los efectos de que la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable se abstenga de exigir al Ayuntamiento la entrega del relleno sanitario poniente, ya sea en su posesión física, jurídica o virtual, así como de aplicar cualquier medida de aseguramiento o sanción al Ayuntamiento…”.
Según Fernando Montes de Oca, el documento nunca se refiere a la inspección, que es competencia de la Proepa, sino únicamente a la posesión y administración de Picachos.
Por ello la Proepa otorgará un lapso de 10 días a Zapopan —siempre y cuando así lo solicite el Ayuntamiento— para que se puedan ingresar al menos 800 toneladas, sólo de desechos sólidos municipales (caseros) al vertedero; es decir, no podrán depositar residuos de manejo especial.
Aseveró que la clausura se mantiene hasta nuevo aviso, misma que no impide que el municipio continúe avanzando en las mejoras que requiere Picachos, como la adquisición de la planta de tratamiento de lixiviados, la ampliación de espacio para la recepción de más desechos sólidos y el proyecto de biogás, todo lo anterior bajo la supervisión de la Semades.
Para el regidor de Zapopan, Luis Alejandro Rodríguez, los problemas y retrasos que enfrenta el Ayuntamiento para dar soluciones integrales a Picachos se deben en gran parte a trámites burocráticos, pues asegura que el municipio cuenta con recursos y disposición para trabajar en las exigencias de la Semades. Recordó que depositar los desechos en un vertedero particular, le costaría a Zapopan hasta un millón de pesos diarios, por lo que es urgente una mesa de trabajo y diálogo.
Amagan con tomar acciones
Pobladores de Huaxtla, Milpillas e Ixcatán lamentan que este tipo de clausuras duren sólo unos días, “pero no se dan soluciones definitivas”, por lo que califican la acción como “una continuación de la guerra de papel y declaraciones entre autoridades estatales y municipales”, pues las infiltraciones de lixiviados continúan, afirmó el vocero José Casillas.
Por ello, evalúan las acciones que tomarán para encontrar una solución final.
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