Jalisco
La declaración patrimonial, sólo un acto de ''buena fe''
Aseguran que se necesita una reforma a la Ley de Servidores Públicos para robustecer los mecanismos que ayuden a detectar enriquecimiento ilícito
GUADALAJARA, JALISCO (13/MAR/2013).- La declaración patrimonial que hacen los funcionarios públicos obligados a ello es un “acto de buena fe”, pues no hay mecanismos que ofrezca la ley para corroborar la veracidad de sus dichos, admitió el jefe del área de Declaración Patrimonial del Congreso de Jalisco, Luis Manuel Curiel Rodríguez.
¿Cómo saben ustedes si un funcionario dice la verdad respecto de sus bienes?, se le preguntó al funcionario, quien reconoció: “Yo no puedo decir que es cierto o es falso (lo que presentan), es un acto de buena fe. Ante la ley no tenemos nada que nos ayude a investigar los carros, las casas; no tenemos nada, no podemos hacer nada”.
De esta manera, los servidores públicos tienen la facilidad de falsear la información de sus reportes debido a que el Congreso no tiene los medios para corroborar que cuentan con lo que dicen y no más; esto hace endeble su objetivo: descartar enriquecimiento ilícito.
Un ejemplo es el del auditor superior del Estado, Alonso Godoy Pelayo: pese a las acusaciones de que recibió 10 millones de pesos extra a su salario, de manera supuestamente irregularmente, Curiel Rodríguez negó que hubiera registrado alguna anomalía en su declaración patrimonial, que le permita interponer una denuncia penal contra él, o contra cualquier otro funcionario.
“Para mi gusto, la Comisión de Responsabilidades del Congreso debería de tener todas las armas para poder investigar (los bienes de los funcionarios obligados), pero no las tiene. A la ley le faltan muchas modificaciones”, agregó Curiel Rodríguez, quien recibe las declaraciones de los 19 mil 050 funcionarios obligados a presentarlas ante el Legislativo.
Además, quienes incumplen con presentar el documento en el que explican sus bienes, sueldo y deudas, no son sancionados, aunque la ley contempla la inhabilitación del servidor público hasta por dos años.
“Con quienes definitivamente no se puede hacer nada es con los (ex funcionarios que deben) su declaración final, porque ya no trabajan; ahí se les podría aplicar una sanción en el momento en que vuelvan al servicio público, a la dependencia a la que trabajaban anteriormente”.
DESDE EL AÑO PASADO, SUS EMPLEADOS DEBEN PRESENTAR SUS DECLARACIONES
El Patronato del Centro Histórico se pone al día
A partir de 2012, el Patronato del Centro Histórico de Guadalajara debe rendir cuentas claras ante el Congreso del Estado de Jalisco. Su director, Carlos Ramírez Castro, aceptó que con anterioridad no se les había requerido a presentar declaraciones patrimoniales, sino hasta el año pasado.
“No la habíamos hecho porque el patronato estaba en otro estatuto legal y nunca se le había exigido al personal rendir la declaración patrimonial. Fue para 2012 cuando nos piden que la presentáramos”.
Aunque el último reporte de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado presenta a Ramírez Castro como omiso junto a más de siete mil funcionarios, el directivo aseguró que “la declaración patrimonial de 2012 ya la hice, pero la declaración de este año todavía no la presento; aún tengo tiempo para hacerlo”.
Y todo el personal del patronato del Centro tapatío está en tiempo y forma, según indicó: “Al año pasado, ya estamos en orden: todos los del patronato ya presentamos la declaración patrimonial de 2012. El 2013 está pendiente y a fines de este mes estaremos presentado nuestra declaración inicial.
EN EL EJECUTIVO TIENEN 60 DÍAS DE PLAZO
Los funcionarios públicos que entraron en funciones con el Gobierno de Aristóteles Sandoval, así como los que están por incorporarse, cuentan con 60 días naturales para presentar su declaración patrimonial inicial, pues así lo marca la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
El documento señala que tal mecanismo es obligatorio para quienes laboran en el Ejecutivo como servidores pu´blicos de confianza, “desde el Gobernador del Estado, los titulares de las secretari´as, hasta los jefes de seccio´n, incluyendo a los jefes y subjefes de recaudadoras de rentas, directores, cotizadores, glosadores, auditores, supervisores, encargados de almace´n y quienes con motivo de sus funciones administren fondos y valores del Estado, asi´ como los contralores internos de las secretari´as y dependencias”.
Todos ellos deberán presentar ante la Contraloría del Estado su declaración de bienes muebles e inmuebles, acciones, cuentas bancarias y adeudos, en una primera entrega que se repetirá cada año mientras laboren en el Gobierno, con el objetivo de que dicha dependencia vigile posibles casos de enriquecimiento ilícito.
Además, la ley contempla que, al terminar su gestión, los burócratas mencionados deberán rendir una última declaración patrimonial durante los 30 días posteriores a la entrega de su cargo, en este caso, el ex gobernador Emilio González, su gabinete y colaboradores.
¿Cómo saben ustedes si un funcionario dice la verdad respecto de sus bienes?, se le preguntó al funcionario, quien reconoció: “Yo no puedo decir que es cierto o es falso (lo que presentan), es un acto de buena fe. Ante la ley no tenemos nada que nos ayude a investigar los carros, las casas; no tenemos nada, no podemos hacer nada”.
De esta manera, los servidores públicos tienen la facilidad de falsear la información de sus reportes debido a que el Congreso no tiene los medios para corroborar que cuentan con lo que dicen y no más; esto hace endeble su objetivo: descartar enriquecimiento ilícito.
Un ejemplo es el del auditor superior del Estado, Alonso Godoy Pelayo: pese a las acusaciones de que recibió 10 millones de pesos extra a su salario, de manera supuestamente irregularmente, Curiel Rodríguez negó que hubiera registrado alguna anomalía en su declaración patrimonial, que le permita interponer una denuncia penal contra él, o contra cualquier otro funcionario.
“Para mi gusto, la Comisión de Responsabilidades del Congreso debería de tener todas las armas para poder investigar (los bienes de los funcionarios obligados), pero no las tiene. A la ley le faltan muchas modificaciones”, agregó Curiel Rodríguez, quien recibe las declaraciones de los 19 mil 050 funcionarios obligados a presentarlas ante el Legislativo.
Además, quienes incumplen con presentar el documento en el que explican sus bienes, sueldo y deudas, no son sancionados, aunque la ley contempla la inhabilitación del servidor público hasta por dos años.
“Con quienes definitivamente no se puede hacer nada es con los (ex funcionarios que deben) su declaración final, porque ya no trabajan; ahí se les podría aplicar una sanción en el momento en que vuelvan al servicio público, a la dependencia a la que trabajaban anteriormente”.
DESDE EL AÑO PASADO, SUS EMPLEADOS DEBEN PRESENTAR SUS DECLARACIONES
El Patronato del Centro Histórico se pone al día
A partir de 2012, el Patronato del Centro Histórico de Guadalajara debe rendir cuentas claras ante el Congreso del Estado de Jalisco. Su director, Carlos Ramírez Castro, aceptó que con anterioridad no se les había requerido a presentar declaraciones patrimoniales, sino hasta el año pasado.
“No la habíamos hecho porque el patronato estaba en otro estatuto legal y nunca se le había exigido al personal rendir la declaración patrimonial. Fue para 2012 cuando nos piden que la presentáramos”.
Aunque el último reporte de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado presenta a Ramírez Castro como omiso junto a más de siete mil funcionarios, el directivo aseguró que “la declaración patrimonial de 2012 ya la hice, pero la declaración de este año todavía no la presento; aún tengo tiempo para hacerlo”.
Y todo el personal del patronato del Centro tapatío está en tiempo y forma, según indicó: “Al año pasado, ya estamos en orden: todos los del patronato ya presentamos la declaración patrimonial de 2012. El 2013 está pendiente y a fines de este mes estaremos presentado nuestra declaración inicial.
EN EL EJECUTIVO TIENEN 60 DÍAS DE PLAZO
Los funcionarios públicos que entraron en funciones con el Gobierno de Aristóteles Sandoval, así como los que están por incorporarse, cuentan con 60 días naturales para presentar su declaración patrimonial inicial, pues así lo marca la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
El documento señala que tal mecanismo es obligatorio para quienes laboran en el Ejecutivo como servidores pu´blicos de confianza, “desde el Gobernador del Estado, los titulares de las secretari´as, hasta los jefes de seccio´n, incluyendo a los jefes y subjefes de recaudadoras de rentas, directores, cotizadores, glosadores, auditores, supervisores, encargados de almace´n y quienes con motivo de sus funciones administren fondos y valores del Estado, asi´ como los contralores internos de las secretari´as y dependencias”.
Todos ellos deberán presentar ante la Contraloría del Estado su declaración de bienes muebles e inmuebles, acciones, cuentas bancarias y adeudos, en una primera entrega que se repetirá cada año mientras laboren en el Gobierno, con el objetivo de que dicha dependencia vigile posibles casos de enriquecimiento ilícito.
Además, la ley contempla que, al terminar su gestión, los burócratas mencionados deberán rendir una última declaración patrimonial durante los 30 días posteriores a la entrega de su cargo, en este caso, el ex gobernador Emilio González, su gabinete y colaboradores.
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