Jalisco
La burocracia ''empantana'' el desalojo de la Presa El Ahogado
A siete meses de detectados los asentamientos irregulares, autoridades estatales y municipales se arrojan la responsabilidad
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (05/SEP/2012).- La estrategia para dar marcha atrás a los asentamientos irregulares que se encuentran en el interior de la Presa El Ahogado está paralizada. Salvo la clausura de las construcciones y el apercibimiento a quienes en ellas residían, poco se ha hecho para solucionar el problema siete meses después de que la Comisión Estatal del Agua (CEA) ventiló las construcciones en zona de riesgo.
En la presa hay 14 casas; cuatro están totalmente construidas y sólo una es habitada de manera permanente. Hasta hace poco, 32 personas vivían en la zona; la mayoría se fue, pues, según Protección Civil del municipio, usan las residencias “como casas de campo”. Aún permanecen dos adultos y cuatro menores, quienes atienden un tendejón. Toda la zona es vulnerable a inundaciones.
Lejos de plantear alternativas, tanto el Ayuntamiento de Tlajomulco (municipio donde se encuentra la invasión) como la dependencia estatal se arrojan responsabilidades.
El municipio, por ejemplo, expone que el Gobierno del Estado es el encargado, toda vez que existe un convenio de cesión de derechos signado por el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña en el año 2005. Sin embargo, la CEA desconoce la existencia del documento y refiere que es la autoridad local la que debe hacer frente a los desalojos y al eventual derribo de construcciones.
Héctor Castañeda Náñez, director de Cuencas y Sustentabilidad de la CEA, reconoce que hay “indefinición” en el tema de la tenencia de la tierra. Y ahí es donde parte la problemática, pues ni la Secretaría General de Gobierno reconoce esos terrenos como propiedad del Estado.
Mientras Tlajomulco señala que el convenio otorga responsabilidad al Ejecutivo estatal en el tema, éste revira que apenas posee una “franja” del embalse, que no representa “ni el 1% del total”, un terreno que se “compró” para pasar los colectores que alimentan la recién inaugurada macroplanta de tratamiento de aguas residuales de El Ahogado.
“Si la zona invadida fuera propiedad del Estado, ya hubiéramos quitado las edificaciones dentro del vaso de la presa”, expone, y dice que notificó al municipio para que emprendiera acciones inmediatas (hasta ayer no ofreció copia de los oficios).
No obstante, Tlajomulco deja en claro que sólo un dictamen oficial (consensuado con la Secretaría de la Reforma Agraria, por tratarse de terreno ejidal) podría facultar al Gobierno municipal para actuar de manera oficial. Sólo con este documento en su poder, y no con una invitación verbal, aclara, estaría en condiciones de iniciar los derribos en un lapso estimado de 48 horas.
Pero el municipio tampoco piensa “apurar” a la dependencia estatal, pues ello sería como “decirles lo que tienen que hacer”. De acuerdo con el jefe de Edificación en Tlajomulco, Gilberto Chaires, desalojar y demoler las residencias sin una facultad por escrito representaría riesgos para el Ayuntamiento: “Estamos supeditados a que quien es el responsable, que es la CEA, quisiera colaborar”.
CRÓNICA
Los vecinos del agua
El sueño de la familia Hernández Vargas fue construir una casa con vista al campo y abrir una tienda de abarrotes y un negocio de materiales para la construcción. Les dieron su terreno de 600 pesos el metro cuadrado y todas sus ilusiones se vinieron abajo: está adentro de la Presa El Ahogado. No es la primera vez que le pasa a Víctor Manuel, de 35 años: “Ya me había pasado con una inmobiliaria”. El hombre, quien sostiene a su familia como albañil, no atina a recordar el nombre de la empresa. Antes vivió en el “nuevo Periférico”, donde se construye el centro universitario de Tonalá. Al enterarse de que su predio era inhabitable, decidió pelear por el dinero que invirtió y recibió su pago en especie: el terreno de la presa.
Por más de un año, Víctor, su esposa María Guadalupe y sus cuatro hijos han aprendido a convivir con la presa, una vecina sucia con un olor a aguas negras sólo superado por los enjambres de mosquitos. Tratan de llevar una vida ordinaria. Tienen energía eléctrica, que llega por cables que Víctor compró; el agua sale de un pozo, pero se bañan con la de siete garrafones que les cuestan siete pesos cada uno. En la mesa, junto a la estufa frente a las camas, hay un teléfono. “Es de ésos de tarjeta”, dice María Guadalupe.
Para ir a la escuela, su hija Laura, de 12 años, debe caminar una hora a El Zapote, donde hay una unidad de salud. Aún conservan el registro de la tienda de abarrotes que atienden: dos latas de chícharos, refrescos de cola de 2.5 litros y cervezas.
Su amor por la casa no es grande; saben que eventualmente deberán irse. Pero dependen de la respuesta de la inmobiliaria, aquel ente anónimo que, por segunda ocasión, les ofrece un hogar efímero.
OTRO IMPLICADO
Y falta la Reforma Agraria
Tanto el titular de la CEA, César Coll, como el Ayuntamiento de Tlajomulco, aseguran que falta la intervención de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en las invasiones a la Presa de El Ahogado, pues la zona donde se venden terrenos corresponde al ejido El Zapote; la dependencia debe explicar cómo evitará venta de terrenos en zonas de riesgo.
Esta casa editorial contactó ayer a la delegación estatal de la SRA, pero su personal prometió que responderá hoy, pues debe pedir autorización a la Federación para conceder entrevistas.
En la presa hay 14 casas; cuatro están totalmente construidas y sólo una es habitada de manera permanente. Hasta hace poco, 32 personas vivían en la zona; la mayoría se fue, pues, según Protección Civil del municipio, usan las residencias “como casas de campo”. Aún permanecen dos adultos y cuatro menores, quienes atienden un tendejón. Toda la zona es vulnerable a inundaciones.
Lejos de plantear alternativas, tanto el Ayuntamiento de Tlajomulco (municipio donde se encuentra la invasión) como la dependencia estatal se arrojan responsabilidades.
El municipio, por ejemplo, expone que el Gobierno del Estado es el encargado, toda vez que existe un convenio de cesión de derechos signado por el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña en el año 2005. Sin embargo, la CEA desconoce la existencia del documento y refiere que es la autoridad local la que debe hacer frente a los desalojos y al eventual derribo de construcciones.
Héctor Castañeda Náñez, director de Cuencas y Sustentabilidad de la CEA, reconoce que hay “indefinición” en el tema de la tenencia de la tierra. Y ahí es donde parte la problemática, pues ni la Secretaría General de Gobierno reconoce esos terrenos como propiedad del Estado.
Mientras Tlajomulco señala que el convenio otorga responsabilidad al Ejecutivo estatal en el tema, éste revira que apenas posee una “franja” del embalse, que no representa “ni el 1% del total”, un terreno que se “compró” para pasar los colectores que alimentan la recién inaugurada macroplanta de tratamiento de aguas residuales de El Ahogado.
“Si la zona invadida fuera propiedad del Estado, ya hubiéramos quitado las edificaciones dentro del vaso de la presa”, expone, y dice que notificó al municipio para que emprendiera acciones inmediatas (hasta ayer no ofreció copia de los oficios).
No obstante, Tlajomulco deja en claro que sólo un dictamen oficial (consensuado con la Secretaría de la Reforma Agraria, por tratarse de terreno ejidal) podría facultar al Gobierno municipal para actuar de manera oficial. Sólo con este documento en su poder, y no con una invitación verbal, aclara, estaría en condiciones de iniciar los derribos en un lapso estimado de 48 horas.
Pero el municipio tampoco piensa “apurar” a la dependencia estatal, pues ello sería como “decirles lo que tienen que hacer”. De acuerdo con el jefe de Edificación en Tlajomulco, Gilberto Chaires, desalojar y demoler las residencias sin una facultad por escrito representaría riesgos para el Ayuntamiento: “Estamos supeditados a que quien es el responsable, que es la CEA, quisiera colaborar”.
CRÓNICA
Los vecinos del agua
El sueño de la familia Hernández Vargas fue construir una casa con vista al campo y abrir una tienda de abarrotes y un negocio de materiales para la construcción. Les dieron su terreno de 600 pesos el metro cuadrado y todas sus ilusiones se vinieron abajo: está adentro de la Presa El Ahogado. No es la primera vez que le pasa a Víctor Manuel, de 35 años: “Ya me había pasado con una inmobiliaria”. El hombre, quien sostiene a su familia como albañil, no atina a recordar el nombre de la empresa. Antes vivió en el “nuevo Periférico”, donde se construye el centro universitario de Tonalá. Al enterarse de que su predio era inhabitable, decidió pelear por el dinero que invirtió y recibió su pago en especie: el terreno de la presa.
Por más de un año, Víctor, su esposa María Guadalupe y sus cuatro hijos han aprendido a convivir con la presa, una vecina sucia con un olor a aguas negras sólo superado por los enjambres de mosquitos. Tratan de llevar una vida ordinaria. Tienen energía eléctrica, que llega por cables que Víctor compró; el agua sale de un pozo, pero se bañan con la de siete garrafones que les cuestan siete pesos cada uno. En la mesa, junto a la estufa frente a las camas, hay un teléfono. “Es de ésos de tarjeta”, dice María Guadalupe.
Para ir a la escuela, su hija Laura, de 12 años, debe caminar una hora a El Zapote, donde hay una unidad de salud. Aún conservan el registro de la tienda de abarrotes que atienden: dos latas de chícharos, refrescos de cola de 2.5 litros y cervezas.
Su amor por la casa no es grande; saben que eventualmente deberán irse. Pero dependen de la respuesta de la inmobiliaria, aquel ente anónimo que, por segunda ocasión, les ofrece un hogar efímero.
OTRO IMPLICADO
Y falta la Reforma Agraria
Tanto el titular de la CEA, César Coll, como el Ayuntamiento de Tlajomulco, aseguran que falta la intervención de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en las invasiones a la Presa de El Ahogado, pues la zona donde se venden terrenos corresponde al ejido El Zapote; la dependencia debe explicar cómo evitará venta de terrenos en zonas de riesgo.
Esta casa editorial contactó ayer a la delegación estatal de la SRA, pero su personal prometió que responderá hoy, pues debe pedir autorización a la Federación para conceder entrevistas.
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