Jalisco
La anterior administración abandonó las cárceles municipales: CEDHJ
Un informe señala que uno de los principales problemas es la sobrepoblación; más de la mitad excede su capacidad
GUADALAJARA, JALISCO (05/ABR/2013).- Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), la administración del Gobierno en el periodo de Emilio González Márquez (2007-2013) se olvidó de las cárceles municipales, de acuerdo con el informe especial sobre la situación de los centros carcelarios en las 23 instalaciones que existen en la Entidad.
“No hizo prácticamente nada” la anterior administración estatal en el tema de apoyos a cárceles municipales, dijo el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, quien espera que sea la presente la que se pueda hacer cargo de éstas, por lo menos, económicamente.
De acuerdo con el defensor de los derechos de las personas, el tema fue abandonado. “Dejaron la responsabilidad completa a los gobiernos municipales, los cuales, ya lo dijimos, no tienen la capacidad, no tienen la capacitación, no tienen los recursos para poder operar, y no tan sólo con ello se dejan violentados los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, sino que se pone en grave riesgo a los propios internos, a los custodios, a las propias autoridades municipales que están colindantes muchas de ellas con estas cárceles, pero también a la sociedad en general”, señaló el ombudsman en la presentación del informe.
En el límite
El informe, realizado el año pasado por la cuarta visitaduría de la CEDHJ, asienta que uno de los principales problemas que persisten desde el informe especial realizado en 2010 es la sobrepoblación, “pues más de la mitad de las 23 cárceles excede su capacidad y casi una cuarta parte está en el límite, lo que implica hacinamiento, falta de higiene, que la porción de los alimentos de cada interno se vea disminuida y que, en general, la prestación de servicios por parte de las autoridades responsables de estas cárceles también se vea afectada”.
DERECHOS HUMANOS PIDE SEPARAR DEL CARGO A FUNCIONARIOS
Primera recomendación para la Fiscalía Central por tortura
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la primera recomendación a la Fiscalía General por la tortura que practicaron dos elementos de la otrora Secretaría de Seguridad Pública a miembros de una familia, en septiembre del año pasado.
Según las indagatorias, dos policías estatales entraron a un predio a buscar un arma, esposaron a uno de los agraviados, “que a consecuencia de los golpes, perdió el conocimiento, ante lo cual, los servidores públicos salieron corriendo de la casa y olvidaron quitarle las esposas”, dijo el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.
El ombudsman pidió que se separe del cargo a dos funcionarios y añadió que, aunque no es una autoridad involucrada ni responsable en los hechos violatorios “pero está dentro de sus funciones”, le pidió al fiscal central, Rafael Castellanos, que inicie una averiguación previa en contra de dos policías estatales “por la probable responsabilidad penal en los delitos de abuso de autoridad, allanamiento de morada, tortura, lesiones y los que resulten”.
De 2007 a la fecha, se han documentado 22 casos de tortura por parte de servidores públicos contra de civiles. Cuatro de ellas, a la hoy desaparecida Secretaría de Seguridad Pública y 18 más en contra de la también ex Procuraduría estatal.
DESBORDADAS
Hacinamiento grave
La cárcel de Cihuatlán tiene una sobrepoblación de 240% (no hay otro centro carcelario en Jalisco, estatal o municipal, con ese nivel de hacinamiento). Hay otros casos: Arandas y Colotlán, aquél superado en su capacidad en 180%; éste, en 108 por ciento.
“No hizo prácticamente nada” la anterior administración estatal en el tema de apoyos a cárceles municipales, dijo el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, quien espera que sea la presente la que se pueda hacer cargo de éstas, por lo menos, económicamente.
De acuerdo con el defensor de los derechos de las personas, el tema fue abandonado. “Dejaron la responsabilidad completa a los gobiernos municipales, los cuales, ya lo dijimos, no tienen la capacidad, no tienen la capacitación, no tienen los recursos para poder operar, y no tan sólo con ello se dejan violentados los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, sino que se pone en grave riesgo a los propios internos, a los custodios, a las propias autoridades municipales que están colindantes muchas de ellas con estas cárceles, pero también a la sociedad en general”, señaló el ombudsman en la presentación del informe.
En el límite
El informe, realizado el año pasado por la cuarta visitaduría de la CEDHJ, asienta que uno de los principales problemas que persisten desde el informe especial realizado en 2010 es la sobrepoblación, “pues más de la mitad de las 23 cárceles excede su capacidad y casi una cuarta parte está en el límite, lo que implica hacinamiento, falta de higiene, que la porción de los alimentos de cada interno se vea disminuida y que, en general, la prestación de servicios por parte de las autoridades responsables de estas cárceles también se vea afectada”.
DERECHOS HUMANOS PIDE SEPARAR DEL CARGO A FUNCIONARIOS
Primera recomendación para la Fiscalía Central por tortura
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la primera recomendación a la Fiscalía General por la tortura que practicaron dos elementos de la otrora Secretaría de Seguridad Pública a miembros de una familia, en septiembre del año pasado.
Según las indagatorias, dos policías estatales entraron a un predio a buscar un arma, esposaron a uno de los agraviados, “que a consecuencia de los golpes, perdió el conocimiento, ante lo cual, los servidores públicos salieron corriendo de la casa y olvidaron quitarle las esposas”, dijo el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.
El ombudsman pidió que se separe del cargo a dos funcionarios y añadió que, aunque no es una autoridad involucrada ni responsable en los hechos violatorios “pero está dentro de sus funciones”, le pidió al fiscal central, Rafael Castellanos, que inicie una averiguación previa en contra de dos policías estatales “por la probable responsabilidad penal en los delitos de abuso de autoridad, allanamiento de morada, tortura, lesiones y los que resulten”.
De 2007 a la fecha, se han documentado 22 casos de tortura por parte de servidores públicos contra de civiles. Cuatro de ellas, a la hoy desaparecida Secretaría de Seguridad Pública y 18 más en contra de la también ex Procuraduría estatal.
DESBORDADAS
Hacinamiento grave
La cárcel de Cihuatlán tiene una sobrepoblación de 240% (no hay otro centro carcelario en Jalisco, estatal o municipal, con ese nivel de hacinamiento). Hay otros casos: Arandas y Colotlán, aquél superado en su capacidad en 180%; éste, en 108 por ciento.
Síguenos en