Jalisco
La Ciudad Judicial, sin proyecto ejecutivo
La Contraloría detecta irregularidades en la ejecución de la obra
GUADALAJARA, JALISCO (06/FEB/2015).- Entre las irregularidades que detecto la Contraloría en el proyecto de la Ciudad Judicial está que no se encontró un proyecto ejecutivo final sobre el que trabajaron las últimas dos administraciones panistas.
De acuerdo con el Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría, Luis Enrique Barboza Niño, existían proyectos parciales sobre los que se hizo la obra, pero nunca un proyecto final.
Explicó que sí existió un presupuesto inicial de 300 millones de pesos (lo que la pasada administración dijo que costaría la Ciudad Judicial), pero nunca fue el presupuesto final, pues no existió un proyecto ejecutivo.
“Encontramos que se generó una expectativa, se dijo que la obra iba a costar 300 millones de pesos y costó casi 700. Encontramos que en la programación eran 300 millones de pesos, pero sólo para arrancar el proyecto, lo que nunca nos dijeron es que iba a costar 700, eso (el monto final) no lo encontramos. No hubo presupuesto base final. Había presupuestos bases de cada que se hacía un trabajo”.
De acuerdo con el funcionario de la Contraloría, ese es el motivo por el que el tercer piso de la Ciudad Judicial está en obra negra. Ese piso nunca se presupuestó y tampoco será observado por la dependencia estatal debido a que no está en la proyección de obra.
“Del tercer piso no hay proyecto ejecutivo, sólo el primero y el segundo pisos es lo que cuesta 694 millones de pesos. El tercer piso nunca lo presupuestaron”.
La dependencia detectó 56 contratos de obra y equipamiento, 22 de ellos fueron por adjudicación directa, ocho concursos por invitación y 26 licitaciones, pero no encontró anomalías en los contratos pues las pasadas administraciones se apegaron a lo que señala la Ley.
“Todos se adjudicaron conforme a la Ley de Obra Pública o conforme al Presupuesto de Egresos, se hizo apegado a la Ley y no podemos ir más allá de lo que establecen los documentos”.
Entre los firmantes de estas autorizaciones están los ex secretarios de Desarrollo Urbano, Claudio Sainz David y Sergio Carmona Ruvalcaba.
La Contraloría emitió 22 observaciones, de las cuales 12 son administrativas; es decir no especifica un monto y pueden ser subsanadas.
De acuerdo con el Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría, Luis Enrique Barboza Niño, existían proyectos parciales sobre los que se hizo la obra, pero nunca un proyecto final.
Explicó que sí existió un presupuesto inicial de 300 millones de pesos (lo que la pasada administración dijo que costaría la Ciudad Judicial), pero nunca fue el presupuesto final, pues no existió un proyecto ejecutivo.
“Encontramos que se generó una expectativa, se dijo que la obra iba a costar 300 millones de pesos y costó casi 700. Encontramos que en la programación eran 300 millones de pesos, pero sólo para arrancar el proyecto, lo que nunca nos dijeron es que iba a costar 700, eso (el monto final) no lo encontramos. No hubo presupuesto base final. Había presupuestos bases de cada que se hacía un trabajo”.
De acuerdo con el funcionario de la Contraloría, ese es el motivo por el que el tercer piso de la Ciudad Judicial está en obra negra. Ese piso nunca se presupuestó y tampoco será observado por la dependencia estatal debido a que no está en la proyección de obra.
“Del tercer piso no hay proyecto ejecutivo, sólo el primero y el segundo pisos es lo que cuesta 694 millones de pesos. El tercer piso nunca lo presupuestaron”.
La dependencia detectó 56 contratos de obra y equipamiento, 22 de ellos fueron por adjudicación directa, ocho concursos por invitación y 26 licitaciones, pero no encontró anomalías en los contratos pues las pasadas administraciones se apegaron a lo que señala la Ley.
“Todos se adjudicaron conforme a la Ley de Obra Pública o conforme al Presupuesto de Egresos, se hizo apegado a la Ley y no podemos ir más allá de lo que establecen los documentos”.
Entre los firmantes de estas autorizaciones están los ex secretarios de Desarrollo Urbano, Claudio Sainz David y Sergio Carmona Ruvalcaba.
La Contraloría emitió 22 observaciones, de las cuales 12 son administrativas; es decir no especifica un monto y pueden ser subsanadas.
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