Jalisco
La CEDHJ presume más de tres MDP en reparación del daño
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián presenta el sexto informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
GUADALAJARA, JALISCO (08/MAR/2013).- Siete páginas que resumen un año de actividad. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), las leyó una por una ante una multitud que asistió a su sexto informe al frente de este organismo. En el presídium lo acompañaron el gobernador Aristóteles Sandoval y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva.
El ombudsman local, entre una serie de anécdotas de recomendaciones no cumplidas y de varias peticiones a la actual administración para que se respeten los derechos de diversos sectores, hizo énfasis en las instituciones más "afectadas" por este organismo en 2012. La que ocupa el primer lugar es la Procuraduría General de Justicia, con 11 recomendaciones; le sigue la Secretaría de Seguridad Pública, con ocho; los ayuntamientos de Guadalajara y Tonalá, con cinco; Zapopan sigue en la lista con cuatro; después está la Secretaría de Salud, el Consejo Estatal de Familia y Tlajomulco con tres; Puerto Vallarta y Villa Corona tienen dos cada uno; con una sola recomendación se encuentran Tlaquepaque, Ocotlán, Zacoalco de Torres, Poncitlán, la Secretaría de Educación, el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) y Siteur.
Otro gran protagonista del informe es el Consejo Estatal de Familia. Álvarez Cibrián señala que en su administración se han emitido 47 recomendaciones a favor de la niñez, "y en los últimos dos años acreditamos ocho casos de violación de los derechos de 43 infantes, casi todos por abandono institucional del Consejo Estatal de Familia, que dejó al arbitrio de particulares una función del Estado". El documento recuerda que en 2012, una de estas recomendaciones provocó la destitución e inhabilitación para ejercer cualquier cargo público durante un año a Claudia Corona, ex titular de esta institución.
Aprovechando la presencia del mandatario estatal, el ombudsman le pidió que se ponga atención especial a los derechos de los menores.
Álvarez Cibrián también informó que, desde que tomó el cargo en 2007, autoridades estatales y municipales han reparado daños por violaciones contra los derechos humanos por un monto de tres millones 671 mil 631 pesos. El año pasado, las instituciones que realizaron pagos por ese concepto fueron los Ayuntamientos Zapopan, Tonalá, Puerto Vallarta, Zapotlanejo y Casimiro Castillo.
EL INFORMADOR / ROBERTO MEDINA
El ombudsman local, entre una serie de anécdotas de recomendaciones no cumplidas y de varias peticiones a la actual administración para que se respeten los derechos de diversos sectores, hizo énfasis en las instituciones más "afectadas" por este organismo en 2012. La que ocupa el primer lugar es la Procuraduría General de Justicia, con 11 recomendaciones; le sigue la Secretaría de Seguridad Pública, con ocho; los ayuntamientos de Guadalajara y Tonalá, con cinco; Zapopan sigue en la lista con cuatro; después está la Secretaría de Salud, el Consejo Estatal de Familia y Tlajomulco con tres; Puerto Vallarta y Villa Corona tienen dos cada uno; con una sola recomendación se encuentran Tlaquepaque, Ocotlán, Zacoalco de Torres, Poncitlán, la Secretaría de Educación, el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) y Siteur.
Otro gran protagonista del informe es el Consejo Estatal de Familia. Álvarez Cibrián señala que en su administración se han emitido 47 recomendaciones a favor de la niñez, "y en los últimos dos años acreditamos ocho casos de violación de los derechos de 43 infantes, casi todos por abandono institucional del Consejo Estatal de Familia, que dejó al arbitrio de particulares una función del Estado". El documento recuerda que en 2012, una de estas recomendaciones provocó la destitución e inhabilitación para ejercer cualquier cargo público durante un año a Claudia Corona, ex titular de esta institución.
Aprovechando la presencia del mandatario estatal, el ombudsman le pidió que se ponga atención especial a los derechos de los menores.
Álvarez Cibrián también informó que, desde que tomó el cargo en 2007, autoridades estatales y municipales han reparado daños por violaciones contra los derechos humanos por un monto de tres millones 671 mil 631 pesos. El año pasado, las instituciones que realizaron pagos por ese concepto fueron los Ayuntamientos Zapopan, Tonalá, Puerto Vallarta, Zapotlanejo y Casimiro Castillo.
EL INFORMADOR / ROBERTO MEDINA
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