La CEDHJ emite recomendación a la SEJ por abuso a menor

GUADALAJARA, JALISCO (25/OCT/2016).- Falta de regulación en centros de rehabilitación, tortura por parte de elementos de la Policía, presencia de arsénico en el agua, abuso infantil y violación de los derechos de las personas con discapacidad son los temas en torno a los cuales giran las ocho recomendaciones que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos a los titulares de diversas dependencias gubernamentales del interior del Estado y de la zona metropolitana.

Entre las más destacables se encuentra la dirigida al titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Francisco Ayón, por la queja que fue presentada en 2015 en contra del intendente del Jardín de Niños Emiliano Zapata, a quien se le acusa de haber cometido abuso sexual en contra de un infante en repetidas ocasiones.

A través de evaluaciones psicológicas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses determinó que el niño presenta el perfil psicológico de una víctima de abuso, por lo que la CEDHJ solicitó que se inicie un proceso sancionatorio en contra el intendente y que sea reinstalado en un puesto en el que no tenga contacto con menores de edad hasta que exista una resolución del caso.

Mientras que en tema de tortura policial, fueron sólo dos las recomendaciones emitidas, a pesar de que a lo largo de 2016 la CEDHJ de Jalisco ha recibido 119 quejas al respecto. En el primer caso se especula que pudieron haber participado elementos de la Policía de Guadalajara o agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado; mientras que el segundo habría sido cometido por elementos de la Fuerza Única. Las recomendaciones están dirigidas a Salvador Caro, Comisionado de Seguridad Pública, y a Alejandro Velazquez Ruiz, Comisionado de Seguridad Pública del Estado, respectivamente.

De acuerdo con el ombudsman, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián "está debidamente acreditado que sí fueron torturadas estas personas, (...) lo que aquí queda por investigarse penalmente es quiénes fueron los responsables de ese acto de tortura".

Por otra parte, a raíz de una investigación realizada por estudiantes del Centro Universitario de la Ciénega se descubrió que el agua que es consumida por la comunidad de Los Sauces contiene arsénico, sustancia que puede ocasionar problemas de salud tales como daño en los riñones y el hígado, por lo que la CEDHJ señaló al Ayuntamiento de Colotlán por la violación del derecho de los habitantes de la zona a la protección a la salud y el acceso a agua apta para el consumo humano.

A través de la recomendación, se insta al director del Sistema de Alcantarillado y Agua Potable de la localidad a activar filtros en los pozos para disminuir la presencia del metal en el agua; asimismo, se solicitó realizar estudios para determinar si la salud de la población de la zona se ha visto afectada, con el fin de que se realice la reparación correspondiente del daño.

Además, la falta de regulación en un centro de rehabilitación para personas víctimas de adicciones, ubicado en Ciudad Granja, habría originado una recomendación dirigida a Antonio Cruces Mada, secretario de Salud de Jalisco, y Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan, por violación a la protección del derecho a la salud de las personas.  

Debido al hacinamiento de pacientes, así como a los malos tratos por parte del personal, quienes incluso habrían amenazado a quien presentó la queja, la CEDHJ exhortó a la Secretaría de Salud y al Gobierno de la ex Villa Maicera a sancionar a quienes resulten responsables, así como a elaborar estrategias públicas efectivas para la regulación de este tipo de centros de atención y para el combate a las adicciones.

La presidenta de Tlaquepaque, María Elena Limón, también fue una de las señaladas por la Comisión, por violación a los derechos de una persona con discapacidad motora, quien habría emitido una llamada de auxilio a las autoridades de la policía del municipio, mismas que realizaron caso omiso. Además de aplicar las sanciones correspondientes, Elena Limón deberá asegurarse de que se brinde capacitación a las fuerzas de seguridad para evitar que existan más señalamientos por hechos de discriminación.

EL INFORMADOR / PAOLA RÍOS

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