Jalisco
Jalisco se vuelve minoría rezagada en atención a violencia de género
El Gobierno federal revela que sólo 10 entidades rechazaron el subdisio para un edificio de atención integral a mujeres violentadas
GUADALAJARA, JALISCO (25/JUN/2012).- Ahora Jalisco forma parte oficialmente de una minoría de entidades federativas que se excluyeron a sí mismas de la estrategia nacional para crear los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), según lo revela el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Los CJM representan todo un nuevo modelo de atención para las mujeres que han sido víctimas de violencia y, ante las dimensiones que ha adquirido esta problemática social en el país, la puesta en marcha de estos núcleos en cada uno de los Estados ha sido clasificada como un programa de “prioridad nacional” por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que encabeza el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en su trigésima primera sesión.
Para lograrlo, el Gobierno federal estableció en 2012 un nuevo subsidio por 28 millones 700 mil pesos a disposición de todas las entidades federativas para apoyarlas en la construcción de su propio CJM. A pesar de esto, hubo 10 que no lo aceptaron, y Jalisco es una de ellas.
Cada día en el país mueren seis mujeres por violencia y 40% de estos asesinatos ocurren en su propio hogar. Esto lo expuso el titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (uno de los componentes del Secretariado Ejecutivo del SNSP), Enrique Betancourt Gaona, apenas el 30 de abril pasado, durante un seminario sobre las características y servicios de los CJM.
Mencionaba también que en uno de cada tres hogares del país existen antecedentes de maltrato emocional, intimidación, abuso físico y sexual; que más de 50% de las llamadas a escala nacional al servicio de auxilio 066 tiene que ver con violencia intrafamiliar, y que 70% de las personas en reclusión proviene de hogares violentos.
El Secretariado Ejecutivo del SNSP, de la misma manera que exhibe a los Estados más avanzados y más retrasados en la depuración policial, ahora también expone cuál es esa decena de entidades que, pese a las condiciones de violencia hacia las mujeres, rechazaron el subsidio en 2012 y, con éste, la adopción de esta estrategia vanguardista diseñada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
El resto de los 21 estados y el Distrito Federal ya se considera integrado al que se denomina formalmente Programa de Prioridad Nacional de Acceso a la Justicia para las Mujeres, ya sea porque aceptaron el subsidio federal para su CJM o porque ya tienen uno en construcción o funcionando.
En Jalisco, el proyecto carecía de viabilidad financiera
Sólo había dos condiciones para volverse beneficiario del subsidio: que el Gobierno estatal en turno expresara su voluntad por sumarse a la estrategia nacional y una aportación mínima de tan sólo 12 millones 300 mil pesos (30% de la inversión requerida) para cristalizar su CJM.
El Instituto Jalisciense de las Mujeres ha argumentado que el Gobierno de Jalisco no aceptó el subsidio federal debido a que, tratándose del último año de su gestión, sus prioridades están en la conclusión de las obras en proceso y no de emprender otras nuevas; que no tenía, por tanto, “viabilidad financiera” el CJM.
El problema es que están documentadas las deficiencias que presenta el Ministerio Público en la atención de mujeres que han sufrido agresiones, y la falta de una estructura gubernamental más amplia, eficiente y con componentes bien articulados para acompañarlas en la superación de su trance, lo cual lleva a que el trato que reciben de la autoridad devenga “violencia institucionalizada” en medio de su condición de vulnerabilidad, según lo ha denunciado el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) en Jalisco.
La violencia contra las mujeres le cuesta al país 1.6% de su Producto Interno Bruto (PIB), esto es, cerca de 113 mil millones de pesos, según Betancourt Gaona, titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, con base en estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En Jalisco, las denuncias por violencia intrafamiliar crecieron 63% de 2007 a 2011 y está demostrado, advierte Betancourt Gaona, que las mujeres violentadas llegan a tener como impacto en sus vidas: consumo de alcohol y otras drogas; depresión; estrés postraumático; conductas suicidas y la réplica de la violencia hacia los hijos.
PARA SABER
Cada día mueren seis mujeres víctimas de violencia en el país; 40% de los casos ocurre
dentro del mismo hogar
La violencia hacia las mujeres y sus repercusiones le cuestan al país 113 MMDP o 1.6% de su PIB
El DF y 21 estados sí se sumaron al Programa de Prioridad Nacional de Acceso a la Justicia para las Mujeres
Los CJM representan todo un nuevo modelo de atención para las mujeres que han sido víctimas de violencia y, ante las dimensiones que ha adquirido esta problemática social en el país, la puesta en marcha de estos núcleos en cada uno de los Estados ha sido clasificada como un programa de “prioridad nacional” por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que encabeza el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en su trigésima primera sesión.
Para lograrlo, el Gobierno federal estableció en 2012 un nuevo subsidio por 28 millones 700 mil pesos a disposición de todas las entidades federativas para apoyarlas en la construcción de su propio CJM. A pesar de esto, hubo 10 que no lo aceptaron, y Jalisco es una de ellas.
Cada día en el país mueren seis mujeres por violencia y 40% de estos asesinatos ocurren en su propio hogar. Esto lo expuso el titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (uno de los componentes del Secretariado Ejecutivo del SNSP), Enrique Betancourt Gaona, apenas el 30 de abril pasado, durante un seminario sobre las características y servicios de los CJM.
Mencionaba también que en uno de cada tres hogares del país existen antecedentes de maltrato emocional, intimidación, abuso físico y sexual; que más de 50% de las llamadas a escala nacional al servicio de auxilio 066 tiene que ver con violencia intrafamiliar, y que 70% de las personas en reclusión proviene de hogares violentos.
El Secretariado Ejecutivo del SNSP, de la misma manera que exhibe a los Estados más avanzados y más retrasados en la depuración policial, ahora también expone cuál es esa decena de entidades que, pese a las condiciones de violencia hacia las mujeres, rechazaron el subsidio en 2012 y, con éste, la adopción de esta estrategia vanguardista diseñada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
El resto de los 21 estados y el Distrito Federal ya se considera integrado al que se denomina formalmente Programa de Prioridad Nacional de Acceso a la Justicia para las Mujeres, ya sea porque aceptaron el subsidio federal para su CJM o porque ya tienen uno en construcción o funcionando.
En Jalisco, el proyecto carecía de viabilidad financiera
Sólo había dos condiciones para volverse beneficiario del subsidio: que el Gobierno estatal en turno expresara su voluntad por sumarse a la estrategia nacional y una aportación mínima de tan sólo 12 millones 300 mil pesos (30% de la inversión requerida) para cristalizar su CJM.
El Instituto Jalisciense de las Mujeres ha argumentado que el Gobierno de Jalisco no aceptó el subsidio federal debido a que, tratándose del último año de su gestión, sus prioridades están en la conclusión de las obras en proceso y no de emprender otras nuevas; que no tenía, por tanto, “viabilidad financiera” el CJM.
El problema es que están documentadas las deficiencias que presenta el Ministerio Público en la atención de mujeres que han sufrido agresiones, y la falta de una estructura gubernamental más amplia, eficiente y con componentes bien articulados para acompañarlas en la superación de su trance, lo cual lleva a que el trato que reciben de la autoridad devenga “violencia institucionalizada” en medio de su condición de vulnerabilidad, según lo ha denunciado el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) en Jalisco.
La violencia contra las mujeres le cuesta al país 1.6% de su Producto Interno Bruto (PIB), esto es, cerca de 113 mil millones de pesos, según Betancourt Gaona, titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, con base en estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En Jalisco, las denuncias por violencia intrafamiliar crecieron 63% de 2007 a 2011 y está demostrado, advierte Betancourt Gaona, que las mujeres violentadas llegan a tener como impacto en sus vidas: consumo de alcohol y otras drogas; depresión; estrés postraumático; conductas suicidas y la réplica de la violencia hacia los hijos.
PARA SABER
Cada día mueren seis mujeres víctimas de violencia en el país; 40% de los casos ocurre
dentro del mismo hogar
La violencia hacia las mujeres y sus repercusiones le cuestan al país 113 MMDP o 1.6% de su PIB
El DF y 21 estados sí se sumaron al Programa de Prioridad Nacional de Acceso a la Justicia para las Mujeres
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