Jalisco, el segundo que más gasta en prisiones

GUADALAJARA, JALISCO (12/MAY/2017).- Para mantener en funciones el sistema carcelario de Jalisco, el Gobierno del Estado ha destinado casi seis mil 500 millones de pesos durante la administración en curso. Pero sólo en 2014 erogó mil 185 millones, lo cual ubica a la Entidad como la segunda a escala nacional con mayor inversión destinada a sus prisiones.

El estudio “Los centros penitenciarios en México. ¿Centros de rehabilitación o escuelas del crimen?”, realizado por el investigador Salvador Moreno Pérez, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de  la Cámara de Diputados, que fue publicado en abril pasado, ubica a la Entidad sólo por debajo de la Ciudad de México, que erogó dos mil 658 millones ese año.

De acuerdo con las cifras concedidas por 30 de las 32 entidades federativas (Zacatecas y Aguascalientes argumentaron no contar con los datos cuando éstos les fueron solicitados), Jalisco gasta más del doble que en Veracruz. El Estado con mayor cercanía en población a Jalisco reportó 456 millones de pesos invertidos en sus prisiones, y se posicionó en la novena posición en ese año.

Nuevo León, Estado que ha afrontado serios problemas de seguridad en sus prisiones de Topo Chico, Apodaca y Cadereyta, gastó ese año 473 millones en sus cárceles estatales. San Luis Potosí, Nayarit, Guerrero y Coahuila fueron las de menor presupuesto reportado: todos suman apenas 97.1 millones, o bien, 11 veces menos que Jalisco.

Dicho estudio también destaca a Jalisco como el tercer lugar nacional en sobrepoblación de sus cárceles (por debajo de la Ciudad y el Estado de México), con una cifra de seis mil 595 internos en sobrecupo en todos sus espacios de reclusión. La muestra incluye también los 15 centros federales, el de rehabilitación psicosocial (Ceferepsi) y el complejo de las Islas Marías.

En ese sentido, el Estado de Michoacán se posicionó en el otro extremo, al registrar una despoblación de cuatro mil 292 espacios disponibles en sus 16 centros penitenciarios.

HAY PRESUPUESTO PARA MEJORAR CONDICIONES

El pasado 13 de enero se informó durante la reunión de Secretarios de Finanzas y ejecutivos de los Sistemas Estatales de Seguridad Pública de las 32 Entidades Federativas, la existencia de un fondo de siete mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

A través de éste se transfieren recursos a las Entidades “para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública”, entre éstas la inversión para los reclusorios tanto para infraestructura como para equipamiento, capacitación, adecuaciones y remodelaciones, así como “construir nuevas áreas para ampliar la capacidad instalada”.

Pese a sus condiciones de hacinamiento (entre 200 y 300% de capacidad), en el documento no aparece el Reclusorio Preventivo o el de Sentenciados de Jalisco, como centros que hayan sido propuestos para buscar una acreditación. La Fiscalía aún no informa si busca recursos de este fondo para mejorar las condiciones en estas instalaciones.

Pretenden certificar una cárcel por año

La Comisión Nacional de Seguridad propuso mejorar las condiciones existentes en éstos; en principio, con la acreditación de un centro penitenciario por Entidad cada año, expone el Subprograma Acreditación de Establecimientos Penitenciarios, publicado a finales de marzo.

El principal problema siempre ha sido la sobrepoblación: los 378 centros en el país cuentan con 209 mil 379 espacios, pero albergan 226 mil 954 reclusos. Existe un excedente de 17 mil 575 personas. Éstas se concentran tan sólo en 150 espacios: 36 que albergan a internos señalados por delitos del fuero común y 114 por el fuero común y federal.

GUÍA

El proceso

Fueron cinco rubros los que la Comisión Nacional de Seguridad calificó en centros penitenciarios:

• Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno: Capacidad de alojamiento y población existente, distribución y separación de internos en caso de centros mixtos, servicios para la atención y mantenimiento de salud, supervisión por parte del responsable del centro y atención de incidentes violentos.

• Aspectos que garantizan estancia digna: Instalaciones suficientes, capacidad, condiciones materiales y de higiene así como la alimentación.

• Condiciones de gobernabilidad: Normatividad que rige al centro, personal de seguridad y custodia, sanciones disciplinarias, autogobierno, actividades ilícitas, extorsión, sobornos, así como capacitación de personal penitenciario.

• Reinserción social del interno: Integración del expediente jurídico-técnico, clasificación criminológica, clasificación entre procesados y sentenciados.

• Grupos de internos con requerimientos específicos: Mujeres, adultos mayores, indígenas y personas con discapacidad, etcétera.

Porcentaje de sobrepoblación en todas las cárceles de Jalisco

2012 2013	2014	2015	2016	2017
62.77 68.92	77.55	68.93	52	47.53

Fuente: Monitoreo de Indicadores de Desarrollo de Jalisco.

Acreditación de la ACA en centros penitenciarios estatales

Acreditados	32
Reacreditados	11
En proceso	25
Propuestos	25
Reprobados	1

* De los 32 Estados, Baja California Sur no propuso ningún centro.

Chihuahua destaca en buenas prácticas

De todas las Entidades, Chihuahua es la única que cuenta con todos sus centros penitenciaros acreditados, con nueve reacreditados y dos que recién recibieron la acreditación ACA.

Calificación

La calificación promedio de los centros penitenciarios estatales según un diagnóstico en 2015 elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue de 6.21. Aunque Jalisco quedó un poco arriba de la media, con 6.9, el Reclusorio Preventivo en particular obtuvo 6.21 de calificación.

Fuente: Comisión Nacional de Seguridad.

Mínima mejoría

La Primera Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ) adelanta que el último informe sobre la situación en los penales de Jalisco, que se publicará en los próximos días, apenas crecerá tres décimas respecto a su calificación de 2015 (que fue de 6.9). En este sentido, Eduardo Almaguer responde que si bien no se le notifica qué elementos son considerados, respetará la evaluación y se trabajará para atender los rubros que le sean notificados.

El autogobierno es una de las situaciones que, anticipa la CEDHJ, aparecerán de nueva cuenta en el informe. Al respecto, Carlos Zamudio apunta que “no es algo que esté ocurriendo actualmente” y que si bien el clima en varias prisiones del país es “álgido” (se refiere a los motines registrados en penales como los de Topo Chico y Cadereyta, en Nuevo León), en Jalisco eso no ha sucedido.
 
Para garantizar que la calma se mantenga, el personal de custodia es preparado con un perfil particular, distinto a los oficiales de reacción que patrullan las calles y con rotación constante.

Sólo el Reclusorio Metropolitano está acreditado en Jalisco

Aún flamante y subutilizado, el Reclusorio Metropolitano en Puente Grande prácticamente obtuvo con facilidad la acreditación emitida por la Asociación de Correccionales de América (ACA) en enero pasado. Sin embargo, el complejo con condiciones más precarias y donde se ha documentado la existencia de autogobierno, el Reclusorio Preventivo, está lejos de certificarse.

La Fiscalía de Jalisco dio a conocer el 25 de enero que el Reclusorio Metropolitano recibió la acreditación de la ACA, en San Antonio, Texas, para lo cual se requiere aprobar siete vertientes: protección, orden, cuidado de internos, programas y actividades, justicia y administración.

Sin embargo, tiene una población de 288  internos en dicho centro, el cual cuenta con una capacidad para mil 800, lejos del hacinamiento o problemas de manejo, incluso al aumentar a 600, como se anunció; es decir, no representó mayor reto aprobar.

A finales de marzo pasado, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) publicó un diagnóstico de los centros penitenciarios del país con el cual se buscaba justificar la implementación del Subprograma  Acreditación de Centros Penitenciarios.

Su objetivo es fortalecer el sistema penitenciario mediante la homologación de estándares y prácticas y mantener las condiciones en las instalaciones de las cárceles para que se logre un óptimo nivel de operación. Esto, para promover la acreditación acorde a las nuevas condiciones de justicia en el país y que además tenga reconocimiento internacional, en específico por parte de la ACA.

En general, la sobrepoblación en los 34 centros penitenciarios existentes en Jalisco (muchos cárceles municipales sin problemas de hacinamiento) está actualmente a 47.53%, tan sólo 5% menos comparado con el año pasado, cuando se registró hasta marzo 52% de hacinamiento promedio, según los indicadores del Estado.

“Una problemática reiterada es la sobrepoblación; es decir, que la capacidad del centro penitenciario se encuentra rebasada por la población, lo que conlleva a generar condiciones de hacinamiento, problemas de salud y de seguridad, así como falta de oportunidades para la mayoría de las personas privadas de la libertad, de los servicios y de las actividades de reinserción”, señala el diagnóstico de la CNS. Apenas el martes se dio a conocer un video donde un integrante del Cártel Nueva Generación, el “Ojo de vidrio”, participaba en un gran festejo con bandas musicales, que evidenciaba la existencia de autogobierno dentro del Preventivo.

“Sin pleitos” se retomó control del Preventivo

La Fiscalía del Estado sostiene que el autogobierno ya no existe en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande. Presume, además, que el proceso durante el cual se retomó el control de ese espacio, durante años regido mediante un sistema en el que los internos eran quienes tomaban las decisiones, se llevó en paz.

Aunque esto comenzó a partir del 16 de junio de 2016. Carlos Antonio Zamudio Grave, fiscal de Reinserción Social, expone que únicamente se ha hecho valer la Ley Nacional de Ejecución de Penas, con lo que “se comenzó con un proceso de adecuación, tanto de protocolos, reglamentos, la aplicación de programas de salud, trabajo, educación y deporte”.

Desde entonces, y de forma gradual, la autoridad penitenciaria en Jalisco comenzó a retirar privilegios a los internos de la prisión.

“No se trata de hacer una acción de Gobierno de forma brusca o intempestiva. Se trata de, poco a poco, ir dando a conocer ese nuevo marco jurídico, tanto a la población penitenciaria como a los operadores del sistema penitenciario”.

Eduardo Almaguer, fiscal general, sostiene que en las revisiones periódicas realizadas en Puente Grande no sólo han participado autoridades estatales. “Y la verdad es que no encontramos nada extraordinario en cuanto a lujos o favoritismos (…)  Todos aquellos temas de extorsión, cobro de piso y esas situaciones han disminuido de manera importante”.

Carlos Zamudio acentúa que no hubo acciones “bruscas o irreflexivas”, sino establecer reglas en cuanto a la operatividad de los centros de distribución de productos (tienditas).

“De eso se trata: primero hacer una labor de concientización, de información, de lo que marca esta nueva ley y, con base en eso, poco a poco ver qué necesidades hay de las personas que atendían esas tiendas, de la forma como operaban y cómo las adquirieron. Porque no hay un registro, un papel, un contrato… nada que nos diga que tienen mucho tiempo (operándolas)”.

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